Los «mensajes» del Gobierno, el último ayer mismo por boca del ministro Grande-Marlaska, para que el Consejo General del Poder Judicial no realizara ninguno de los ocho nombramientos que se debatían, cayeron en el vacío.

El Consejo, sin lograr las mayorías de las anteriores designaciones, sí logró un consenso mínimo de 13 votos, tres quintos, para sacar adelante las designaciones de los presidentes de los tribunales superiores de Justicia del País Vasco y Canarias y una plaza de magistrado de la Sala Civil del Supremo, y dos más que los exigidos para las presidencias de la Sala Social del TSJ Vasco y de las audiencias provinciales de Salamanca y Almería.

Siete vocales, los «progresista» Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda, y los «conservadores» Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya votaron en blanco en todas las ocasiones.

Finalmente, Ignacio Subijana y Juan Luis Lorenzo Bragado presidirán los TSJ del País Vasco y Canarias. Para la Sala Civil del TS, el elegido fue el exportavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura Antonio García.

Garbiñe Biurrum fue reelegida para presidir la Sala Social, mientras que José Antonio Vega y Luis Miguel Columna presidirán las audiencias provinciales de Salamanca y Almería, respectivamente. Sin embargo, resultó del todo imposible llegar a un consenso para cubrir la otra plaza de magistrado para la Sala Civil del Supremo y una para la Sala de lo Social del mismo tribunal.

De hecho, el acuerdo para realizar los seis nombramientos efectuados no fue fácil ni mucho menos. Una vez comenzó el Pleno se constató la dificultad de alcanzar ese consenso. Por ese motivo, los ocho vocales que inicialmente pidieron que se debatiesen esos nombramientos en el Pleno del febrero, solicitaron un receso para avanzar en las negociaciones.

Acuerdo mínimo

Fue en ese impasse, que se prolongó durante una hora, cuando se terminó de cerrar ese acuerdo mínimo. En un principio, eran once los integrantes del Pleno, 10 vocales y el presidente, Carlos Lesmes, quienes respaldaban las designaciones de algunos candidatos, suficiente para las plazas de las audiencias provinciales y de la Sala Social del TSJ Vasco, pero no para las demás vacantes.

Además de Lesmes se encontraban en esa postura los «conservadores» Wenceslao Olea, José María Macías, María Ángeles Carmona, José Antonio Ballestero, Vicente Guilarte, Rafael Fernández-Valverde y Gerardo Martínez-Tristán, y los «progresistas» Enrique Lucas, María Victoria Cinto y Roser Bach. A ellos se sumaron posteriormente Carmen Llombart y Mar Cabrejas. Trece votos que servían para realizar seis designaciones.

En el caso de la plaza de lo Civil del Supremo que no se designó, todo apuntaba a que Manuel Almenar podía ser elegido. «Se contaba con 12 votos, pero al votar en blanco Juan Martínez-Moya y Juan Manuel Fernández no se pudo hacer», se sostiene desde algunas fuentes del CGPJ.

Quien pasó un mal trago fue, según las fuentes consultadas, la vocal Concepción Sáez, quien tuvo que escuchar frases como que preguntaba dudas que eran «de primero de Derecho» o cuando Lesmes en plan irónico le dijo que la nombrarían ponente porque «sabemos que eres una gran procesalista», e incluso tuvo un rifirrafe con el vocal José María Macías, a quien interrumpió para volver a preguntar los motivos por los que se retiraban sólo dos nombramientos y no todos.

En ese momento, Macías, en un tono más que serio, le replicó que lo sabría «si hubiese estado atenta al Pleno». La situación fue tal que, según algunos vocales, Concepción Sáez «no pudo evitar llorar, porque ha sido un día realmente muy duro para ella».

Burla la reforma judicial

Con estos nombramientos, el CGPJ “burla” la reforma judicial que impedirá que cuando el Consejo esté en funciones por haber vencido su mandato, como sucede con el actual, pueda cubrir ninguna vacante; una reforma judicial que todo indica que se aprobará definitivamente este mes.

Además, algunos vocales criticaron “las injerencias” del Gobierno para intentar evitar que el Consejo realizara ningún nombramiento. “Se ha lucido el ministro Marlaska”, señalaban algunos respecto a las declaraciones del titular de Interior oponiéndose a lo que finalmente decidió el CGPJ. Se ha lanzado un claro mensaje, añadían, “de que el Consejo no se guía” por las indicaciones más o menos veladas del Ejecutivo.