Ni transparencia ni soluciones: el Gobierno de Sánchez y Torres sigue jugando al escondite con los menores migrantes

La crisis migratoria en Canarias, con 6.000 menores extranjeros no acompañados bajo tutela institucional, ha vuelto a poner en evidencia la parálisis del Gobierno de España en materia de acogida humanitaria. Este miércoles, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que en un plazo de "siete días" se conocerán las zonas del territorio peninsular donde podrían ser reubicados los menores migrantes que actualmente colapsan los centros de acogida del archipiélago. Una promesa más que se suma a una cadena de anuncios que rara vez se traducen en acción concreta.

“En siete días expondremos qué lugares podrían acoger a estos menores”, declaró Torres ante los medios en Las Palmas de Gran Canaria, asegurando que los traslados podrían empezar “en agosto, si es posible”. Una afirmación que llega tarde, suena ambigua y, para muchos, refleja la falta de planificación y empatía que ha caracterizado la gestión del Ejecutivo central en esta materia.

Una bomba social sin desactivar en Canarias

La situación en las islas es insostenible. Según datos del propio ministerio, más del 75% de los recursos de acogida para menores en Canarias están saturados, y las ONG advierten de condiciones precarias, estrés psicológico y falta de seguimiento educativo y emocional. A pesar de las reiteradas peticiones de auxilio desde el Gobierno autonómico, Madrid sigue sin asumir plenamente su responsabilidad, descargando el peso sobre las comunidades de frontera.

Torres se escuda, pero no responde

Torres, que fuera presidente de Canarias hasta 2023, ha tratado de desviar la atención apuntando al Partido Popular por su falta de cooperación. Criticó especialmente a la Comunidad de Madrid por su negativa a recibir menores y a los dirigentes populares por boicotear las conferencias sectoriales. Sin embargo, su intervención evitó responder preguntas fundamentales: ¿Por qué el Gobierno ha tardado meses en definir los puntos de acogida? ¿Por qué no se ha activado un mecanismo obligatorio de solidaridad entre comunidades autónomas?

La realidad es que, mientras los discursos apelan a la humanidad, los hechos no acompañan. El propio ministro reconoció que el Ejecutivo “no comparte la situación que hay en los territorios de frontera”, pero esa disconformidad no se ha traducido en acciones efectivas para aliviar la presión sobre Canarias, Ceuta, Melilla o Andalucía. Más bien, parece que el Gobierno ha optado por dilatar decisiones, esperando que la atención mediática baje y el problema se diluya por inercia.

Un silencio sobre las investigaciones judiciales

Preguntado sobre los recientes escándalos que salpican a algunos centros de menores en Gran Canaria, donde se investiga presunto maltrato y mala gestión por parte de algunas ONG, Torres se limitó a pedir cautela y dejar el asunto en manos de la justicia. Una postura prudente, sí, pero que evita abordar el debate de fondo: la externalización de un sistema de acogida que, en muchos casos, ha degenerado en negocio más que en protección.

Un relato humanitario que no oculta el abandono institucional

El ministro hizo un llamamiento a la empatía, recordando que estos menores “huyen de guerras y situaciones lamentables”, y que la mayoría “quiere convivir y estudiar”. Pero ese relato, por más necesario que sea, choca con la frialdad administrativa y la ausencia de un plan estatal sólido, justo cuando más se necesita.