Bárcenas dice ahora que Rajoy destruyó en una trituradora los documentos sobre la “caja B”

Era solo cuestión de tiempo que Luis Bárcenas reaccionase procesalmente tras la entrada en prisión de su esposa, Rosalía Iglesias, tras ser condenada en el «caso Gürtel». Para el ex tesorero, al margen de su situación judicial el encarcelamiento de su esposa era una línea roja.

Su mujer entró finalmente en prisión, Bárcenas cambió de abogado y, ahora, se ofrece a colaborar con la Fiscalía Anticorrupción (no solo en esta causa) en un escrito en el que no solo insiste en que el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy estaba al corriente de la supuesta financiación irregular del PP, sino que afirma que fue el ex líder del PP el que, en su presencia, se encargó en 2009 de destruir la documentación sobre la supuesta contabilidad opaca del partido.

Lo hace, además, a solo unos días de que el próximo lunes comience el juicio por la presunta «caja B» del PP, en el que se sentará de nuevo en el banquillo, y tras haber sido condenado a 29 años de prisión por las actividades corruptas de la primera etapa de la «trama Gürtel». Él afirma dar este paso tras cuatro años y medio en prisión y después de haber recapacitado sobre los «errores» cometidos en «una España en la que todo valía».

En esa misiva, dice estar dispuesto a colaborar con la Justicia y justifica su cambio de criterio en el hecho de que su antiguo partido le había prometido que su esposa –condenada a doce años de cárcel en el juicio a la red corrupta– no ingresaría en prisión.

Según afirma Bárcenas, de toda esa supuesta contabilidad opaca era «perfecto conocedor» Rajoy, «hasta el punto que a principios del 2009 tuvimos una reunión en su despacho, en el que le mostré los papeles de esta contabilidad B». El extesorero afirma que el expresidente del Gobierno se sorprendió de que guardase una información tan «comprometedora» y a continuación la destruyó en una trituradora, aunque él se guardó una copia sin que lo supiera Rajoy.

El exsenador sostiene que esa financiación irregular había incluido el pago de sobresueldos a altos cargos del partido, entre ellos el propio Rajoy, los exsecretarios generales María Dolores de Cospedal, Javier Arenas, Ángel Acebes y Francisco Álvarez Cascos, el exvicepresidente Rodrigo Rato, el ex ministro de Defensa Federico Trillo y el ex presidente del Senado Pío García Escudero entre otros.

Esas entregas, mantiene, las realizaban personalmente tanto a su antecesor, el ya fallecido Álvaro Lapuerta, como a él mismo en la propia sede de Génova o en restaurantes, y era el primero el que le daba «instrucciones de sacar el metálico de la caja fuerte» con una periodicidad que dependía, dice, de la «liquidez de la caja».

Su anterior declaración en esta causa, se disculpa, «no se compadece con esta línea de colaboración», pues según él «con ingenuidad» dio por buena la promesa que se le había hecho llegar «a través de intermediarios» de que su mujer «no entraría en prisión». Una promesa que atribuye directamente al PP. Bárcenas dice haber «recibido presiones con el fin de guardar silencio» y no incriminar «ni manchar el buen nombre del que era mi partido ante el riesgo de que mi mujer pudiese entrar en prisión».

Asimismo, corrobora que desde 1982 existió en el PP un sistema de financiación institucionalizado a través de «percepciones en B que se realizaban a través de donativos» de empresarios, incluido el periodo entre 2004 y junio de 2008 (los hechos objeto de esta causa), en el que Rajoy era presidente del partido.

Y cuantifica esos ingresos en medio millón de euros en 2007 y un millón en 2008, de los que «en torno a 900.000» se emplearon, afirma, en la remodelación de la sede del PP. Antes, en 2006, explica, ya se habían destinado otros 600.000 a esa reforma. El acuerdo con la empresa encargada de los trabajos, Unifica, fue que parte del importe se pagara «con dinero procedente de la caja B con la finalidad de dar salida a dichos fondos y obtener al mismo tiempo un descuento de en torno a un 10%».

Esos fondos, mantiene, «se nutrían con carácter general de donativos o aportaciones efectuadas por personas relacionadas con empresas beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas» y se llevaban a cabo «con entregas en metálico».

El ex senador asegura que «la inmensa mayoría de estos donativos no tenían naturaleza finalista» (para obtener una adjudicación) aunque sí en algunos casos que, mantiene, no son objeto de enjuiciamiento. Eso sí, añade, las principales aportaciones «procedían de entidades beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas».