Bajo el síndrome negacionista

Era una mañana cualquiera del mes de mayo de 2017. «El acusado se acercó al parque donde encontró a la mujer conversando tranquilamente con un grupo de familiares y amigos, en compañía de su hijo, cuando de forma inopinada y sorpresiva se aproximó a su expareja y le apuntó en la sien con una pistola mientras le decía ‘conmigo no se juega’. A continuación, efectuó dos tiros sobre la cabeza de la mujer no causándole lesión física alguna al desviarse finalmente el arma de su trayectoria». Es una parte del relato del fiscal en un juicio de violencia de género que se sigue estos días en un juzgado de Madrid y por el que solicita una pena de dieciséis años de cárcel por un intento de asesinato y amenazas graves. Esos hechos que describe la Fiscalía se transformarán o no en hechos probados por el juez en una sentencia. Y solo entonces, cuando sean firmes y como garantía del Estado de derecho, pasarían a engrosar la estadística de la violencia de género en nuestro país: 1.113 víctimas mortales desde el 1 de enero de 2003. Solo en 2021, el macabro recuento detalla que 35 mujeres han perdido la vida, 19 menores han quedado huérfanos y dos han sido asesinados por sus padres. Frente a la rotundidad de las cifras, uno de cada cinco jóvenes varones españoles cree que la violencia de género no existe y que es solo un «invento ideológico», según recoge el Barómetro Juventud y Género 2021, realizado por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD). Y, además, supone el doble del porcentaje recogido por el mismo estudio en 2017. Es decir, el fenómeno negacionista se encuentra en pleno proceso de expansión.

Un ejemplo perverso

Más allá de la gravedad que refleja el hecho de que se trata de un sondeo realizado entre jóvenes, con edades que van de los 15 a los 29 años (lo que ya arroja muchas incógnitas sobre el nivel educativo en España), el dato constata el impacto real de las teorías negacionistas en los ciudadanos. En este caso, en los más influenciables y con una cuestión especialmente grave y a la que se debería prestar la suficiente atención. A principios de los 90 se empezó a tomar conciencia a nivel internacional de la existencia de la violencia de género, de unas agresiones a mujeres que tenían naturaleza específica y tras la Conferencia de Pekín de la ONU en 1995 ya se incluyeron en un plan más amplio en defensa de los derechos de las mujeres. En España se aprobó en 2004 la Ley Integral contra la Violencia de Género y en 2017 se firmó el Pacto de Estado. Criticado y cuestionado en su momento por no tener una dotación económica lo suficientemente amplia ni medidas lo bastante concretas, ahora, cuatro años después, es visto como un exotismo en nuestra vida política: desde entonces no ha sido posible volver a poner de acuerdo a todo el arco parlamentario en una cuestión tan básica, obvia y evidente para una sociedad desarrollada. ¿Cómo es posible? La entrada de Vox en las instituciones y su discurso negacionista ha roto el eje de unidad necesario y se han convertido en habituales las ausencias en los minutos de silencio o el rechazo a aprobar cualquier declaración institucional. La normalización de estas conductas políticas, que adoptan posturas al margen de los datos, empieza a convertirse en un problema para la sociedad presente y, en especial, para la futura. Y las redes y los mensajes que circulan en ellas crean un magma que va impregnando y deteriorando la convivencia: son el canal perfecto para su expansión. La periodista Anne Applebaum apunta en «El ocaso de la democracia» a la «rápida transformación de la forma en la que la gente transmite y recibe la información política» como una de las causas de la proliferación de falsedades en el discurso público. Unos cambios que, dada la velocidad de las comunicaciones y los escasos filtros de control de medios alternativos (al margen de los tradicionales), impactan de lleno en la percepción social y los negacionismos más peligrosos ya se empiezan a colar por los resquicios de las estadísticas. Conviene exigir responsabilidad a los políticos y fidelidad a los datos para evitar que sean los siguientes hechos probados de una sentencia los que nos den de bruces con la realidad.