Cientos de funcionarios de las cárceles vascas negocian todavía sus condiciones por el traspaso de competencias

Toda la polémica en torno a los contactos entre el responsable de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, y emisarios de presos de ETA ha pillado a los funcionarios de prisiones vascas en medio de la negociación de sus condiciones. El traspaso de competencias del Gobierno al Ejecutivo autonómico se hizo efectivo el pasado mes de octubre, pero las condiciones laborales de los 619 trabajadores todavía no están definidas. Se han dado dos años de prórroga de las actuales, pero lo que finalmente se decida en El País Vasco -donde tienen un plus salarial, por ejemplo- puede afectar también al resto de cárceles porque los sindicatos no están dispuestos a quedarse atrás en los demás territorios.

El último concurso de traslados acaba de resolverse y finalmente no ha sido “la avalancha”de huidas que en un principio pareció que iba a haber, explican fuentes penitenciarias. Cuando se anunció que se iniciaba el proceso para cambiar los puestos de trabajo la incertidumbre de qué pasaría con el traspaso de competencias y cómo quedarían sus condiciones provocó un número muy elevado de peticiones de marcha. Pero cuando se llegó a un principio de acuerdo para prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2023 las actuales hasta que se establezca un convenio propio, este número se redujo. Finalmente, y según datos facilitados por los sindicatos a LA RAZÓN, Euskadi solo pierde 15 trabajadores.

De las tres prisiones que hay en ese territorio el mapa ha quedado de la siguiente forma: En la de Álava se han marchado 49 funcionarios, pero han llegado otros 47; en la de Basauri (Vizcaya) se han ido 9 y han llegado 2; y en la que se ubica en San Sebastián se marchan 22, pero entran 16. El total de las vacantes que ya existían antes y las que se suman ahora son 54 entre todos los centros que el Gobierno vasco tendrá que cubrir, quizás, con una oferta de empleo público.

A partir de aquí comienzan a negociarse las condiciones de los trabajadores. Se decidirá en una mesa delegada en la que están presentes cuatro sindicatos -CCOO, ELLA, LAB y Acaip-ugt- de un lado y el Ejecutivo que preside Iñigo Urkullu del otro. Por el momento no se han reunido, según fuentes conocedoras de la situación, porque se han dado un margen para valorar lo que cada cual quiere poner sobre el papel, pero los contactos empezarán pronto.

Las dudas sobre sus condiciones versan, por un lado, en las condiciones salariales ya que en ese territorio siempre se ha incluido un plus salarial -que a efectos prácticos viene a ser unos 400 euros más que el resto de los funcionarios de España-; así como en la estructura organizativa, puesto que el Gobierno vasco tendrá que establecer la relación de los puestos de trabajo que quiere en su territorio.

También tendrán que revisarse las jornadas laborales. Las prisiones vascas han sido consideradas desde inicios de los años 90′ una categoría especial dentro de Instituciones Penitenciarias, en la que además se incluye la cárcel de Navarra. Esto tiene que ver, precisamente, con la banda terrorista ETA. Si bien los presos vascos tradicionalmente no se han encarcelado allí por la política de dispersión que se había practicado hasta la llegada del actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la peligrosidad de trabajar en una zona donde los terroristas tenían como objetivo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado era evidente. Por eso, se accedió no solo al complemento salarial, sino también a un mayor número de permisos, por ejemplo, para poder visitar a sus familias que muchas veces no vivían dentro de la comunidad autónoma.

Problema derivado para Interior

Los funcionarios no están dispuestos a dejarse estos derechos adquiridos negociando, pero esto puede abrir también una brecha dentro del Ministerio del Interior porque el resto de trabajadores de prisiones tampoco va a dar su brazo a torcer: quieren las mismas condiciones.

Para las fuentes sindicales consultadas ya no tiene sentido que estos territorios tengan unos privilegios sobre el resto porque ahora son extrapolables a muchos otros. Por ejemplo a las islas Canarias o Baleares por su problema de comunicaciones, o a la delincuencia organizada que crece en la Costa del Sol. La idea no es bajar las condiciones de todos, sino subir la de los demás territorios. Y en eso llevan los sindicatos años.