El futuro de Pablo Iglesias, pendiente de la Policía

La investigación del “caso Dina” encara unas semanas de mucha actividad después de haber estado meses paralizada a la espera de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional resolviera una serie de recursos y de un informe policial clave sobre el robo de la tarjeta a la extrabajadora de Podemos Dina Bousselham. En los próximos 15 días se espera la citación como testigos a Bousselham, al que era su pareja y al exdirector Adjunto Operativo de la Policía Eugenio Pino, según indican fuentes judiciales. Además, de las conclusiones que el informe de la Policía Científica dé sobre la micro SD se decidirá sobre si llamar o no al exvicepresidente Pablo Iglesias.

Los interrogantes que cerrar sobre esta pieza número 10 del “macrocaso Villarejo” no son pocos. Por eso, tanto el Tribunal Supremo primero, como los magistrados de la Sala Penal de la Audiencia Nacional (en consonancia con la Fiscalía Anticorrupción) despuéshan instado al juez instructor Manuel García-Castellón a que reabra el caso y siga con las diligencias. Lo primero de todo volver a preguntar a Bousselham: conocer si puede aclarar algo más sobre cómo llegó la información de su tarjeta a diferentes medios de comunicación -en declaraciones anteriores dijo que pudo haber enviado algunas de las capturas publicadas a tercero pero que no recordaba a quién- y, de vital importancia, saber si quiere pedir responsabilidades a Iglesias por el hecho de que hasta pasados seis meses de tener la tarjeta SD de su móvil en su poder no se la devolviera.

Si ella le perdona la investigación hacia el exvicepresidente se complica porque los delitos tanto de revelación de secretos como de daños informáticos (dos de los que el juez le imputaba en la exposición razonada que envió al Tribunal Supremo) precisan necesariamente que el afectado los reclame, según el Código Penal. Pero fuentes judiciales indican que el futuro procesal de Pablo Iglesias estará marcado, principalmente, por el informe que ultima la Policía Científica.

El dispositivo que se sustrajo en 2015 del abrigo de la entonces pareja de Bousselham era un Sony Xperia X2 con una tarjeta de memoria de la marca Samsung. Informáticos de esta empresa están trabajando conjuntamente con la Policía en un informe para tratar de esclarecer varios puntos que en periciales anteriores no se han resuelto: cuál fue el sistema o la técnica empleada para proceder al borrado, eliminación, deterioro o inaccesibilidad de los archivos que la tarjeta contenía. Y, si es posible, proceder a la recuperación de todos los datos y fechas del último acceso.

García-Castellón requirió estos trabajos desde febrero, pero se han ido demorando y todavía no tiene las conclusiones definitivas del informe. De lo que se desprenda de esto, el magistrado -que ya en su momento creyó que Iglesias tenía responsabilidad en la destrucción de la tarjeta- decidirá si llamar al exvicepresidente. Cabe recordar que en 2020 quiso hacerlo, pero éste era aforado por su cargo en el Gobierno y el Tribunal Supremo devolvió la causa a la Audiencia Nacional pidiendo que primero terminara las diligencias porque no había nada concluyente en contra de Iglesias. Después de su dimisión y pérdida del aforamiento, los siguientes pasos ya dependen única y exclusivamente del juez instructor.

En las próximas semanas también se producirá la citación de la entonces pareja de Bousselham Ricardo Sa Ferreira. La Fiscalía pidió (y la Sala le dio la razón) que se le volviera a llamar “dadas las contradicciones en que incurrió en su primera declaración judicial y las lagunas por ello creadas al respecto de la sustracción del teléfono y la recuperación de la tarjeta”.

Además, para los dos periodistas imputados a los que les llegó información se producirá una tercera declaración clave: la del exDirector adjunto Operativo Eugenio Pino. El director y subdirector de Interviú, Alberto Pozas y Luis Antonio Rendueles, defienden que ellos entregaron la tarjeta a Villarejo porque creían que se los pedía como parte de una investigación policial. Pino tiene que resolver si él, como máximo cargo de la Policía, pidió esta tarjeta en algún momento o dio su venia para que Villarejo la pidiera o, por el contrario, el comisario actuó por libre. A ambos periodistas se les imputa un delito de revelación de secretos.