Franco

El comité de expertos que iba a definir el futuro del Pazo de Meirás nunca existió

Un abogado pregunta a través del Portal de Transparencia y el Gobierno responde que «no se ha creado ningún órgano»

El litigio por el Pazo de Meirás, situado en el municipio coruñés de Sada, está ahora en el Tribunal Supremo
El litigio por el Pazo de Meirás, situado en el municipio coruñés de Sada, está ahora en el Tribunal SupremoCabalar

El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, presidió el pasado 3 de febrero por videoconferencia un acto en el que se creaba un comité de expertos sobre el Pazo de Meirás para concretar el relato y los futuros usos de la propiedad arrebatada a la familia Franco por decisión de un juzgado de La Coruña.

En total, doce especialistas designados con este objetivo se reunieron aquel día de manera telemática por primera vez, suscitando la atención del abogado Guillermo Rocafort, que se interesó por este grupo de trabajo y preguntó ese mismo día, a través del Portal de Transparencia, por sus características, composición y particularidades. La respuesta por escrito de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática un mes después, y agotando el plazo para hacerlo, dejó «perplejo» al letrado: «Se informa que dado que no se ha creado ningún órgano, no existe y por tanto no puede aportarse la documentación solicitada, siendo que lo único que se ha celebrado ha sido una reunión telemática con fecha 3 de febrero pasado, con las personas expertas propuestas por las instituciones interesadas en el futuro del Pazo de Meirás, con objeto de reflexionar sobre el relato y futuros usos del mismo».

En concreto, Rocafort había preguntado por el «reglamento de funcionamiento; procedimiento relativo al nombramiento de sus miembros y miembras (sic); resolución que ampare su estatus jurídico y publicación en un boletín oficial; aclaración de por qué no respeta la ley de paridad dicho comité, pues hay 9 hombres y 3 mujeres; dietas que cobran sus miembros por reunión y actividades; actas y órdenes del día de las reuniones mantenidas hasta ahora; presupuesto público del que disponen; cualificación de sus miembros y miembras así como adscripción política o sindical, si la hubiera; identificación de los cargos de dicho comité; presidencia, secretaría, vocalías, órganos permanentes y dosieres e información que se hayan repartido ya a las personas que componen dicho comité».

La respuesta de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática
La respuesta de la Secretaría de Estado de Memoria DemocráticaLa RazónLa Razón

El abogado, secretario de la Plataforma Millán Astray, asegura a LA RAZÓN que se interesó por este asunto porque sigue a título particular todo lo que atañe a Memoria Histórica en «el ámbito nacional». Quería «constatar que el de Meirás estaba en la línea del comité de expertos de la covid-19», afirma, y que había «ocultismo» y «mala praxis administrativa», como en el caso del comité de expertos de Memoria Histórica del Ayuntamiento de Madrid, donde ha tenido «muy malas experiencias anteriores», pues «ocultaban actas» o les «impedían acudir a las reuniones».

Lamenta el letrado que el Gobierno «lo anunciara [el comité de Meirás] a bombo y platillo y al final creara un órgano fantasma con nueve hombres y tres mujeres quienes tanto alardean de paridad y listas cremallera».

Advierte Rocafort de que «ya hay una parte de la justicia que considera los comités de expertos o comisionados de la Memoria Histórica como meros comités políticos y, por lo tanto, todo lo que digan tienen poca validez judicial».

La Plataforma Millán Astray logró en los tribunales que se revocara la eliminación de la calle del fundador de la Legión en Madrid, pero por ahora se ha tenido que conformar con su restitución por iniciativa de Google Maps y está a la espera de que la placa con su nombre vuelva a su lugar original.

Los Franco: «Todo esto es muy poco serio»

«Solo puedo decir que mi capacidad de asombro en este tema está absolutamente desbordada», asegura Luis Felipe Utrera-Molina, abogado y portavoz de los Franco. «Cuando en un asunto civil se mezclan la política y la propaganda se producen estas situaciones distorsionadoras que no dejan de ser un fiel reflejo de los bandazos que ha venido dando el Gobierno en el procedimiento». «Anunció con alharacas», dice, «la constitución de un comité de “expertos y expertas” y luego recoge velas y reconoce que nunca ha habido comité salvo como medio de propaganda». «Todo esto es muy poco serio», lamenta, «pero seguimos confiando en que así como la Audiencia Provincial nos ha dado en parte la razón jurídica, el Tribunal Supremo nos la dará sin tener en cuenta el trasfondo político del asunto, del que nosotros hemos huido desde el primer momento».