Moncloa busca cerrar ya la polémica de Garzón: “Nos está desgastando”

Cambio de tono. El Gobierno da un giro de timón en la estrategia que había desplegado para abordar la polémica que el ministro de Consumo generó a partir de sus declaraciones en «The Guardian» sobre las macrogranjas. Si bien en un primer momento el ala socialista del Ejecutivo reaccionó con beligerancia, siguiendo la línea de algunos presidentes autonómicos del PSOE y desautorizó a Alberto Garzón, el objetivo ahora es cerrar el asunto cuanto antes. «Hay que pasar página», advierten fuentes gubernamentales, que reconocen en privado que la controversia «nos está desgastando». Contrasta esta actitud con la que desplegó el propio Gobierno a principios de semana, cuando lejos de dar carpetazo a la cuestión, Moncloa parecía alimentarla con un carrusel de intervenciones públicas del titular de Agricultura, Luis Planas, para fijar la posición oficial del Gabinete.

La estrategia ha resultado un fracaso para las expectativas del Gobierno. La polémica se ha dilatado «más de lo deseable» y así lo admiten desde Moncloa, conscientes de que han sido ineficaces sus intentos de desactivarla. De este modo, muestran su sorpresa por llevar «más de una semana con este asunto» y, sobre todo, por no haber sido capaces de colocar su mensaje. El problema para el PSOE es que se encuentra atrapado entre dos visiones: la del PP, que se ha posicionado inequívocamente con el sector ganadero, y la de Unidas Podemos que ha enarbolado la bandera verde y las opciones más ecologistas y sostenibles. En este contexto, los socialistas han quedado desdibujados entre la contradicción de exhibir su compromiso «total» con el sector primario –por encima del respaldo a su titular de Consumo– y de mantener una hoja de ruta para la España 2030 que cuestiona la proliferación de las macrogranjas.

«Es una polémica que no favorece ni gusta al Gobierno», dijo ayer la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, en una entrevista en Telecinco. «A pesar de que este ruido no nos gusta y no favorece al Gobierno, nos ha permitido dejar claro cuál es la posición del Gobierno», intentó justificar, consciente de la dificultad para imponer esta posición en todo el enredo creado. Las declaraciones de Rodríguez marcan la pauta que han seguido también otros miembros del Gabinete, calificando la polémica como «artificial» o incluso, en el caso de la vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, asegurando que Garzón no tendría razones para dar un paso a un lado, como sí se pedía desde otros sectores. «No creo que haya un motivo ni para cesar ni para dimitir», aseguró en la que podría considerarse la primera declaración de respaldo al titular de Consumo desde el ala socialista.

En todo caso, en Moncloa han optado por poner pie en pared al advertir que Podemos está haciendo un uso electoralista de la cuestión, que ha permitido a los morados abrirse un hueco dentro de la precampaña en Castilla y León, donde estaban totalmente desaparecidos. Ahora, con la polémica de las macrogranjas han visto una oportunidad para contraponer su modelo de ganadería con el del PP, pero también con el del PSOE. El ala socialista del Gobierno calificó en un primer momento de «desafortunadas» las declaraciones de Garzón por considerar que llegaban en un momento muy inoportuno.

En primer lugar, porque se producen en un contexto electoral en el que el PSOE se juega mucho. Tras la debacle del 4-M en la Comunidad de Madrid, los socialistas temen que sendas derrotas en Castilla y León y Andalucía –las próximas citas de 2022– apuntalen la sensación de que la socialista es una marca perdedora, lo que lastraría sus opciones de cara a las municipales y autonómicas de 2023, pero, sobre todo, a las generales, en las que Pedro Sánchez pone en riesgo la reelección. De cara a este nuevo ciclo electoral, tal como informaba ayer este diario, en el Gobierno asumen que las discrepancias entre los socios se irán magnificando, de manera que cada uno marque perfil y distancias con la vista puesta en su electorado.

Sin embargo, con dos años todavía por delante, cunde el temor a que la convivencia se haga imposible y que los réditos de la acción de gobierno queden silenciados por los «decibelios» que Sánchez ya ha llamado a rebajar varias veces en público a rebajar. En este sentido, el Gobierno tiene un horizonte complicado para lograr revertir el contexto adverso –precio de la luz e inflación, entre otros– y cumplir el compromiso de una recuperación justa en el que quiere enfocar su agenda legislativa para 2022. Esto, con un calendario plagado de citas electorales y con la percepción en la calle de que el Ejecutivo, que se dice el «más progresista de la historia», no atiende como prioridad a los intereses de las clases medias y trabajadoras, sino a las de los grandes empresarios y sectores más acomodados. La tormenta perfecta.