El Pleno del Senado ha rechazado esta tarde la propuesta del PP de que los delitos por ocupación ilegal de viviendas sean juzgados en un plazo máximo de 72 horas y que el abandono voluntario se realice como máximo en un día y si ello no sucediese “se debe producir el lanzamiento involuntario por parte de la autoridad”, y, además, que se agravasen las penas previstas para este tipo de delitos Los votos del PSOE, Unidas Podemos y los habituales apoyos parlamentarios tumbaron las iniciativas planteadas por el portavoz del PP, Fernando De Rosa.

En su intervención, De Rosa, destacó que desde que el PSOE accedió al Gobierno se ocupan de forma ilegal más de 40 inmuebles al día en España, y que, de acuerdo con datos de los expertos, hay un mínimo de 90.000 viviendas ocupadas ilegalmente, “a las que habría que sumar aquellas cuya ocupación no se ha denunciado”.

Para intentar frenar esa situación, el PP propuso la supresión de la competencia del Tribunal del Jurado para los delitos de allanamiento de morada, “y así facilitar su enjuiciamiento en el plazo de 72 horas”. Y es que, afirmó De Rosa, estos hechos tardan una media de 18 meses desde que se eleva por la correspondiente audiencia provincial en ser juzgados por el tribunal del Jurado. Frente a esta legislación, propuso incluir los delitos de ocupación ilegal en el procedimiento de enjuiciamiento rápido, de tal forma que se puedan dilucidarse ante un juez o tribunal en un máximo de 72 horas.

Además, propuso que quienes ocupen ilegalmente una vivienda o inmueble no pueda gozar de la “protección como morada o domicilio frente a la actuación de la autoridad pública o sus agentes”; y, junto a ello, permitir que las comunidades de propietarios y las personas jurídicas puedan adoptar “medidas legales y actuar ante los tribunales” frente a quienes ocupen ilegalmente una vivienda.

Esta iniciativa del PP contó con el aval de los senadores de Vox, UPN y PC, y con la oposición del resto de partidos. Así, desde el PSOE consideran que la moción del Grupo Popular no tenía en cuneta que el Ejecutivo está actuando ya contra esas ocupaciones ilegales después de la instrucción dictada por la Fiscalía General del Estado y la orden dada a las Fuerzas de Seguridad sobe cómo actuar en esos supuestos.