Irene solicitó a finales de octubre un concurso de traslado desde un organismo judicial autonómico a uno central. El acuerdo histórico al que habían llegado los funcionarios de Justicia con el Ministerio les aseguraba que la discriminación salarial que padecen quienes trabajaban en organismos sin las competencias de Justicia transferidas frente a los autonómicos que sí las han asumido pasaría a ser historia.

«Ahora, si me dan la plaza no me quedará más remedio que aceptarla, me quedaré congelada dos años en el nuevo destino y cobraré 300 euros menos mensuales. De haberlo sabido no lo hubiera solicitado de ningún modo», explica esta funcionaria que trabaja actualmente en un Juzgado de 1ª Instancia de la Comunidad de Madrid.

Su caso no es el único, miles de funcionarios de Justicia se encuentran en su misma situación y, por eso, ayer salieron a la calle a pedir, y nunca mejor dicho, justicia. Para profanos en la materia, la situación, aunque compleja, podría resumirse en un compromiso por parte del Gobierno que ha quedado en aguas de borrajas. «En la ley de presupuestos 2021 se incluyó una disposición adicional, la 157 para ser exactos, en la que se proponía la equiparación salarial entre el personal no transferido de la administración de Justicia y el que trabajaba en organismos autonómicos. Un complemento específico que hace que los sueldos, en un mismo puesto, presentan diferencias de entre 300 y 800 euros», explica Javier Hernández.

Él ha estado en las conversaciones desde el primer momento con el entonces ministro Juan Carlos Campo y la actual Pilar LLop: «Es una disposición que está publicada en el BOE y es de obligado cumplimiento ya que existe una reserva de crédito para igualar las cantidades de este complemento».

Las negociaciones comenzaron en mayo y el 9 de septiembre se fraguó el consenso económico. El 14 de ese mismo mes se firmó un documento donde se recogía el acuerdo. «Sin embargo, el 11 de noviembre nos llamaron del Ministerio y nos dijeron que desde Hacienda había un problema y que no se podía ejecutar lo acordado. Es la primera vez en la historia que de manera unilateral no se cumple lo pactado», lamenta Javier.

Conciliar o cobrar

De las 17 comunidades autónomas de España, 12 tienen transferidas las competencias de Justicia. Tan solo Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura Murcia, Baleares, así como Ceuta y Melilla y los órganos centrales de Madrid no cuentan con dicha transferencia. Sin embargo, hay comunidades como Madrid que en su territorio tiene organismo tanto de dependencia autonómica como central.

Y ahí es donde surgen las protestas de quienes trabajan en un mismo puesto (desempeñando las mismas funciones), con una categoría determinada y cobran diferentes sueldos. Por ejemplo, en el caso que comenta Irene Cobo, para ella pasar de trabajar como gestora en un juzgado de 1ª Instancia de la Comunidad de Madrid a hacerlo en un órgano central como podría ser el Tribunal Supremo, supondría aproximadamente una diferencia de 300 euros mensuales.

«Luego también hay casos que, debido a esta incongruencia, se puede cobrar más pese a pertenecer a un cuerpo inferior. Un gestor en Baleares cobra menos que una persona de auxilio en Andalucía. Esto no tiene ningún sentido», recalca la joven, que se incorporó hace tres años al cuerpo de funcionarios judiciales. «Esta situación impide que nos movamos libremente de un organismo a otro. En mi caso, solicité el traslado a un organismo central porque me gustaba más la materia y porque personalmente me parecía más interesante. Eché las cuentas y me salían, no contaba con que el Ministerio nos dejara colgados», insiste Irene.

Un 33% de afectados

Del total de 45.000 funcionarios de Justicia que hay en activo en España, aproximadamente 15.000 se ven afectados por esta situación. Otro de ellos es José Ignacio del Valle, que lleva dos décadas en la Administración y actualmente ejerce como gestor procesal en sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional: «Esta situación me afecta porque ganamos mucho menos que en cualquier otro ámbito territorial, el acuerdo es una mejora necesaria y justa. Entiendo que esto afecta mi dignidad como funcionario y trabajador. Cuando se pacta algo es para cumplirlo», espeta.

Él, que actualmente se encuentra en un organismo central, reconoce que muchos compañeros no han tenido más remedio que pedir traslado a un autonómico «porque se cobra más y las cuentas no les salían con el sueldo central». «Yo me vine a la Audiencia por conciliación familiar. Valoro el asunto económico, pero tuve que elegir. Me afectó a mis ingresos, lógicamente, pero tuve que tomar la decisión. Eso no quita que considere que estamos discriminados desde hace mucho tiempo a nivel laboral», puntualiza.

José Tomás Gómez, que trabaja como gestor desde hace 18 años y actualmente está destinado en la Audiencia Nacional, subraya que, por ejemplo, un trabajador de su mismo rango que trabaja en el País Vasco cobra 800 euros más. «Hemos visto como los diferentes de cuerpos de la Policía reclama la unificación salarial. Nosotros somos del mismo cuerpo, así que es lógico que también lo exijamos. Afortunadamente yo tuve la suerte de poder acceder a un complemento de peligrosidad por trabajar en la audiencia para compensar lo que había perdido por trasladarme de un órgano autonómico a uno central», explica.

Por su parte, Javier hace otro ejemplo comparativo: «¿Qué ocurriría si de repente el Gobierno decidiera no pagar las pensiones pese a que existe una ley presupuestaria que así lo exige? Nosotros nos encontramos en esa situación y no pararemos hasta conseguir que se haga Justicia».