«Da igual dos meses más de bloqueo del CGPJ que dos años»

El bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estuvo ayer muy presente en las conversaciones que acompañaron a los actos de celebración del Día de la Constitución. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Justicia, Pilar Llop, confirmaron que la negociación está encallada, y que las perspectivas, como ayer informó este periódico, son pesimistas.

El elemento determinante, aunque las dos partes le pongan sordina, es que tanto Sánchez como Pablo Casado están convencidos de que, llegados a este punto, para sus intereses es más costoso ceder, para forzar el pacto, que prolongar la situación actual. El análisis lo resume bien esta valoración interna que sale del lado de la coalición: «Ya da igual dos meses más de bloqueo que dos años».

En la pelea pública la discusión la resuelven con el habitual cruce de acusaciones sobre quién es más responsable del deterioro del Poder Judicial. Y marcando en el calendario nuevas referencias para ganar tiempo ante la presión jurídica.

Pero, en el fondo, el análisis es bastante parecido y, salvo que haya un terremoto que les obligue a recomponer la figura, ninguna de las partes confía ya en que pueda realmente haber un acuerdo en los próximos meses. No es un problema ni siquiera de nombres, sobre los que, de querer, ya hay un acercamiento de base que viene de la etapa de Juan Carlos Campos como ministro de Justicia.

El problema es más bien de coste de oportunidad. El PP no puede asumir el desgaste que le provocaría en clave política la decisión de dar marcha atrás en su exigencia de que la renovación vaya ligada a la reforma del sistema de elección de los jueces, de tal manera que sean los jueces los que nombren a los jueces.

Y Sánchez está en una situación parecida. Tampoco tiene espacio para salir de la «encerrona» sin que la reforma legislativa le ponga en aprietos con sus socios, más allá de que, además, ese cambio legal le coloque en una situación de «desventaja», o así lo creen en las filas socialistas, ante futuras renovaciones.

De momento, y en un escenario en el que las partes implicadas empiezan a asumir oficiosamente que el bloqueo puede llegar hasta las próximas elecciones, salvo causa mayor, el presidente del Gobierno utilizó la celebración de la conmemoración del aniversario de la Constitución para exigir al PP que cumpla de «pe a pa» todos sus artículos. El órgano de gobierno de los jueces acaba de cumplir los tres años con el mandato caducado.

Sánchez señaló a Casado al apuntar que «dos no bailan si uno no quiere». Pero no explicó los motivos de su negativa a afrontar la reforma del sistema de elección de los jueces en línea con lo que piden en Europa y con lo que reclaman todas las asociaciones judiciales, aunque no estén de acuerdo en el momento en que debe afrontarse esta revisión legislativa.

El PP tiene bien cogida la medida al Gobierno, y a sus socios, en esta negociación, y ha matizado su última condición con la obligada precisión de que la renovación pendiente tiene que hacerse conforme a las reglas en vigor. Pero también tiene que ir acompañada de la formalización en el Congreso de la reforma legislativa por parte del Grupo Socialista.

También el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, reconoció ayer en otro corrillo informal con los periodistas que la negociación está bloqueada y que no hay ningún tipo de avance.

En este bloqueo pesa, asimismo, la constatación por parte del Gobierno y del principal partido de la oposición de que sus respectivos competidores, en cada uno de los bloques, están «en condiciones de rentabilizar con descaro sus aproximaciones». Ya se vio con el pacto sobre el Tribunal Constitucional.

El PP tuvo entonces que cargar con la presión de las críticas de Ciudadanos y de Vox. Aunque le compensó por lo que mejoró a favor de sus intereses con el cambio en el perfil de sus representantes en el Alto Tribunal. Y al PSOE este pacto le provocó una crisis interna que se tradujo incluso en la ruptura de la unidad de voto dentro de su bancada parlamentaria.

La fragmentación del voto ha introducido en el tablero político la variable de que tanto a derecha como a izquierda entienden que los grandes acuerdos de Estado ya no suman a sus protagonistas. Y esto se traslada a todos los ámbitos y explica en buena medida el proceso que está acompañando a esta renovación del Poder Judicial. Desde el primer momento el PP ha encontrado excusas para retrasar el acuerdo, y Europa le ha puesto en bandeja la última justificación para no moverse de su posición. Bruselas ha hecho sus advertencias, y puede seguir apretando en esta materia, pero no hasta el punto de ahogar con los fondos comunitarios.

El programa de reconstrucción está ligado a los compromisos asumidos en materia económica y fiscal, pero no está condicionado a la reforma de nuestro sistema judicial. Aunque al PP le venga bien apretar al Ejecutivo por este flanco, los dos actores de la negociación saben que los fondos no corren peligro. El riesgo está para la institución en sí, pero tanto al Gobierno como al PP les pesa más el cálculo que hacen en clave política.