Anticorrupción envía a la Fiscalía del Supremo la denuncia contra Iglesias y Montero por Vistalegre III

Anticorrupción ha remitido a la Fiscalía del Tribunal Supremo una denuncia contra el vicepresidente Pablo Iglesias y la ministra de Igualdad Irene Montero por supuestas irregularidades en la asamblea ciudadana de Podemos que en mayo del pasado año reeligió al primero como líder de Podemos.

Así lo ha decidido la “número 2” de Anticorrupción, Belén Suárez, en un escrito del pasado día 1 -al que ha tenido acceso LA RAZÓN- en el que remite a sus compañeros del Alto Tribunal las denuncias interpuestas en julio y septiembre de 2020 por el contrincante de Iglesias en Vistalegre III, Fernando Barredo, que encabezó la lista de Nuevo Impulso por la Democracia Interna en Podemos, obteniendo 4.503 votos, un 7,8% de los 59.201 inscritos que participaron en la votación, frente a los 53.167 respaldos a Iglesias (92% de los votos). Barredo acusa al líder de la formación morada y a Montero de incumplir el código ético del partido al acaparara dos cargos públicos cuando presentaron sus candidaturas.

Según expone Anticorrupción, los hechos expuestos “no son competencia de esta Fiscalía”, por lo que acuerda “su remisión a las Fiscalía del Tribunal Supremo al tener la condición de aforado dos de las personas denunciadas” (Iglesias y Montero).

Según denunció igualmente Barredo en los juzgados, “todo el proceso de la Tercera Asamblea Ciudadana Estatal de Podemos es nulo, desde su convocatoria hasta el resultado final, en tanto que contiene tantas infracciones legales que hacen que el mismo no pueda ser subsanado en modo alguno y supone un grave quebrando del derecho fundamental de participación”.

Según el oponente de Iglesias -recuerda Anticorrupción- el líder morado vulneró supuestamente los estatutos del partido, su código ético y el documento organizativo aprobado en la 2º Asamblea Ciudadana de Podemos, y con ello habría conculcado la Constitución. Barredo cree que se podrían haber cometido delitos de falsedad, usurpación de indentidad y revelación de secretos.

En su denuncia Barredo mantiene, apunta la teniente fiscal de Anticorrupción, que tanto Iglesias como Montero “con desprecio a las normas internas del partido se presentaban en esa segunda candidatura a pesar de las limitaciones establecidas en el Código Ético para el ejercicio de más de una función pública o de más de un cargo interno” (ambos eran ya miembros del Gobierno y, además, diputados).

Además, el denunciante sostiene que desde la candidatura de Iglesias (Un Podemos Contigo) el sistema de recuento de votos “fue manipulado al ampliar el número máximo de candidatos, de tal manera que coparían todos los puestos” del Consejo Ciudadano Estatal.

Barredo ha reclamado en los tribunales que la tercera Asamblea Ciudadana de Podemos (que se celebró de forma telemática por la pandemia) se anule y se condene al partido a convocar una nueva Asamblea Ciudadana Estatal “en la que se respeten los requisitos previstos en el Código Ético” y el derecho constitucional de participación, obligando a la formación morada a llevar a cabo todo el proceso de primarias “con la máxima transparencia y con garantía de los derechos de igualdad entre los candidatos, incluyendo el acceso por parte de éstos al censo de inscritos y estableciendo los mecanismos oportunos para la fiscalización profesional externa e independiente y la comprobación y escrutinio públicos de los resultados”.

El contrincante electoral de Iglesias denunciaba que la dirección del partido fue capaz de “alterar un proceso electoral jugando con ventaja, invisibilizando a la competencia, condicionando con los tiempos y los requisitos, cambiando el Reglamento sobre la marcha, modificando documentos, y lo que hiciera falta, para alterar el resultado electoral desde su posición dominante, en la que actuaban como jueces y como parte”.