El CGPJ contesta al Gobierno: La tramitación urgente de la reforma judicial sin pedir informes es inconstitucional

El Pleno extraordinario del CGPJ hoy ha advertido que la decisión de la Mesa del Congreso, aprobada con los votos de los diputados de PSOE y Unidas Podemos, de tramitar de forma urgente y sin pedir ningún informe previo, la reforma que limita sus funciones cuando cuando ha vencido su mandato, como el no poder realizar nombramientos, no respeta las exigencias del principio de separación de poderes. Además, recuerda que la solicitud de esos a las partes concernidas por la modificación legislativa forma parte de los principios y requerimientos que derivan del Derecho de la Unión Europea e inspiran la actuación del Consejo de Europa para preservar la independencia judicial y pide a la Mesa del Congreso que reconsidere su acuerdo. Junto a ello, el Pleno insta nuevamente a las fuerzas políticas representadas en las Cortes Generales a que acuerden a la mayor brevedad la renovación de la institución para dotarla de estabilidad.

La decisión ha sido adoptada por una amplia mayoría de 16 votos a favor y cinco en contra. En concreto, ha sido avalada por los diez vocales “conservadores” y cuatro “progresistas “, además del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes; mientras que se opusieron Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda han votado en contra del acuerdo y han anunciado la formulación de un voto particular discrepante. Por tanto, ha contado con la misma mayoría que aprobó el acuerdo en diciembre en el que se pedía al Congreso que se le diese traslado, al igual que a la Comisión de Venecia -dependiente del Consejo de Europa- de la Proposición de Ley para que pudieran informar al respecto, al tratarse de una materia que afecta al núcleo de la Justicia.

En este sentido, el acuerdo adoptado hoy, el CGPJ la menta “profundamente que el órgano de gobierno del Congreso de los Diputados haya hecho caso omiso de la solicitud que le dirigió” en diciembre para que la citada proposición se sometiera a los informes de este Consejo, de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia/Consejo de Europa) y diera audiencia a todos los agentes afectados por la reforma propuesta; en particular, a las asociaciones de jueces y fiscales, así como a las demás entidades representativas e instituciones públicas del ámbito de la Justicia.

Así, la desatención por la Mesa del Congreso de los Diputados, “sin ofrecer razón alguna”, provoca que se prive al debate la reforma promovida y, a la postre, a la ciudadanía, “del conocimiento y valoración del parecer cualificado y jurídicamente fundado de instituciones creadas ex profeso por las normas de más alto rango para garantizar la independencia judicial”, en referencia al CGPJ y a la Comisión de Venecia. Además, también se impide conocer la opinión de las asociaciones y entidades representativas del mundo judicial, así como de las instituciones que tienen competencias en materia de justicia, obviando, “como se ha dicho, cualquier explicación al respecto”.

Por estos motivos, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial se ve “en la obligación de solicitar, desde el más profundo respeto a la autonomía parlamentaria, la reconsideración del acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados de dar tramitación urgente y sin audiencia de ningún tipo a la modificación de una regulación que afecta directamente a una de las principales funciones –eliminándola durante la situación de prórroga del mandato- que el artículo 122 CE le reserva con carácter exclusivo para garantizar la independencia de jueces y magistrados, al no ser la decisión adoptada el camino adecuado ni el más respetuoso con las exigencias del principio de separación de poderes”.

Y es que, añade el órgano de gobierno de los jueces y magistrados, el no solicitar esos informes previos a la tramitación de la Proposición de Ley, “no sólo desconoce el papel del Consejo General del Poder Judicial como garante de la independencia de jueces y magistrados, sino que también le impide pronunciarse sobre la adecuación de la reforma propuesta a los principios constitucionales y a los estándares europeos de todo Estado de Derecho, basados en el principio de separación de poderes según se han definido en el Derecho de la Unión Europea y en los dictámenes de la Comisión de Venecia”.

El Consejo, por último, no tiene dudas de que esta reforma judicial no tiene más trasfondo la excesiva prolongación de la prórroga del mandato de este Consejo. Por ello, insta nuevamente a las Cortes para que acuerden su renovación a la mayor brevedad, y a que “antepongan el cumplimiento de ese deber constitucional, que a todas ellas concierne, a la apresurada aprobación de unas reformas legales que solo han de abordarse desde los principios constitucionales, la prudencia y la mesura, oyendo y debatiendo todas las opiniones”.

Esa es la única vía, concluye el acuerdo adoptado, para la formación y consolidación de un amplio consenso que libere a esta institución “de su constante cuestionamiento y le dote de una estabilidad que redunde en beneficio de la garantía efectiva y permanente de la independencia judicial”.

Respuesta de Europa

Ahora, una vez que el Consejo General del Poder Judicial ha puesto de relieve, en su opinión, el incumplimiento de la Mesa del Congreso, con el aval de los dos socios de Gobierno, del Derecho de la Unión Europea, está por ver si ésta decide emprender algún tipo de actuación. En la resolución del CGPJ no se alude en ningún momento a esta cuestión, pero distintos vocales del mismo no tienen dudas de que la UE estaría legitimada para hacer llegar al Congreso y/o al Gobierno su malestar por emprender la reforma sin solicitar informe alguno ni al Consejo ni a la Comisión de Venecia.

“La Comisión Europea podría ‘poner el grito en el cielo’ para que se tome en consideración sus recomendaciones -reiteradas el pasado mes de diciembre- o ir un paso más allá y presentar, como hizo con Polonia, un recurso de incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)”, para que sea éste quien obligue a España a acatar sus decisiones.

En la fase precontenciosa de este recurso, se daría la oportunidad a España de “rectificar”, escuchar las recomendaciones de la Unión Europea y, de esa forma, frenar que se tenga que pronunciar que el TJUE, el cual incluso puede adoptar medidas cautelares previas a su decisión final.