La Policía alerta a Marlaska: no hay medios para luchar contra las bandas juveniles violentas

Robos con violencia e intimidación, reyertas, ajustes de cuentas, agresiones... la escalada de violencia en Madrid se cobraba este fin de semana la vida de dos jóvenes, uno de ellos menor de edad. El auge de los grupos juveniles violentos ha provocado una grave crisis de seguridad ante la que ya han reaccionado tanto la Comunidad de Madrid, como los empresarios del ocio nocturno, que han reclamado una reunión urgente con la delegada del Gobierno, Mercedes González. Entre las primeras exigencias, un plan de control de armas blancas y la presencia de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional.

Pero, ¿cuenta la Policía con medios suficientes para hacer frente a esta situación? La respuesta es sencilla: no. Desde la Confederación Española de Policía (CEP) han reclamado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, una revisión urgente de la estrategia policial de lucha contra los grupos juveniles violentos. El resurgir de las bandas latinas, que cada vez actúan con mayor intensidad y agresividad, pone en jaque a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que se ven atados de pies y manos ante la escasez de recursos.

La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ofreció al Ministerio del Interior una serie de convenios para facilitar que policías y guardias civiles vengan a Madrid, a través de planes de vivienda, pero aún “no ha recibido respuesta”. Y, si bien es cierto que se ha realizado un refuerzo de la Brigada Provincial de Información de la capital, tal y como exigió este sindicato policial en 2021, no es suficiente. “Creemos necesario renovar ese refuerzo de las capacidades operativas para hacer frente a esta amenaza contra la seguridad ciudadana de los madrileños y de todos los españoles”, insisten.

Bandas: miedo a denunciar

Además, desde la CEP señalan que al incremento de sucesos que requieren de intervención policial, hay que sumar el número de recursos que se dedican a acreditar en sede judicial que los detenidos por este tipo de agresiones forman parte de una organización criminal. A su juicio, es necesario un plan integral de formación para los policías de las unidades de Seguridad Ciudadana, que permita “anticiparse a las actividades violentas de las bandas, detectar y aflorar aquellos delitos que por miedo no se ponen en conocimiento de la Policía Nacional o el resto de Cuerpos de Seguridad del Estado”.

Este tipo de delincuencia contempla una elevada cifra “negra” de delitos que no se denuncian, bien por el secretismo que rodea la actuación de estas bandas, bien por “el miedo y el temor de las víctimas a sufrir represalias si formulan denuncias”. Este es el motivo por el que la Fiscalía Provincial de Madrid calificó estas bandas como un “grave fenómeno” y alertó sobre la “enorme dificultad a la hora de abordar el análisis de la problemática”. A saber: en todo 2020 solo se produjeron ocho denuncias, con un total de 25 personas detenidas por pertenencia a organización criminal.

Control de armas

Los machetes se han convertido en la seña de identidad de este tipo de bandas. Su adquisición es tan sencilla como acudir a una tienda deportiva o de caza. En este sentido, desde este sindicato policial exigen una modificación del Reglamento de Armas para quelos machetes sean considerados armas prohibidas. Y no solo eso, reclaman un control exhaustivo y real de su venta, como ya ocurre con otro tipo de material susceptible de ser empleado en este tipo de ataques violentos, y que se establezcan sanciones administrativas específicas y de mayor entidad.

Y si de renovar se trata, desde la CEP señalan que la Instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad, que regula el tratamiento policial de los grupos juveniles violentos, data del año 2014, por lo que ya está “desfasada”. Prueba de ello es, a su juicio, que “no contempla la nueva realidad de la violencia juvenil (que va más allá del origen latino de los miembros de estas bandas, en las que ya se integran a veces jóvenes de otras nacionalidades e incluso de origen español)”. En definitiva, piden una actualización de ese documento y medidas de prevención más concretas, en función del análisis realizado por los especialistas de las Brigadas de Información de la Policía Nacional.