El PP tantea a PNV y ERC para tumbar la reforma laboral

Pablo Casado votará que «no» a la reforma laboral que el Gobierno ha pactado con los sindicatos y con la CEOE. Pero la respuesta de la dirección popular a este acuerdo con los agentes sociales no se queda ahí. Génova ha puesto ya en marcha una ronda de contactos con los demás grupos, y esto incluye también a PNV y a ERC, para hacer un frente común y tumbar el Real Decreto que contiene el pacto, y que tiene que ser convalidado en el Parlamento. La tesis del PP es que lo que se quiera hacer en el mercado laboral, «tiene que hacerse a través de una ley».

«El Gobierno pretende hacer algo imposible, poner de acuerdo a los empresarios y a sus socios. Sólo quieren una reforma cosmética para decir que han cambiado algo, cuando lo que realmente están haciendo es perjudicar a los trabajadores», justifican en el principal partido de la oposición.

La reforma laboral amenaza con marcar un punto de inflexión en la relación del Gobierno con sus socios, que ya han anticipado su negativa a suscribir un acuerdo en el que no han participado. Ni siquiera será fácil el entendimiento con el PNV, que quiere que se respete el ámbito de decisión vasca. Y, por ello, el PSOE puede verse obligado a explorar la vía de Ciudadanos: el partido de Inés Arrimadas necesita dar alguna utilidad a sus diez escaños, y este tema le ofrece una salida sin incurrir en graves contradicciones programáticas, a la vez que puede apelar al discurso de su compromiso con el sentido de Estado porque es una de las reformas pactadas con Bruselas en la negociación del reparto de los fondos de reconstrucción. La UE no entra en el contenido de la modificación de nuestro mercado laboral, más allá de que esté orientada a reducir la precariedad, la temporalidad y la altísima tasa de empleo juvenil.

La reforma laboral ha sido una bandera clave para la izquierda antes de llegar al Gobierno, y ahora tiene que enfrentarse a sus mensajes contradictorios sobre aquel compromiso de derogar el modelo del Gobierno de Mariano Rajoy. Promesa que, en lo nuclear, se ha quedado en nada.

En medio de estas severas divergencias en la mayoría de la investidura el PP quiere ver una oportunidad para recuperar la interlocución con otros grupos parlamentarios. Ya ha tanteado al PNV en otras ocasiones, y los nacionalistas vascos han respondido con educación, pero dejando también claro que no entran en ninguna ecuación a futuro en la que esté Vox, y no tanto ya por ellos, como por las exigencias que fijará Santiago Abascal.

Los socios, también Podemos, pueden hacer que el Gobierno pase momentos complicados en el Parlamento, pero, tanto como para abrirse a acuerdos transversales con el PP, es, posiblemente, esperar mucho del marco político que deja la negociación sobre la reforma laboral. Les une la oposición a «una modificación de mínimos», aunque no coincidan en los cambios que añadirían al pacto ni en la identificación sobre los sectores económicos que creen que salen peor parados.

En cuanto a hechos concretos, los días de reflexión de Navidad sí han servido para que Casado se reafirme en su oposición a la reforma laboral y desoiga tanto las llamadas del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, como de otros interlocutores que han intentado mediar para que el PP no se oponga al acuerdo. De hecho, a Génova han llegado papeles de la parte vinculada a la CEOE dirigidos a convencer a Casado de que reconsidere su postura «porque el pacto no toca las dos patas principales de la reforma laboral de Rajoy, la flexibilidad interna y el abaratamiento del despido». La ruptura con Garamendi no tiene marcha atrás, y el líder de los empresarios tendrá que gestionar solo la oposición dentro de la patronal que le ha consolidado su acuerdo con el Gobierno y con los sindicatos.

Sobre Casado tampoco hace mella el argumento de que «este acuerdo de mínimos» es una garantía para tranquilizar a Bruselas y facilitar el desembolso de los fondos europeos. La dirección popular ha llevado a las instituciones europeas su oposición y sus críticas al Gobierno de coalición en el plano judicial, por ejemplo, y también han empezado a hacerlo en el ámbito económico. El Gobierno les ataca por este flanco, pero el PP les espera con el «arma» cargada: si la economía no marcha como Pedro Sánchez cree que va a evolucionar, la idea de Moncloa de que Bruselas dejará de presionar a España, porque ya tiene una reforma laboral y de pensiones, «se caerá por su propio peso». O así creen en Génova que sucederá. «Si la economía no avanza bien, la presión de Bruselas crecerá para exigir nuevas reformas, y el Ejecutivo tendrá serios problemas en el Parlamento para contestar a las presiones comunitarias».

El PP también arranca el nuevo curso político con la idea de centrar la oposición en lo que llaman la «microeconomía». Retomarán la actividad parlamentaria volviendo a la carga con la ley para bajar la factura de la luz, y Casado centrará la oposición del primer semestre en la economía doméstica. El año se despidió con una cifra de inflación que ha superado todas las malas previsiones, y éste es un factor que afecta a las cuentas públicas, por sus consecuencias en partidas de gasto como las pensiones o el sueldo de los funcionarios, pero también lesiona el día a día de la calle. En servicios y productos esenciales, y en un clima de ahorro conservador por parte de las familias, que ven cómo sus cuentas y depósitos valen cada vez menos. En este empobrecimiento general es donde el PP cree que hay espacio para presentar una alternativa y hacer oposición al Gobierno, ya que «ahí no llegarán los fondos ni se notará esa rápida recuperación que pregonan en Moncloa».

Ayer, el líder del PP reclamó que se abra el Congreso en enero, pese a ser un mes inhábil a efectos parlamentarios, porque «España no está para que el Gobierno se vaya de vacaciones». A través de su cuenta de twitter, Casado apuntó ya hacia esa microeconomía sobre la que quiere sostener su oposición en los próximos meses: «Es necesario tomar medidas contra la inflación y el precio de la luz, controlar el caos de la sexta ola de Covid-19 y el reparto a dedo de los fondos UE».