El Constitucional permite al magistrado Abascal continuar en la Audiencia Nacional

El Tribunal Constitucional permite que el actual magistrado Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Alejandro Abascal, permanezca en su puesto. Lo hace después de desestimar un recurso que la jueza Rosa María Freire -que investigó, entre otras cosas, la destrucción de los discos duros del PP- interpuso reclamando que la plaza debería ser suya porque tenía mejor puesto en el escalafón. Ese juzgado, además, se encuentra en una situación inusual con dos titulares que nunca se han llegado a incorporar por lo que, según fuentes jurídicas, será Abascal quien continúe en la plaza al menos de forma provisional.

Este asunto lo estudiará la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la última reunión que tengan antes de finalizar el año, pero todo apunta a que Abascal se queda, puesto que los vocales no ven sentido a volver a ofrecer una plaza que ya tiene dos titulares. El primero, Francisco de Jorge Mesas que se encuentra en un puesto en la ONU. Concursó al puesto que tuvo durante años Santiago Pedraz y se lo quedó en propiedad. Sin embargo, decidió que no regresaría de su posición en Viena este diciembre como estaba previsto y el CGPJ decidió sacar un segundo concurso. La ganadora por escalafón fue entonces Mercedes del Molino quien tampoco se llegó a incorporarse al solicitar apartarse de la carrera en servicios especiales como asesora de la ministra de Justicia, Pilar Llop.

Ante esta circunstancia, con dos jueces que en algún momento pueden volver y tienen derecho a su plaza en la Audiencia Nacional, fuentes del CGPJ no ven razonable un tercer concurso. Abascal no es titular, sino que fue designado de forma discrecional por los vocales, primero para ocupar otro juzgado y, luego, para suplir este puesto hasta que el propietario llegara. La magistrada Freire decidió emprender una batalla en los juzgados porque consideraba que la elección de Abascal no había sido motivada con criterios objetivos.

Primero recurrió ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo y, luego, ante el tribunal de garantías que ha rechazado de plano el asunto sin entrar al fondo de la cuestión. En el recurso, al que tuvo acceso LA RAZÓN, Freire alega que se ha violado su derecho a acceder a los poderes públicos y el derecho a la igualdad. Dice que en las designaciones del CGPJ “se vulneran sistemáticamente” los derechos fundamentales de los candidatos y se premia la pertenencia a las asociaciones mayoritarias”. Para la recurrente no existe un baremo establecido previamente a la convocatoria de la plaza que permita deducir a priori qué candidato será el que más puntuación obtenga.

En el momento de la designación Abascal ostentaba el puesto 4.212 en el escalafón, mientras que ella aparecía en el número 1.271, pero el magistrado había ocupado el mismo puesto durante seis meses en 2016 y el Supremo le dio la razón a él. Señaló que estas designaciones discrecionales lo que buscan es “atajar situaciones de especial gravedad en nuestro sistema judicial”. Por tanto, los magistrados opinaron que el criterio de elección se hace en función de cada una de las circunstancias y, en este caso, la experiencia previa de Abascal “se revela como un elemento muy eficaz para lograr esa meta prioritaria de normalizar lo antes posible el juzgado”. El Constitucional ha puesto punto y final a esta pugna.

Otros dos magistrados renovados

Dentro de los seis Juzgados de instrucción que tiene el órgano que investiga el terrorismo en España también en el número 6 se da una situación excepcional. El titular Manuel García-Castellón comparte el trabajo de sus resoluciones con otros dos jueces que le ayudan a destaponar causas como Púnica que lleva 7 años de investigaciones, o Tándem que tiene una treintena de piezas separadas.

El CGPJ en su reunión del pasado 2 de diciembre también renovó a estos dos apoyos. Por un lado, a Joaquín Gadea quien se encuentra como magistrado de refuerzo y cuya plaza está adscrita al Tribunal Superior de Justicia de Madrid; y, por el otro, a Daniel González Uriel que llegó el pasado mes de julio del Juzgado de Instrucción de Arousa (Pontevedra).