Las polémicas que persiguen a la fiscal general

La decisión de Pedro Sánchez de colocar a Dolores Delgado, hasta entonces ministra de Justicia en su Ejecutivo, al frente de la Fiscalía General del Estado, un órgano judicial que se supone ha de ser independiente, desató fuertes críticas. PP, Vox y Ciudadanos mostraron su frontal rechazo al «dedazo», al igual que la asociaciones judiciales que llegaron a tachar su nombramiento como «una declaración de intenciones por parte del poder político para meter las zarpas».

¿El motivo? La imparcialidad y la neutralidad tienen que definir a quién se siente en el sillón de la Fiscalía y una persona que acaba de ocupar un sillón en el Consejo de Ministros difícilmente se ajusta a esa singularidad. De hecho, su nombramiento dividió al Consejo General del Poder Judicial que avaló su nombramiento pero sin entrar en su idoneidad para el cargo. Nombrada en enero de 2020, lleva al frente de la Fiscalía General un año y ocho meses, periodo durante el cual ha estado en la diana de las críticas por varias de su decisiones.

Entre las polémicas que le persiguen está la decisión de rebajar la acusación al mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Luis Trapero, de 11 años de cárcel por rebelión a 10 años por sedición. Este cambio se produjo bajo su supervisión. Con esta decisión el ministerio público cambió radicalmente de postura, respecto a la que había defendido desde el inicio de la investigación a finales del 2017 contra los autores de los actos del 1 de octubre.

Delgado también salió en auxilio del que fuera su compañero en el Consejo de Ministros, el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, al situar a la Fiscalía en contra de la admisión a trámite por parte del Tribunal Supremo de varias de las querellas presentadas contra el ministro por la polémica destitución del coronel jefe de la Comandancia de Madrid, Diego Pérez de los Cobos, tras negarse a filtrar documentos relaciones con la investigación del 8-M. La derivación del caso del rey Juan Carlos al Tribunal Supremo o la desestimación de la investigación a José Manuel Franco por permitir las manifestaciones del 8 de marzo fueron otras polémicas decisiones que han suscitado fuertes críticas de la oposición que ven cierta politización en esas decisiones.

No solamente durante esta etapa al frente del Ministerio Público su nombre va de la mano de la palabra «polémica». También mientras estuvo al frente del Ministerio de Justicia –cartera que recibió Juan Carlos Campo– estuvo salpicada por varias polémicas. Su nombre apareció junto al de el ex magistrado, Baltasar Garzón, en los audios del polémico comisarió José Manuel Villarejo. Los audios fueron grabados en una comida que compartió en 2009 con el ex comisario, el entonces magistrado de la Audiencia Nacional, Garzón y otros mandos policiales. Fueron precisamente esas grabaciones las que le alejaron del Consejo de Ministros y le acercaron a la Fiscalía General del Estado.

Además, durante el año y medio que estuvo al frente la cartera de Justicia fue reprobada hasta tres veces. La primera en el Senado con los votos de Partido Popular y Ciudadanos por no ser suficientemente contundente a la hora de defender al juez Pablo Llarena ante los tribunales belgas. Posteriormente en la Cámara Baja a propuesta del Partido Popular por sus «perversas amistades» con el comisario jubilado José Manuel Villarejo y también por su relación con Garzón. Y la tercera, también en el Congreso de los Diputados, por haber instado a la Abogacía del Estado a descartar el delito de rebelión a los líderes separatistas encarcelados. Tan solo unos meses después de jurar su cargo, Consuelo Castro, la abogada general del Estado que accedió a ese organismo de la mano de Delgado, relevó a su letrado en el juicio del 1-O. Ese abogado era Edmundo Bal –hoy diputado de Ciudadanos– y pretendía elevar la acusación contra los dirigentes catalanes a rebelión. En definitiva, ahí por donde pasa, la controversia le acompaña y su futuro al frente de la Fiscalía está en el aire.