Ghaligate, o la denegación de justicia

La comparación entre el trato reservado en 2011 por la justicia estadounidense al expresidente del Fondo Monetario Internacional, o por la justicia británica en 1998 al expresidente chileno Augusto Pinochet, revela una brecha abismal con el consuelo judicial otorgado por los españoles a la hora de juzgar a Brahim Ghali.

Aunque está acusado no de una sino de dos violaciones, detención arbitraria, tortura, terrorismo y crímenes de guerra, por parte de ciudadanos españoles y asociaciones y familiares de las víctimas, Ghali apenas es “invitado” a comparecer ante el juez “si su estado de salud lo permite “. Y para no perturbar su tranquilidad en lo más mínimo, es por videoconferencia, así que podrá realizar su declaración ante el juez, desde la comodidad de su suite VIP en el hospital de Logroño, adonde llegó desde Argelia en jet privado y con buena escolta.

¿Qué deberíamos pensar de esta nueva oleada de indulgencia? ¿Es justa la actitud hospitalaria España velando por la comodidad de Ghali hasta el más mínimo detalle, mientras que se ignoran los derechos más básicos de sus víctimas? ¿De verdad deberíamos creer que la negativa del juez a prescribir medidas restrictivas en cuanto a su libertad está justificada, y más cuando sabemos que Ghali tiene a su disposición jet privado, pasaporte diplomático y falsificadores de identidad, por no hablar de fondos sin límite y complicidad de hasta en el propio estado español?

¿Deberíamos creer realmente que Ghali no tratará de evadir la justicia mientras pesan sobre él unos cargos tan graves? Si tan solo la justicia se dignara no ser ciega ante su caso… ¿Deberíamos asumir que el juez necesita tan poco - un simple procedimiento simulado - para cerrar formalmente un caso que ya ha sido enterrado antes incluso de abrirse? Un caso que, de hecho, ya se habría archivado si no fuera por la perseverancia de las víctimas?

Uno no puede evitar confundirse con estas preguntas. No se puede pasar por alto que el asunto Brahim Ghali, que oscila entre la actitud del Estado y la de la opinión pública, lo sufren quienes se preocupan principalmente por la apatía de la justicia. Parece que Ghali estuviera seguro de que sus protectores harán lo que sea necesario para rechazar a sus víctimas y silenciar sus quejas, simplemente ignorándolas o declarando la muerte clínica del caso. ¡Muerte por inadmisibilidad!

Todo sugiere, en cualquier caso, que Ghali está rodeado de tanta benevolencia, que el juez ni siquiera se atreve a convocarlo personalmente, y se contenta con enviarle una invitación - casi un “anuncio” - ¡para una entrevista por videoconferencia! Cualquier litigante en su lugar sería encarcelado en ese momento, con un dispositivo de seguridad acorde con los medios de fuga a su disposición. Es este tipo de discriminación, aprendida y argumentada, la que inspiró a Jean de La Fontaine con su aforismo mordaz: “según seas poderoso o miserable, las sentencias de los tribunales te harán blanco o negro”.

Qué mayor prueba de connivencia que dejar al imputado tiempo libre para cumplir, a sus anchas, con el imperativo al que la justicia tiene derecho y puede obligarlo.

¿Qué dicen las víctimas? ¡¿Lo hemos pensado siquiera ?! Ciertamente deben pensar que es el mundo al revés: cuando finalmente disfrutan de la perspectiva palpable de ver a su verdugo explicarse ante la justicia, es esta misma justicia la que les impide obtener su derecho.

La indulgencia mostrada por la justicia española, a través de sus pequeños arreglos con los preciosos bienes de Brahim Ghali, delata una verdadera inversión de valores. Si bien las víctimas han dedicado todas sus energías y recursos a poner en conocimiento de la Justicia los hechos ilícitos y reprensibles de los que han sido objeto, la Justicia, por su parte, no utiliza los medios a su alcance para asegurar, como debe ser, el respeto a la legalidad de la que es guardián.

Ya sea que se obligue a no actuar, o que resuelva fingir reaccionar sin hacerlo, es exactamente lo mismo: una negación de justicia, absoluta.

Lo profundamente inquietante en la telenovela que se desplaza ante nuestros ojos asombrados por la brecha entre una justicia española que respetamos y su comportamiento que condenamos, no es solo la facilidad con la que Brahim Ghali se salva y sus víctimas son ignoradas, sino también, y por encima de todo, el autosabotaje al que se presta el sistema judicial, que parece debilitarse a sí mismo.

La comparecencia de Ghali por videoconferencia ¿no va en contra de la propia posición del Tribunal Constitucional español, que insiste en “el interrogatorio personal y directo de las personas que comparecen, lo que implica la coincidencia temporal y espacial de quien hace la declaración, y de la persona ante quien éste declara “?

No se necesita mucho escepticismo para dudar seriamente de que una simple videoconferencia podría desencadenar un juicio en el caso Ghali. Es un escaparate, para ocultar que lo que se prepara no es el enjuiciamiento de Ghali, sino todo lo contrario: su blanqueo judicial y su exculpación legal.

Una cosa es reivindicar la independencia del poder judicial y otra demostrar su imparcialidad. Por su gravedad, su escala, su simbolismo y sus víctimas, el caso Ghali es una oportunidad que ya no se presentará a los tribunales españoles para demostrar su independencia e imparcialidad.

Cuando la indulgencia se convierte en permisividad y cuando tolerar es no juzgar, asistimos a un asesinato extrajudicial de los derechos y sufrimientos de las víctimas.

Las víctimas ni siquiera encontrarán en ello sentido para consolarse. Se dice que Ghali regresa al escondite en el que se había refugiado desde que tuvo que salir de España para escapar de sus responsabilidades criminales hace 13 años. Excepto que hoy, recuperará su escondite criminal a través de una clandestinidad legal que intenta afianzarse creyéndose fuera de la vista.

Pero, de hecho, solo la miras a ella; a esta justicia tan mojigata. Los privilegios otorgados a Ghali solo se sostendrán por la voluntad de los protectores de Ghali, y solo durarán mientras la imparcialidad de la justicia, la verdadera, vuelva a hacerse presente. Porque el sistema judicial puede en cualquier momento poner fin a esta infame indulgencia que permite que no se juzguen crímenes atroces y permite que su perpetrador prospere al margen de la ley. La indulgencia es solo el beneficio precario del silencio cómplice.

Firmado

Mohamed Aujjar, exministro de Justicia de Marruecos; Khalihenna Ould Errachid, presidente del Real Consejo Consultivo para los Asuntos Saharianos (CORCAS); y Ahmed Herzenni, expresidente del Consejo Asesor de Derechos Humanos (CCDH).