El Tribunal a punto de concluir si Delgado debe aportar el expediente Stampa

La primera sentencia sobre el denominado «caso Stampa» está a punto de llegar, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se haya pronunciado sobre las pruebas que admite y las que no en el procedimiento que ha puesto en una situación incómoda a la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado. En el Consejo Fiscal del pasado martes, los vocales de la Asociación de Fiscales (AF) volvieron a solicitar a Delgado el expediente del que fuera trabajador en Anticorrupción Ignacio Stampa. Ahora, los tribunales decidirán si éste debió haberse entregado desde un principio.

En un auto al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la Sala de lo Contencioso-Administrativo admite varias pruebas que Stampa -que además de esta demanda ha interpuesto otra reclamación ante el Ministerio de Justicia para ser indemnizado- había aportado. Se trata de material documental que tiene que ver con su propia investigación (la Fiscalía de Madrid indagó si había cometido un delito de revelación de secretos por dar información a una abogada de Podemos) y con la causa «Tándem», de la que él estaba a cargo hasta que Delgado decidió no renovar su plaza en la Fiscalía Anticorrupción. Él defiende que su puesto no fue convalidado por intereses «personales» de la Fiscal General en el procedimiento, algo que ella siempre ha negado tajantemente recordando que Stampa no obtuvo ningún voto para continuar en la Fiscalía contra la corrupción.

Por otro lado, en este auto del 3 de enero, los magistrados deniegan al fiscal demandante el acceso completo a su expediente como prueba, precisamente porque es «el objeto del litigio». El Tribunal debe resolver si él tiene derecho a acceder a todas las comunicaciones internas que la Fiscalía mantuvo mientras se le estaba investigando. Esto incluye los correos en los que la mano derecha de Delgado, el jefe de la Secretaría Técnica Álvaro García Ortiz, «sugirió» al fiscal que lideraba la investigación que no archivara todavía porque faltaban diligencias por hacer. Para Stampa supone una intrusión directa en el trabajo del Ministerio Público y detrás solo puede estar la Fiscal General del Estado porque es quien orgánicamente podía dar órdenes. Para las fuentes consultadas en la Fiscalía General, en cambio, se trata de un proceso totalmente habitual en muchos procedimientos delicados y si el tribunal decide que el acusado puede ver los correos internos de la Fiscalía se impondría un peligroso precedente.

El Tribunal rechaza también una prueba que había solicitado la parte demandada que, según las fuentes conocedoras de la causa, se trataba del acta de la reunión del Consejo Fiscal en el que todos los vocales estuvieron de acuerdo en retirarle el procedimiento al fiscal instructor en un principio, Carlos Ruiz Alegría, para que lo continuara el entonces fiscal jefe de Madrid, Jesús Caballero Klink. Un trámite que se produce cuando desde la Fiscalía General se sugiere que continúen las indagaciones contra Stampa y Ruiz Alegría se opone. La investigación la termina Klink quien finalmente también archiva. Los magistrados no creen que esto aporte nada en este caso y rechazan la prueba «por innecesaria para la resolución del litigio».

Ahora Stampa tiene 10 días para presentar su escrito de conclusiones y luego, la Abogacía del Estado en defensa de Delgado, que ya se ha pronunciado en este procedimiento como contó este periódico, aclarará las suyas. Lo siguiente, la sentencia.