Vivir del erario público está de moda otra vez. Y el Gobierno da ejemplo. A ningún joven se le escapa que un abogado en cualquier despacho trabaja más horas que un empleado de la administración. Lo mismo le ocurre a un médico, o a un periodista. Con la crisis, las empresas han apretado sueldos y extremado la exigencia. Como se han destruido negocios y España tiene escasa capacidad industrial, se entiende que la máxima aspiración sea aprobar unas oposiciones, entrar de interino o enchufarse en los partidos, los gobiernos de todo tipo o el ejecutivo central.

Nuestro país tiene 3,2 millones de empleados públicos, frente a los 2,3 de Alemania y poco más de los de Italia, pero estos últimos países presentan mucha más población: 83 millones de habitantes Alemania y 60 Italia. De nada sirve argumentar que en los países escandinavos hay más trabajadores públicos sobre el total de los empleados (un 30,7%Noruega, frente a nuestro 15,7) o en Francia (21,5 %), porque el grado de riqueza de estas naciones nos deja muy atrás.

En realidad, estamos donde solíamos y ocurre lo que contaban Larra o Galdós, con esa pléyade de trabajadores y enchufados que en muchos casos son contratados o despedidos según el ritmo de creación de gobiernos y que recuperan la figura del cesante, que recorre los nuevos ministerios con su carpeta y la frase en los labios: ¿Qué hay de lo mío?

El Gobierno da ejemplo, decíamos, no sólo multiplicando los asesores, sino sosteniendo el ejecutivo más amplio de la democracia, con 22 ministerios y tres vicepresidencias (que hasta hace bien poco eran cuatro, la plusmarca desde 1978). Sólo Adolfo Suárez superó la cifra, entre otras cosas porque el paso de la dictadura al parlamentarismo exigía un complejo equilibrio con las numerosas fuerzas políticas. El caso de Sánchez tiene en común con aquél –salvando las distancias– que es el primer ejecutivo de coalición en España, pero también cabe argumentar que Alemania, con una gran coalición, apenas cuenta con 16 ministros. Por lo demás, para que nos hagamos una idea de la superpoblación «ministril» que aguantamos, contaremos que Francia tiene 17 carteras; Italia, 21 y Portugal 19. Pedro Sánchez ha subido los sueldos a los funcionarios en un momento desastroso para la economía y ahora ese coletazo económico se extenderá a toda la población laboral a través del incremento del salario mínimo. La medida es de justicia, pero amenaza con desatar la espiral de la inflación, que sufrirán las clases trabajadoras.

Una y otra vez ocurre que los gobernantes más austeros son las derechas y los más expansivos, las izquierdas. Valga como muestra que el más económico ejecutivo de la democracia ha sido el de Mariano Rajoy, con diez ministros y, tras él, el de José María Aznar, con 14. Zapatero tuvo 17 y Felipe González, 18. Disparar con la pólvora del Rey es barato. Mientras que Suárez y Zapatero optaron por tres vicepresidencias, que eran muchas; González y Rajoy sólo tuvieron una.

No parece, sin embargo, que multiplicar los cargos contribuya a la eficacia, más bien al contrario. A más ministros, más egos que contentar y más tonterías para llamar la atención. Recordemos los excesos de Garzón, el ministro de Consumo, atacando las industrias turísticas o cárnicas de la nación. O los continuos conflictos entre ministras por el feminismo o los actuales entre Nadia Calviño y Yolanda Díaz, a la gresca justamente por el SMI.