Los militares supervivientes de la explosión de Hoyo de Manzanares luchan por apartar a la juez de la causa

Acusan a la magistrada de “falta de imparcialidad” y de “proteger a la cadena de mando” dilatando un proceso que lleva casi 11 años abierto

Arriba, el teniente Candón antes y después de la explosión. Abajo, el brigada González
Arriba, el teniente Candón antes y después de la explosión. Abajo, el brigada González FOTO: Fotos La Razón

Han pasado 3.931 días desde que una explosión en la Academia de Ingenieros de Hoyo de Manzanares (Madrid) acabó con la vida de cinco militares y dejó a otros dos heridos de gravedad. Diez años y nueve meses en los que sigue sin haber una respuesta de la Justicia y las familias y víctimas no saben aún con certeza qué ocurrió aquel trágico 24 de febrero de 2011. Sin embargo, los supervivientes (teniente José Manuel Candón y brigada Raúl Alfonso González) sí tienen clara una cosa: no están conformes con la labor de la juez togada instructora de la causa, comandante Patricia Moncada, a quien ahora quieren apartar y a la que acusan de “pasividad”, de “falta de imparcialidad” o de intentar proteger a la cadena de mando implicada”, tal y como se desprende del duro incidente de recusación presentado, al que ha tenido acceso LA RAZÓN. El motivo principal, las dos ocasiones en las que la juez ha intentado este año culpar sin éxito de lo ocurrido a las víctimas.

La clave de esa intención de apartar a la magistrada tiene que ver con sus actuaciones desde que se hizo cargo del caso en 2018, cuando se reabrió la causa después de que el teniente Candón aportara nuevas pruebas sobre la explosión de varias minas contracarro catalogadas como “inútiles” durante un ejercicio de desactivación. En ese momento solicitaron a la juez que practicara una serie de actuaciones, pero nunca se llevaron a cabo. Y eso que insistieron: julio de 2018, marzo de 2019, julio de 2019, febrero de 2021... Pedían, entre otros, diversas pruebas para corroborar el estado real de catalogación de las municiones empleadas, la ruptura de la cadena de custodia o la gestión, procedencia y almacenaje de la misma los días previos a la explosión.

Tanto él como su abogado se quejaban de la “parálisis procesal injustificada” y la “orfandad judicial” que sentían, pero no se movía nada en el Juzgado Togado Militar Territorial nº11. Así que el pasado febrero optó por solicitar del CGPJ información sobre cuestiones relativas al funcionamiento de dicho juzgado. Y a partir de ahí todo volvió a moverse, pero no como esperaban las víctimas.

De víctima a procesado

El día 23 de ese mismo mes (víspera del décimo aniversario) la juez dictó un auto de procesamiento contra el teniente Candón “como autor de siete delitos, en relación de concurso ideal, contra la eficacia en servicio, cinco de ellos con resultado de muerte, uno con resultado de lesiones graves y otro con resultado de lesiones leves”. De la noche a la mañana, este infante de Marina pasó de ser acusación y perjudicado a procesado, por lo que recurrió.

Contra el citado auto cargaron Fiscalía, Abogacía del Estado, las representaciones letradas del resto de víctimas y, en última instancia, el propio Tribunal Militar Territorial 1º, que finalmente lo archivó. Entre los más duros estaba el fiscal jurídico militar José Cervera Rodríguez, quien criticó que se había vulnerado el derecho de defensa y a un proceso justo del teniente, además de apuntar que las acusaciones de la magistrada se basaban en conjeturas y presunciones no apoyadas por indicios de entidad relevantes que justifiquen el procesamiento, llegando a mostrar su sorpresa por el hecho de que la comandante Moncada pusiera en duda, e incluso rechazara, los informes periciales previos del Ejército de Tierra o la Guardia Civil.

El teniente Candón y el brigada González
El teniente Candón y el brigada González FOTO: La Razón

En mayo, el Tribunal aceptó el recurso, apuntando al mismo tiempo la falta de la “necesaria exhaustividad” por parte de la magistrada. Revocaba así el auto de procesamiento. Pero la juez togada insistió y el 1 de junio volvió a citar a Candón, a quien le notificaron un nuevo auto de procesamiento 16 días después. Sin embargo, el Tribunal lo rechazó en octubre, entre otros motivos porque la magistrada no aportaba nada nuevo. Y en el auto criticaba que los hechos investigados “ya fueron objeto de exposición en el anterior auto” o que los delitos que se imputaban a Candón “vuelven a coincidir” con los ya realizados, “no aportando novedad alguna”. Así que decretó el sobreseimiento definitivo en lo que respecta al teniente.

La recusación

Estos dos intentos de procesamiento fueron la gota que colmó el vaso para el teniente Candón y su letrado, que consideran que la juez actúa contra ellos y que tiene paralizada la causa desde hace años sin motivo. Por ello, antes de que el Tribunal se pronunciase presentaron un incidente de recusación para apartar a la magistrada de la causa. Y lo hacen con un duro escrito de 15 páginas en el que cargan contra la comandante Moncada y al que se adhirió el brigada González.

Tal y como se desprende del documento, consideran que “concurre contaminación y merma de la precisa imparcialidad”, criticando el “periodo de parálisis incomprensiblemente dilatado e injustificado de casi tres años”, la “pasividad” de la magistrada, a la que ven como un “obstáculo por no querer conocer la realidad de los hechos”. Y van más allá al señalar que la juez togada, “a pesar de ostentar el empleo de comandante”, muestra “un palmario desconocimiento de los principios de jerarquía y competencia presentes en nuestras Fuerzas Armadas”, haciendo referencia al intento de culpar a Candón al situarle como responsable del equipo al ser el militar de más alto empleo en las maniobras.

Los fallecidos: Sergio Valdepeñas, Mario Hernández, Miguel Ángel Díaz, Víctor Manuel Zamora y Javier Muñoz Gómez (de izda. a dcha. y de arriba a abajo)
Los fallecidos: Sergio Valdepeñas, Mario Hernández, Miguel Ángel Díaz, Víctor Manuel Zamora y Javier Muñoz Gómez (de izda. a dcha. y de arriba a abajo) FOTO: La Razón EFE

Estas dilaciones son, para los supervivientes, la demostración de que la magistrada “parece haber dado cobertura a hechos y personas con clara y directa incidencia en los hechos”, de ahí que tengan la “sospecha manifiesta” de que tenga “un posible interés personal en la causa”, con el “único fin de proteger a la cadena de Mando implicada”.

“Animadversión personal”

Junto a esto, entienden que los dos intentos de responsabilizar a las víctimas son “un acto de repulsa, reproche o castigo” contra Candón, llegando a hablar de “animadversión personal y directa” contra él.

Por ello optaron por recusarla, pero aún no han recibido ninguna noticia al respecto. En principio, según la Ley Procesal Militar, la juez debería apartarse del procedimiento hasta que se resolviese la recusación, nombrándose a un sustituto.

Su objetivo es que prospere, pues tienen claro que aún se ha de investigar más y llevar a cabo las pruebas y diligencias que solicitaron hace tres años, pero no quieren que sea la comandante Moncada la que se encargue de ellas.