Iglesias y Montero dicen al juez que tienen “miedo” por el “acoso” a su vivienda

Pablo Iglesias ratificó ayer judicialmente la denuncia que presentó contra un vecino de Galapagar al que considera el instigador de las protestas frente a su vivienda y –según fuentes jurídicas presentes en su declaración– dijo sentir «miedo» por lo que considera un hostigamiento. Según ha podido confirmar LA RAZÓN, el vicepresidente del Gobierno declaró de forma telemática ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Collado Villalba (Madrid), que investiga los hechos a raíz de su denuncia del pasado agosto (ampliada hace solo unos días) contra Miguel Frontera, quien declarará hoy, en su caso de forma presencial.

Según esas mismas fuentes, el líder de Podemos se quejó en varias ocasiones de las consecuencias de esas protestas para sus tres hijos menores de edad, que tienen que escuchar «cómo insultan a su padre». Asimismo, también declaró al respecto la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien también dijo sentir miedo y aseguró, además, que la actuación de Frontera –quien grabó imágenes de la vivienda– ha alterado «las rutinas» de sus hijos, que «a veces se despiertan». Montero explicó que ella misma a veces no puede dormir bien y que eso le afecta incluso en su trabajo. De hecho, llegó a comentar que les ha alterado su modo de vida hasta el punto de que algunas amistades no quieren acudir a su domicilio por este motivo.

Frontera es, subrayan fuentes de Podemos, «una de las personas que más ha fomentado el acoso al vicepresidente del Gobierno en su domicilio desde hace meses», motivo por el que el líder morado le denunció por varios delitos, entre ellos coacciones, acoso, desobediencia a la autoridad y revelación de secretos. El juez desestimó además otros dos incluidos en la querella, alteración del orden público y contra los recursos naturales y el medio ambiente. La Fiscalía, por su parte, denunció a Frontera de oficio por injurias graves, por exhibir un letrero en el que se leía que Iglesias es «hijo de un terrorista», en referencia a la vinculación de su progenitor con el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP). Preguntado al respecto por la defensa del denunciado (y tras la protesta de la fiscal), el líder morado defendió que su padre «había luchado contra el franquismo».

Durante la comparecencia, la abogada de Frontera, Polonia Castellanos, trasladó a Iglesias su extrañeza por el hecho de que pueda sentir miedo pese a la protección policial alrededor de su vivienda y le preguntó si había acudido a algún facultativo o dispone de algún informe médico que acredite esa supuesta angustia, pero el vicepresidente no quiso contestar aduciendo que se trata de un asunto «muy personal». En esa misma línea, le ha preguntado por qué no había contratado seguridad privada adicional si realmente está preocupado por la situación.

Según las fuentes consultadas, aunque en la querella se precisa que Frontera se habría encaramado al muro de la vivienda para grabar en su interior, Iglesias habría matizado que en realidad se subió a una piedra situada en las inmediaciones desde la que se ve su propiedad.

Los escraches a Saénz de Santamaría

En su interrogatorio, la letrada del denunciado le preguntó al líder de Podemos si no considera que la actuación de Frontera no está amparada por la libertad de expresión y sí lo estaban los escraches avalados por la formación contra Soraya Sáenz de Santamaría cuando era, como él, vicepresidenta del Gobierno, a lo que Iglesias replicó que no se trata de la misma situación porque en este caso se realiza en su domicilio y no es un hecho esporádico, pues el denunciado «va todos los días de forma ininterrumpida».

Del mismo modo, la abogada –que insistió una y otra vez a los denunciantes en que aportaran pruebas de los delitos que imputan a su defendido– preguntó al líder de Podemos cómo puede estar a favor de condenar a Frontera y, al mismo tiempo, reclamar que se despenalicen los delitos de injurias a la Corona y contra los sentimientos religiosos, pero el instructor consideró la cuestión improcedente.

Una veintena de vecinos de Galapagar agrupados en la plataforma Sancionados por Pablo Iglesias se querelló el pasado agosto contra el líder morado por delitos de coacciones, denuncia falsa y contra el ejercicio de derechos individuales, con el agravante de abuso de autoridad por el “acoso total” que dicen haber sufrido por parte de los agentes que protegen la vivienda «en base a las instrucciones» que atribuyen el vicepresidente.