El Tribunal Supremo revisa la condecoración militar a Garamendi

El Tribunal Supremo (TS) tramita una demanda presentada por un capitán retirado que reclama que se retire al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco, que el Gobierno le otorgó en junio del pasado año, al considerar que la resolución por la que se le concedió adolecía de una «ausencia total de motivación».

Jesús L. L. presentó en julio de 2021 un recurso contencioso administrativo contra esa decisión ante la Sala Tercera del alto tribunal. El capitán retirado esgrimía que en Garamendi no se atisba «mérito militar alguno» para ser merecedor de que se le concediera «la máxima recompensa militar» a un civil en tiempo de paz. Según exponía, esa distinción «a todas luces aleatoria e injustificada» afecta al «prestigio» de todas las condecoraciones concedidas.

Un supuesto desprestigio que, subraya, “se pone más de manifiesto cuando vemos que a los militares (y civiles) que se han jugado la vida en la evacuación de Kabul les ha sido concedida una condecoración de inferior grado”.

Y es que, precisamente, el militar retirado funda su legitimación para recurrir la decisión de Defensa en que a él mismo se le concedió en 1983 la Cruz del Mérito Aeronáutico con distintivo blanco.

Para el recurrente, se trató de «una decisión política en agradecimiento a servicios prestados por la organización patronal en las negociaciones con el Gobierno y sindicatos, motivación totalmente ajena al ámbito de la Defensa». Y hace hincapié en que se le concedió esa condecoración «por haber contribuido de forma relevante a la culminación de proyectos de gran interés y trascendencia para el Ejército de Tierra». Algo que considera una motivación «estereotipada» impropia de la que requiere «un acto administrativo de tanta relevancia».

“Erradicar la arbitrariedad”

En el informe del ex JEME Francisco Javier Varela (quien según Defensa fue quien propuso la condecoración a Garamendi) la justificación de los méritos del presidente de la CEOE -sostiene el demandante- “es tan genérica” que “demuestra la inexistencia de los mismos”. Para el militar retirado, hubiese resultado más apropiado, si lo que pretendía el Gobierno era condecorar al empresario, haberle distinguido con la Orden de Isabel la Católica o la Orden del Mérito Civil.

Según argumenta en su demanda, la motivación de las resoluciones administrativas -que en este caso, según denuncia, brilla por su ausencia, por lo que pide que se revoque y se deje sin efecto la distinción otorgada- buscan “erradicar la arbitrariedad” y dar a conocer las razones por las que la Administración adopta una decisión, “posibilitando así el ejercicio de los recursos”.

En un escrito, la Abogacía del Estado niega que el demandante esté legitimado para recurrir la decisión de Defensa y subraya que el militar retirado “no sufre ningún perjuicio” como consecuencia de la concesión a Garamendi de la Gran Cruz del Mérito Militar, pues “en nada afecta ni cuestiona los méritos en base a los cuales se concedió la condecoración” al militar ya retirado.

La Abogacía del Estado pidió que se rechazara el recurso

Además, los Servicios Jurídicos del Estado defendieron que el argumento del recurrente de que el Gobierno “utiliza recompensas para agradar a quienes le apoyan en otras materias no relacionadas con el ámbito militar” supone invocar “un interés basado en motivos extrajurídicos”.

Por eso, instó a los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo que rechazasen la legitimación del demandante para impugnar la resolución del Consejo de Ministros. O lo que es lo mismo: que se diera carpetazo al recurso.

Vox ya reclamó que se retirase la distinción al presidente de la CEOE tras mostrarse favorable a la concesión de los indultos a los políticos independentistas condenados en el juicio del “procés” si ese gesto contribuía a “normalizar” la situación en Cataluña, un pronunciamiento que Garamendi posteriormente matizó.

La Sala deja claro que habrá sentencia

Sin embargo, en un auto del pasado 25 de enero al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la Sala rechazó -en una resolución de la que fue ponente el magistrado Pablo Lucas- las pretensiones de la Abogacía del Estado y se negó a rechazar el recurso, acordando “seguir su tramitación”. Y es que, según exponía, la falta de legitimación esgrimida por la Abogacía del Estado “suscita problemas estrechamente relacionados con el fondo del litigio, por lo que debe ser examinada en la sentencia que en su día se dicte”.

Ahora, los Servicios Jurídicos del Estado deberán presentar ante la Sala sus alegaciones a la demanda, a la que también deberá oponer sus argumentos la defensa de Garamendi (que se personó en el procedimiento como demandado el pasado 27 de enero).

Una vez remitido el expediente por Defensa, si las partes no solicitan que se practique prueba en defensa de sus argumentos, se abrirá el trámite de conclusiones antes de que el Tribunal Supremo dirima la controversia.