La Abogacía defiende a Delgado en el «caso Stampa», pero no impugna los correos de la Fiscalía

La Abogacía del Estado ha salido en defensa de la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, en el «caso Stampa», y lo ha hecho en el marco de la demanda interpuesta por el fiscal afectado, Ignacio Stampa, que estudia ya el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). El que fuera fiscal Anticorrupción acusa a Delgado de maniobrar para relevarle del cargo por «intereses personales» en el caso relativo a Villarejo. Los servicios jurídicos del Gobierno alegan que las comunicaciones internas de la Fiscalía son secretas, pero no han impugnado una parte clave del procedimiento: los correos internos del Ministerio Público.

El escrito de la Abogacía data del pasado 27 de noviembre, según ha podido saber LA RAZÓN, y defiende que si Delgado actuó para que la investigación incoada contra Stampa por un presunto delito de revelación de secretos siguiera abierta, lo hizo amparada por la confidencialidad que recubre las comunicaciones en la Fiscalía. Él ha recurrido a la vía contenciosa para saber si tiene derecho a conocer todo sobre el proceso que lo mantuvo como investigado por pasar supuestamente información a una abogada de Podemos en el caso «Tándem» y que, finalmente, se archivó. Todo incluye también las órdenes o «sugerencias» que Delgado o su entorno (en este caso el fiscal Jefe de la Secretaría Técnica, Álvaro García Ortiz) dieron al instructor de la Fiscalía de Madrid para que dilatara las indagaciones contra Stampa y no las archivara antes del Consejo Fiscal en el no fue reelegido para la plaza en Anticorrupción.

Asimismo, los servicios jurídicos del Gobierno recuerdan un detalle importante, según estas fuentes, y es que los denunciados eran dos: Stampa y el otro fiscal del caso, Miguel Serrano (que sí consolidó su plaza).

La reunión en la que se decidieron los nombramientos sucedió el 27 de octubre de 2020 y, justamente un año después, Stampa ha emprendido una batalla legal con dos vertientes. La primera, este contencioso-administrativo que, tras la respuesta de la Abogacía del Estado, queda a la espera de que la Sala analice los documentos aportados y dicte sentencia.

La segunda, una reclamación patrimonial ante el Ministerio de Justicia en la que pide más de 100.000 euros de indemnización. En esta, Stampa denuncia que el «anormal funcionamiento de la Administración a través del Ministerio Fiscal» le ha causado «graves perjuicios» en su carrera profesional, el prestigio y la imagen pública. El denunciante considera que Delgado debió haberse abstenido en la votación sobre su plaza por tener un «interés personal y directa» en torno a la causa que estaba investigando. Indica que no hubo causas justificadas para que el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, que en ese momento era Luis Navajas, se ausentara de la votación y, como colofón a todo esto, se ocultó que el expediente abierto tenía ya dos propuestas de archivo. Nadie iba a elegir a un fiscal que estaba siendo investigado, pero si sus compañeros hubieran sabido que el procedimiento estaba prácticamente cerrado quizás las cosas hubieran sido diferentes, viene a decir Stampa en su escrito.

De hecho, si no se archivó fue porque la mano derecha de Delgado, García Ortiz, «sugirió» que se practicaran más diligencias, como muestran una serie de correos publicados por este periódico. El revuelo a raíz de estas dos demandas y la difusión de los correos internos de la Fiscalía provocaron que el pasado 24 de noviembre tanto el jefe de la Secretaría Técnica como el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, acudieran al Consejo Fiscal a dar explicaciones. Ambos defendieron que Delgado no tuvo nada que ver en estas intervenciones y negaron que tuviera un interés espurio en la causa donde, explicó Luzón, también aparecen otros fiscales y jueces por el afán de Villarejo de aparentar que se relacionaba con personas influyentes.

La Asociación de Fiscales estudia acciones legales

Todas estas explicaciones fueron insuficientes para la Asociación de Fiscales (AF) -mayoritaria en la carrera- que pidió por escrito a Delgado que le diera una lista de los abogados que ejercían en «Tándem» para ver si el despacho de su pareja, el exjuez Baltasar Garzón, estaba entre ellos; así como que les aportara el expediente íntegro del «caso Stampa»; e instaron a la dimisión de la Fiscal General del Estado.

Ésta contestó por escrito, tal y como adelantó este medio, que estaba dispuesta a aportar el expediente si el fiscal afectado daba su consentimiento. Pero la Asociación considera que ellos no deben solicitar el «ok» a Stampa, sino que es un trámite que debe hacer jefa de la Fiscalía. Ante esta encrucijada de posturas, fuentes de la AF añaden que están estudiando las vías legales que tienen ahora y que pasan por recurrir el asunto ante los tribunales.