Choque en la Fiscalía por la negativa de Delgado a proporcionar el expediente del “caso Stampa”

Los vocales de la Asociación de Fiscales piden a la Fiscal General que les dé una lista de los abogados que intervienen en el “caso Villarejo” para ver la relación con Baltasar Garzón

La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, a su llegada para comparecer en una Comisión de Justicia en el Senado, a 18 de noviembre de 2021, en Madrid, (España).
La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, a su llegada para comparecer en una Comisión de Justicia en el Senado, a 18 de noviembre de 2021, en Madrid, (España). FOTO: Isabel Infantes Europa Press

Un Consejo Fiscal “duro”, coinciden todas las fuentes consultadas, después de que este miércoles los vocales de la Asociación de Fiscales (AF) y los de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) se hayan enfrentado abiertamente a raíz del “caso Stampa”. Después de escuchar las explicaciones de la mano derecha de la Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, y del fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, los vocales de la AF no han quedado satisfechos y han solicitado por escrito a Dolores Delgado que les facilite el expediente completo de la investigación que se le abrió a Ignacio Stampa, así como una lista de todos los abogados que intervienen en el “caso Villarejo” para cotejar si la actual pareja de Delgado, Baltasar Garzón, ejerce como abogado de alguno de los acusados.

El primero en intervenir fue Luzón, como invitado especial puesto que no es miembro de este órgano asesor, que hizo un relato “extenso” del caso Tándem (o caso Villarejo) para poner en antecedentes a sus compañeros. Defendió que en la causa no hay ningún reproche penal para Delgado ni nada que justifique que cometió alguna irregularidad, ni siquiera en la pieza número 4, conocida como “Pit”, sobre la extradición de los Pérez Maura, en la que aparecen unos audios suyos. Explicó Luzón que también hay audios y notas de otros muchos fiscales y jueces y que esta era la fórmula que tenía Villarejo para traficar con influencias y conseguir la confianza de muchos.

Otra de las cuestiones que contestó el jefe de Anticorrupción es que la salida de Stampa de su Fiscalía (el Consejo Fiscal en octubre de 2020 no lo renovó en su plaza provisional después de 6 años) no ha supuesto ninguna merma de la calidad de las pesquisas. Se ha colocado a otros compañeros “de lo mejorcito” que, además, tienen un perfil más “discreto”, sin ningún interés por relacionarse con la prensa.

Los vocales de la Asociación de Fiscales -mayoritaria en la carrera- no hicieron preguntas a Luzón, cosa que molestó luego a Dolores Delgado porque a ella sí le pidieron explicaciones posteriores. Delgado no ha entregado el expediente de la investigación que se le abrió a Stampa para dilucidar si había cometido un delito de revelación de secretos dando información a la abogada de Podemos personada en la causa. Y no lo ha dado escudándose en el secreto de las actuaciones.

Unos argumentos que no han convencido a la asociación conservadora que, tras el Consejo, han difundido un comunicado para mostrar su preocupación por el daño que se está haciendo a la carrera y para solicitar que se les entregue por escrito: un listado de los abogados que intervienen en Tándem; el expediente íntegro por el que se investigó penalmente a Stampa; también el que se abrió en la Inspección de la Fiscalía; y, si lo hubiera, la abstención de la Fiscal General del Estado en la apertura de las diligencias.

Precisamente en esto se ha centrado la segunda de las intervenciones, la del jefe de la Secretaría Técnica. Álvaro García Ortiz, que fue quien envió los correos a la Fiscalía de Madrid para “sugerir” que se dilatara la investigación a Stampa, ha remarcado que fue él y solo él quien estuvo al tanto de las indagaciones y que cree que el trabajo de su Unidad se basa exactamente en intentar que las investigaciones se lleven correctamente a término.

El 5 de octubre el Fiscal Superior de Madrid entonces, Jesús Caballero Klink, informó de su intención de archivar el “caso Stampa”, pero García Ortiz creyó que no debía hacerse hasta que al menos se tomara declaración al abogado José Manuel Calvente (denunciante del “caso Neurona”) y, además, se recabaran los chats que supuestamente incriminaban a Stampa. La Fiscalía de Madrid completó lo primero, pero no lo segundo y manifestó su intención de volver a archivar el caso el 23 de ese mismo mes, es decir, cuatro días antes de que se celebrara el Consejo Fiscal en el que se decidía si Stampa continuaba o no en Anticorrupción.

Stampa acusa a Delgado de hurtar esta información sobre la pretensión del archivo a sus compañeros y, como consecuencia, recibió cero votos en la reunión que le apartó de su puesto. Sin embargo, en un encuentro con periodistas el propio fiscal jefe de la Técnica ha defendido que él nunca vio ese correo que decretaba el archivo porque llegó al mail genérico (no al personal) un viernes a las 12:25 de la tarde. No fue hasta el lunes cuando se lo reenviaron y como el Consejo Fiscal era el martes no le dio tiempo a leerlo. En cualquier caso, él sugirió la continuidad de las actuaciones y cree que se hizo bien porque eso demuestra que los mecanismos de corrección de la propia Fiscalía funcionan.

En esta línea, la Asociación de Fiscales ha reprochado a Delgado no haberse abstenido en la votación de las plazas de Anticorrupción. Creen que debía haberlo hecho por su vínculo con Garzón y que, si no quiso conocer qué estaba pasando con la investigación de Stampa, entonces tampoco debió haber decidido sobre el destino de su carrera. La Unión Progresista de Fiscales, por el contrario, defiende que no hay ningún mecanismo previsto en el Estatuto Fiscal que diga que ella debería haberse apartado por motivo alguno. Además, valoran muy positivamente la reunión de este miércoles: “creemos que se ha hecho un esfuerzo de transparencia muy importante para desmontar la versión que se ha dado en los medios de comunicación”, indican los vocales de esta asociación.

Los nuevos puestos se publicaron en el BOE en noviembre de 2020, pero Stampa no recurrió en ese momento a la vía jurisdiccional administrativa. Ahora, una vez su caso ha quedado totalmente archivado, sí ha llegado a Delgado a los tribunales. Por un lado, ha interpuesto una reclamación en el Ministerio de Justicia de más de 200.000 euros por daños patrimoniales y, por otro, ha recurrido ante lo Contencioso-Administrativo que se apartara de su investigación los correos que García Ortiz envió al instructor.