El bloqueo del CGPJ indigna a los jueces: «Hemos tocado fondo»

Frustración. Cansancio. Aburrimiento. Preocupación. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cumple hoy tres años en funciones –un hecho sin precedentes en la historia de la institución– en medio de la crítica unánime de las asociaciones judiciales, que reclaman que la renovación se lleve a cabo cuanto antes para poner punto y final al bochorno de esta «anomalía democrática».

Treinta y seis meses han pasado desde que los actuales vocales agotaron su mandato un 4 de diciembre de 2018. Desde entonces, PSOE y PP han sido incapaces de cerrar un acuerdo, hasta el punto de que el pasado octubre pactaron finalmente la renovación del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas aparcando la patata caliente del CGPJ.

Aventurar una fecha para desencallar la ansiada renovación del órgano de gobierno de los jueces es casi un ejercicio de prestidigitación. Los más optimistas apuntan, en un alarde de voluntarismo, que aún es posible desbloquearlo antes de Navidad.

“Lo veo casi imposible. No tengo ninguna esperanza”

«Lo veo casi imposible; no tengo ninguna esperanza de que eso vaya a suceder», apuntan sin embargo fuentes de la institución, que se resignan a que «aunque no es lo deseable, no se va a renovar conforme a los estándares europeos». Y es que, admiten esas mismas fuentes, si hubiese que cambiar ya el sistema de elección de los doce vocales de extracción judicial para que sean los propios magistrados quienes los elijan, ese cambio legal «obligaría a retrasar aún más la renovación».

«Lo ideal ahora es renovar ya, cuanto antes, pero con ese compromiso firme, a través de una proposición de ley respaldada por PSOE y PP, para que la siguiente renovación se haga por los jueces». Se trataría, se resignan, «de un Consejo de transición hacia un sistema que se adapte a los estándares europeos».

Fuentes próximas a la negociación señalan que aunque «hay voluntad de acuerdo, hay que encontrar el momento para sentarse a cerrar los nombres». Un diagnóstico que, tres años después, es casi una metáfora del día de la marmota de Bill Murray en Atrapado en el tiempo. «Antes de Navidad no creo que se desencalle», afirman con resignación esas mismas fuentes, que apuntan que desde que el Gobierno y el PP cerraron la renovación del TC unos y otros no han vuelto a reunirse.

«Compromiso irrevocable»

En las asociaciones judiciales, cunde la frustración y la preocupación por el incumplimiento del mandato constitucional, que ha situado al CGPJ en el ojo del huracán. María Jesús del Barco, presidenta de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), asegura que la falta de acuerdo evidencia «la incapacidad absoluta del poder legislativo para llevar a cabo una de sus funciones esenciales, como es la renovación de los órganos constitucionales». La magistrada, decana de los juzgados de Madrid, reclama «la modificación del sistema de elección» de los vocales de procedencia judicial, «como Europa está reclamando».

«Es muy importante que se produzcan ya tanto la renovación como la modificación legal, que debe plasmarse en un compromiso irrevocable de reformar la ley para que los jueces elijamos a los jueces». La APM se resigna a que la próxima renovación se lleve a cabo todavía con el actual sistema –«el proceso se abrió hace tres años con unas determinadas reglas»–, pero defiende que el siguiente Consejo «no puede renovarse con el actual sistema por el Congreso y el Senado. Nos lo está demandado la Unión Europea».

“Los compromisos se quedan en nada”

A Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, el actual bloqueo le genera «desesperanza» y «frustración». «Hemos tocado fondo», alerta. «Desgraciadamente –constata– la anormalidad institucional se ha institucionalizado, porque el campo del enfrentamiento político ha sobrepasado los límites naturales en los que debe desenvolverse».

Según el magistrado, «lo ideal sería cambiar el sistema de elección antes de la renovación, porque los compromisos una vez PSOE y PP llegan a un acuerdo se quedan en nada». Pero para el portavoz de la segunda asociación más representativa de la carrera, «lo que verdaderamente sería inaceptable es que vuelvan a repartirse el Consejo, como llevan haciendo 30 años y ha pasado recientemente con el Tribunal Constitucional».

Fernández Vaquero es muy claro al respecto: «Hay que consensuar los nombramientos y ponerse a trabajar ya para reformar el sistema de elección. La voz de Europa es muy clara, pero aquí llega con sordina».

“No hay voluntad política”

«Ahora mismo lo que hay que hacer es renovar el Consejo», defiende la portavoz de la progresista Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD). Ascensión Martín califica la situación de «anormalidad democrática» de «insostenible» y admite que le produce «tristeza» que los partidos «no se pongan de acuerdo».

«Sólo falta sentarse y concluirlo. Todo el trámite está hecho. Me da la impresión de que no hay voluntad política, porque hay otras prioridades. Es lamentable», afirma la magistrada. La portavoz de JJpD cree que «el obstáculo es el cambio de modelo y la voluntad de hacerlo, pero ese compromiso se puede plasmar por escrito en cualquier momento». Eso sí, defiende que la renovación pendiente debe de hacerse «con el sistema actual».

Por su parte, el presidente de Foro Judicial Independiente, el magistrado Fernando Portillo, apunta que la falta de acuerdo «es la constatación del fracaso del actual sistema de elección: al ser una decisión totalmente politizada, depende de componendas políticas».

Para su asociación, «hay que renovar el modelo de designación antes de que se proceda a designar a los nuevos vocales, para evitar que vuelva a pasar lo mismo dentro de cinco años». De lo contrario, avisa, «nada impide que haya un compromiso de reformar la ley que después no se vaya a cumplir». El tiempo, dice, no es un problema. «Cuando se ha querido, las reformas legales se han hecho muy rápido».

El presidente de Foro Judicial Independiente denuncia asimismo que «la salud democrática de nuestro país no es la mejor, porque los políticos controlan al organismo que elige a los jueces que juzgan a esos mismos políticos, que han creado así un puente de plata en caso de que puedan ser juzgados».