Moncloa descarta otro confinamiento: «No se han agotado todas las medidas»

El Gobierno sigue instalado en la gestión de los tiempos políticos, a pesar de que el coronavirus no baila al compás que le marca la lucha partidista. El nuevo enfrentamiento entre Ejecutivo central y las comunidades autónomas a cuenta de la crisis sanitaria deja en evidencia la tan cacareada «cogobernanza» y la utilidad del actual decreto del estado de alarma, que ya desde un inicio se percibió como insuficiente. Las lagunas de la normativa que extiende la excepcionalidad hasta el próximo 9 de mayo –aunque su vigencia se reevaluará el próximo mes de marzo– se han ido parcheando en el Consejo Interterritorial de Salud, órgano al que el propio decreto dotaba de autonomía para gestionar, en connivencia con las regiones, los pasos a dar en lo relativo a la gestión de la Covid-19. Sin embargo, la presión de algunos territorios para ser más ambiciosos en la lucha contra el virus, ha vuelto a poner de relevancia sus carencias y obliga a replantearlo.

En Moncloa están abiertos a modificar el estado de alarma, en lo relativo a adelantar los toques de queda. No así en lo que respecta a los confinamientos domiciliarios. En el Ejecutivo sostienen que para ampliar las restricciones a la movilidad nocturna se debe dar un amplio consenso entre las regiones, que hasta ahora no se había dado. Aseguran que en el pasado Consejo Interterritorial de Salud solo lo pidieron tres regiones, pero el hecho de que Castilla y León haya decidido emprender unilateralmente el agravamiento de las restricciones, más allá de lo estipulado en el decreto, ha obligado al Gobierno a tomar medidas. A pesar de haber recurrido su decisión ante el Tribunal Supremo, en el Ejecutivo están dispuestos a atender el requerimiento de esta y otras comunidades –también del PSOE– que han explicitado su voluntad de imponer el toque de queda a las 20:00 horas. Para avanzar en esta vía, no obstante, se necesita tener un apoyo en el Congreso y, aunque el del PP no sea requerido, sí se pide cierto compromiso por parte del principal partido de la oposición.

Esta actitud colaboracionista respecto a la movilidad nocturna, contrasta con la negativa radical que mantienen en Moncloa en lo que respecta a los confinamientos domiciliarios. En el Gobierno califican estas peticiones que, con cierta asiduidad elevan de forma aislada algunas las regiones, de «reacciones impulsivas» ante el apabullante auge de los contagios en el marco de la tercera ola en algunos territorios. La posición que sostienen en el Ejecutivo es que esta medida tan radical, sería la última opción, porque antes de que se tome existen mecanismos suficientes que poner en marcha por parte de las comunidades autónomas y que todavía no se han agotado. «Antes de pedir más pedidas, se deben desplegar las que ya se tienen» en virtud del decreto del estado de alarma vigente, señalan fuentes de Sanidad.

Se refieren, entre otras cuestiones, al cierre de la hostelería, de los comercios que no se consideren esenciales, así como la ampliación de los toques de queda. Algunas regiones ya han agravado sus medidas, la última en hacerlo, Castilla-La Mancha, y en Moncloa sostienen que hay que «esperar unos días o unas semanas» para fiscalizar si han dado o no resultado. Ponen como ejemplo lo que ocurrió en Asturias, que en noviembre pidió insistentemente confinar su territorio, pero que una vez que las medidas que impusieron surtieron efecto, no fue necesario y la situación se estabilizó. Sin embargo, comunidades como Andalucía, Murcia, Castilla y León y la misma Asturias han pedido recientemente tener atribuciones ampliadas para confinar, pero, ante la cerrazón de Sanidad, han optado por pedir a sus ciudadanos que se «autoconfinen» de manera voluntaria.

Desde el Ministerio aseguran que «sabemos lo que hay que hacer» para doblegar la tercera ola, «porque ya lo hemos hecho» con la segunda y entienden que este repunte se debe a las consecuencias de los contactos sociales que se tuvieron durante las vacaciones de Navidad, por lo que se pide reducirlos al mínimo ahora. En la estrategia del Gobierno pesa demasiado el desgaste que sufrieron durante el primer estado de alarma y, en consecuencia, han optado por descargar toda la responsabilidad en las regiones. En aquellas semanas, Sánchez tuvo muchos problemas para sacar adelante las prórrogas de la excepcionalidad y es por esta cuestión que el Gobierno se parapeta en el Consejo Interterritorial de Salud para evitar tener que llevar cualquier decisión al Congreso.

Esto, a pesar de que desde partidos como el PP o Ciudadanos se ha tendido abiertamente la mano a apoyar medidas de confinamiento más severo. Sin embargo, recuerdan que Pablo Casado, que en una entrevista en LA RAZÓN mostró su disposición para avalar un confinamiento con condiciones, también se ofreció en el mismo sentido en octubre y finalmente se acabó absteniendo en la votación final, aunque las regiones gobernadas por los populares demandaban también entonces la excepcionalidad. También, la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, pidió ayer al Gobierno un «confinamiento inteligente» que pueda permitir controlar la tercera ola «sin ir al drástico» que se llevó a cabo en el pasado mes de marzo.