¿Indultos? Sí, pero no así
Sánchez tal vez acierta en el fondo, pero se equivoca en la forma. Así no.

Indultar a los políticos y activistas condenados eliminaría un concreto y contundente elemento de conflicto, haciendo más fácil la reconciliación y la convivencia entre ciudadanos y entre administraciones, restableciendo la convivencia y la reconciliación, contribuyendo a cerrar una etapa que se ha caracterizado por el alto nivel de confrontación y eliminaría el relato de persecución, que los separatistas propagan.

Desde la más absoluta firmeza en la defensa del marco constitucional el indulto no debería ser una connivencia ideológica o política con los condenados ni compartir siquiera mínimamente los fines o los medios que les movieron a actuar en la forma descrita por la Sentencia que los condena, ni cuestionar la conformidad a derecho de la Sentencia. El indulto es la vía más eficaz y rápida para que los políticos y activistas presos dejen de estarlo, puesto que su permanencia en prisión tras más de tres años, genera un clima de elevada emotividad que impide la normalización de la vida política y el avance en la resolución racional del conflicto. El indulto es una medida plenamente constitucional reservada a los gobiernos de los países democráticos. Los que hemos exigido el respeto a la Constitución durante años, a los independentistas y a los no independentistas, muchas veces a contracorriente, tendremos que recordarles nuestro derecho a pensar que este instrumento de gracia, plenamente constitucional, existe justamente para aplicarlo cuando las circunstancias políticas de España lo aconsejen.

El Estado de Derecho es también un mecanismo de represión mínima y de respeto máximo por los derechos y libertades, pero la condena a sus autores y la larga permanencia en prisión de aquellos que el Tribunal consideró culpables en mayor grado ponen de manifiesto la vertiente punitiva del Estado de Derecho, el indulto mostraría el aspecto integrador del mismo y la capacidad de cerrar un episodio de confrontación.

Para muchos catalanes que hemos luchado contra el proceso separatista, el indulto debería ser un mensaje de victoria, al constatar el fracaso de la vía unilateral y de confrontación y con la seguridad que el estado no se doblegará ante un nuevo desafío rupturista. El indulto como medida de gracia de un estado que no permite la burla ni el escarnio, ni desafíos a la ley. No es cierto en absoluto que esta medida sea en favor exclusivo de los condenados, y mucho menos que sea en detrimento de la aplicación de la ley o de la justicia. Todo lo contrario. Conceder un indulto puede y debería ser un acto de buen gobierno. A los que estamos a favor del indulto nos resulta ineludible pensar que el buen gobierno es justamente a lo que está obligado todo gobernante.

España debe ser capaz de generar un relato de integración y reconciliación como norma de nuestros gobernantes. Sin embargo, la insistencia supremacista de los políticos encarcelados con el mantra del “tornarem a fer” y su falta de empatía y de arrepentimiento, ignorar los informes en contra de la Fiscalía y el Tribunal Supremo, el conflicto interno del PSOE, y especialmente la torpe explicación del presidente Sánchez hablando de “revancha y venganza”, hace muy difícil que exista un consenso suficiente para respaldar los indultos. Pero, se equivocaría gravemente el PP si hiciese un “casus belli” de la confrontación con Catalunya por el tema de los indultos, como hizo en el pasado con el “Estatut”. Sin Catalunya, el PP no será nunca alternativa de gobierno y Casado debería consensuar con el PSOE una salida integradora al mal resuelto “problema catalán”.

¿Indultos?, Sánchez tal vez acierta en el fondo, pero se equivoca en la forma. Así no.