Demanda contra Podemos para anular la asamblea que reeligió a Pablo Iglesias

El rival de Pablo Iglesias en la Tercera Asamblea Ciudadana -en la que el vicepresidente del Gobierno fue reelegido secretario general de Podemos el pasado mayo con un 92% de los votos- reclama en los juzgados que se anule por supuestas irregularidades en el voto telemático y porque considera que tanto Iglesias como la ministra Irene Montero, entre otros, incumplieron el código ético de la formación al acaparar dos cargos públicos al presentar la candidatura.

En la demanda -a la que ha tenido acceso LA RAZÓN-. Fernando Barredo, que encabezó la lista de Nuevo Impulso por la Democracia Interna en Podemos (que obtuvo 4.503 votos, un 7,8% de los 59.201 inscritos que participaron en la votación, frente a los 53.167 respaldos de Iglesias), sostiene que “todo el proceso de la Tercera Asamblea Ciudadana Estatal de Podemos es nulo, desde su convocatoria hasta el resultado final, en tanto que contiene tantas infracciones legales que hacen que el mismo no pueda ser subsanado en modo alguno y supone un grave quebrando del derecho fundamental de participación”.

Barredo reclama que se condene a Podemos a convocar una nueva Asamblea Ciudadana Estatal “en la que se respeten los requisitos previstos en el Código Ético” y el derecho constitucional de participación, obligando a la formación morada a llevar a cabo todo el proceso de primarias “con la máxima transparencia y con garantía de los derechos de igualdad entre los candidatos, incluyendo el acceso por parte de éstos al censo de inscritos y estableciendo los mecanismos oportunos para la fiscalización profesional externa e independiente y la comprobación y escrutinio públicos de los resultados”.

La demanda está acompañada por casi medio centenar de documentos que, según el adversario de Iglesias en la última asamblea morada, acreditan que la dirección de Podemos “ha sido capaz de alterar un proceso electoral jugando con ventaja, invisibilizando a la competencia, condicionando con los tiempos y los requisitos, cambiando el Reglamento sobre la marcha, modificando documentos, y lo que hiciera falta, para alterar el resultado electoral desde su posición dominante, en la que actuaban como jueces y como parte”.

En el escrito presentado en los juzgados de Madrid -que firma la letrada Celia Cánovas, ex senadora de Podemos y candidata de Izquierda en Positivo a la Generalitat-, Barredo reclama la nulidad de pleno derecho de la Tercera Asamblea esgrimiendo, entre otras cuestiones, la reciente resolución judicial del pasado 28 de diciembre por la que el Juzgado de Primera Instancia número 89 de Madrid acordó la nulidad de las primarias moradas celebradas en el municipio de Collado-Villalba para las elecciones municipales. Una decisión por la que, sostiene, “ha visto confirmadas aún más si cabe sus sospechas y no puede pasar por alto estos gravísimos hechos a fin de que este juzgado los enjuicie y determine la nulidad del proceso electoral”.

Silencio de Anticorrupción

El contrincante de Iglesias por el control de Podemos ya recurrió en su día a la Fiscalía Anticorrupción y reclamó la suspensión cautelar de la asamblea (antes de que la pandemia del coronavirus obligase a aplazar sine die Vistalegre III en marzo, forzando su celebración telemática en mayo del pasado año) ante los juzgados de Toledo. Así, cuando Podemos contestó a la solicitud de medidas cautelares, la asamblea morada ya había sido suspendida.

Y respecto a la denuncia presentada en Anticorrupción el pasado julio (ampliada dos meses después a raíz de una carta anónima recibida por distintos dirigentes y candidatos de Podemos “en la que se describe de forma pormenorizada el presunto fraude cometido por Podemos en todos los procesos electorales, sobre todo en lo que hace al manejo presuntamente fraudulento que efectúa sobre el censo”), la letrada constata que “a fecha de hoy no se ha recibido ninguna respuesta”.

Ahora, tras la anulación por orden judicial de las primarias de Collado-Villalba por irregularidades en el voto telemático, en la demanda se hace hincapié en que el recuento de los votos “ha dependido en todo momento” de Podemos, que “a través de sus informáticos pueden alterar el censo de votantes a su antojo, conocer de antemano su voto, y suprimirlo si el resultado no es favorable al aparato”. Y se queja asimismo de que “los candidatos que no son de la lista de Pablo Iglesias no conocen de antemano las personas que componen el censo ni ninguna de sus circunstancias”. “Esto no es una afirmación que efectuamos de forma gratuita -recalca la defensa de Barredo-, sino que ya lo ha dicho un juez, y lo han declarado testigos en un juicio”.

En relación a ese voto telemático, el oponente de Iglesias recuerda que según el Reglamento de la Tercera Asamblea podían votar de forma telemática los inscritos “que hayan verificado su identidad y que lo sean antes del 1 de marzo”. Pero, denuncia, “la inscripción en Podemos, sin embargo, nunca se llegó a cerrar por parte del Equipo Técnico” (encargado de velar por el desarrollo del proceso electoral). “Las personas podían seguir inscribiéndose y podían votar si se inscriban antes del segundo, e irregular, cierre del censo de votantes” (ya en mayo).

“Todo ello fue ocultado deliberadamente al resto de los candidatos”, subraya, la letrada, que aunque admite que el Reglamento morado establecía que en Podemos nunca se cierra la inscripción, “sí decía que el censo para poder votar se cerraría el 1 de marzo, lo que no se hizo, con ocultación” a la candidatura de Barredo. Algo que, en su opinión, supone “no solo la vulneración del Reglamento, sino una infracción grosera de las reglas de la buena fe y del principio de igualdad de oportunidades que debe presidir cualquier proceso electoral”.

Iglesias y Montero y la limitación de cargos

Por otro lado, el líder de Nuevo Impulso hace hincapié en que tanto Iglesias y Montero (en su doble condición de diputados y miembros del Gobierno de Pedro Sánchez) como las secretarias de Estado Ione Belarra y Noelia Vera “superaban el límite de un cargo institucional o función pública” establecido en el Código Ético de Podemos, “lo que supone que están incumpliendo el Código Ético y por ello no podían ser candidatos en la Tercera Asamblea Ciudadana Estatal”.

El Código Ético morado establece, recalca, que todos los cargos electos y cargos internos de Podemos aceptarán “la limitación para el ejercicio de más de una función pública o de más de un cargo interno de Podemos, salvo aquellas funciones vinculadas a su condición de cargo institucional u orgánico o responsabilidades locales sin retribución”. Y para ser miembro del Gobierno, recuerda, no es necesario ser diputado.

“Estamos ante un caso de absoluta arbitrariedad en la aplicación de la normativa interna”, se queja la defensa de Barredo, que pone sobre la mesa su derecho a exigir “que todos los candidatos sean votados en plano de igualdad, porque las exigencias del Código Ético no admiten excepciones y se generaría un agravio comparativo y un grave precedente exigir el cumplimiento o tolerar el incumplimiento de las obligaciones estatutarias en función del candidato que se presenta”.

Alteración de las candidaturas

Del mismo modo, en la demanda se denuncia que Podemos permitió alterar las listas -tras la suspensión por la pandemia de Vistalegre III- mediante un anexo al reglamento de la Tercera Asamblea Ciudadana Estatal, “en el que sin tapujos se permitió una posible actualización de los documentos de las candidaturas a la Secretaría General, así como de pequeños cambios que pudieran darse en las candidaturas y listas”. Algo que considera “una modificación de un elemento esencial del Reglamento”, el número de candidatos, “propiciando que la Lista encabezada por Pablo Iglesias añadiese además candidatos nuevos que no figuraban en la lista original”.

“Tenemos un proceso electoral que se inicia con unas reglas, en el que se presentan ilegítimamente un candidato a la Secretaría General incumpliendo el Código Ético, y tres candidatas con la misma incompatibilidad al Consejo Ciudadano Estatal, que se interrumpe con el Estado de Alarma, se reinicia, sin previo aviso, con unas nuevas reglas, dictadas por los máximos órganos del partido habiendo formado el Equipo Técnico, responsable del proceso de primarias, con candidatos de la Lista presentada por el secretario general”, Pablo Iglesias.

En la denuncia se subraya que el Consejo Ciudadano de Podemos acordó el 8 de mayo del pasado año la reanudación de la Asamblea Ciudadana Estatal “con tan solo tres días de antelación a las votaciones”, cuando por el estado de alarma se encontraban “restringidas” las libertades de “reunión, de movilización y de participación política, sin poder hacer campaña”, mientras Iglesias y Montero, “que se presentaban ilícitamente con tres cargos, en función precisamente de los dos institucionales que ostentaban, aparecían en los medios de información, especialmente las televisiones, cobrando mucha visibilidad, dando opiniones y respondiendo a preguntas sobre la Tercera Asamblea Estatal”.

Por último, la letrada asegura que el Equipo Técnico encargado de supervisar el proceso electoral -que avaló la candidatura de Iglesias- “estaba íntegramente compuesto por miembros de la candidatura oficialista” del vicepresidente del Gobierno, “a pesar de que era el encargado de velar por la neutralidad” del proceso de primarias.

Las posibles reclamaciones o impugnaciones eran competencia de la Comisión de Garantías Democráticas, que “durante toda la Tercera Asamblea no estuvo reglamentariamente constituida” -denuncia Barredo- debido a que uno de sus integrantes dimitió “y su plaza no fue cubierta, quedando vacante durante todo el proceso”.