El vecino de Galapagar a quien el vicepresidente Pablo Iglesias y la ministra de Igualdad Irene Montero denunciaron por acoso ha instado al líder de Podemos a que retire la acusación contra él tras su defensa de la libertad de expresión delrapero Pablo Hasél, que ingresó en prisión el pasado martes par cumplir una condena de nueve meses de cárcel por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona.

En el escrito remitido el pasado martes al Juzgado de Primera Instancia número 1 de Collado Villalba -que impuso a Miguel Frontera una orden de alejamiento de 500 metros de la vivienda de Iglesias y Montero-, la defensa del investigado se queja de que “por ejercer su libertad de expresión” con sus protestas frente a su chalet el vicepresidente de Pedro Sánchez le impute varios delitos que pueden acarrear una condena “hasta de ocho años de prisión”.

La abogada de Frontera, Polonia Castellanos, sustenta su petición “en vista de los actos del denunciante tendentes a despenalizar los delitos de injurias a la Corona e instituciones del estado, despenalizar los delitos contra los sentimientos religiosos o despenalizar los delitos de enaltecimiento del terrorismo, por (según él) poner en riesgo la libertad de expresión, y en vista de la insistencia del denunciante” para que Hasél, “con antecedentes por agresión, allanamiento y resistencia no acuda a prisión por ensalzar los crímenes de un grupo terrorista”.

La letrada hace referencia a un tuit de Iglesias del pasado 29 de enero en el que el vicepresidente sostiene que “en democracia nadie debería ir a la cárcel por delitos de opinión”. “Hay otros mecanismos jurídicos para proteger el honor, la integridad o el prestigio”, defendió. “Que Hasél vaya a la cárcel pienso que generará la sensación de que la ley no siempre es igual para todos”, concluía.

La defensa del investigado hace hincapié en pese a que Frontera “no tiene antecedentes penales”, no obstante “por ejercer su libertad de expresión” esté imputado por delitos de acoso, coacciones, desobediencia a agentes de la autoridad y descubrimiento y revelación de secretos (delitos que le atribuyó en su denuncia la abogada de Iglesias y Montero, que aseguraron en su declaración judicial que tenían miedo por el “acoso” a su vivienda) y por el de injurias que le imputa la Fiscalía. Además, la defensa del líder de Podemos intentó sin éxito el pasado noviembre que le imputaran otros dos delitos: alteración del orden público y contra los recursos naturales y el medio ambiente.