Peleas ilegales de perros: la Fiscalía pide más de 100 años de cárcel para 23 acusados

Veintitrés integrantes de una supuesta red dedicada a las peleas ilegales de perros, que actuó tanto en España como en el extranjero al menos desde 2016, se enfrentan a penas de tres a siete años de prisión por organización criminal, maltrato animal y omisión de la obligación de perseguir delitos. La Fiscalía pide para ellos condenas que suman más de un centenar de años de cárcel por someter desde su nacimiento a un “cruel maltrato” a los canes, a los que mataban “cuando ya no les eran de utilidad para su fines”. El juicio se celebrará el próximo lunes en la Audiencia Provincial de Madrid.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, se dedicaban a organizar, promover y participar en peleas de perros “con ánimo de enriquecimiento injusto”, para lo que criaban perros de razas potencialmente peligrosas y los entrenaban para participar en peleas donde se apostaban “grandes cantidades de dinero”. El adiestramiento -a base de fármacos y sustancias dopantes “muy perjudiciales para los canes”- tenía como objetivo que fueran más agresivos y así mejorar su rendimiento, recuperación y aumento de masa muscular. Incluso llegaban a utilizar cintas de correr para desarrollar sus capacidades musculares y resistencia aeróbica “llevando al animal hasta su extenuación”.

Si el perro no moría en la pela y resultaba gravemente herido, lo utilizaban como “sparring” o lo mataban “cuando ya no les eran de utilidad para sus fines, desplazándose los miembros de la organización por todo el territorio nacional o al extranjero, con el único objeto de medir el grado de aptitud de un perro para la pelea”.

Ramificaciones en Tailandia y Emiratos Árabes

La supuesta red criminal actuaban en Madrid, Canarias, Alicante, Murcia, Almería y Málaga, pero también tenía ramificaciones internacionales para trasladar a países como Italia, Francia, México, Tailandia y Emiratos Árabes “a los perros que destacaban por su agresividad”.

Dentro de la estructura de la organización, cada grupo se repartía las funciones de forma jerárquica. Unos se encargaban de organizar las peleas, otros se dedicaban a criar y entrenar a los perros y un tercer grupo participaba en los eventos “apostando en los mismos”.

Los acusados, muchos de ellos criadores de perros peligrosos, pactaban por escrito antes de la celebración de cada pelea las condiciones del combate, el dinero que se jugaban, peso de los perros que iban a luchar, penalización en caso de no comparecer, árbitro, fecha y lugar. En estas actividades solo podían participar los miembros de la organización, “u otras personas que fueran apadrinadas por uno de sus miembros, encontrándose todos los miembros de la organización especializados en esta materia, y disponiendo de una jerga propia”.

Un “cazatalentos” y un veterinario

En Madrid, R. R. D era el líder del grupo y el encargado de mantener los contactos fuera de España. La Fiscalía lo define como una especie de “cazatalentos” dedicado a criar perros en una finca de Batres, donde celebraba “topas” (enfrentamientos previos a una pelea) con el fin de seleccionar a los más agresivos y mejor entrenados de cara a promover su lanzamiento a peleas internacionales, “donde el lucro obtenido siempre era muy superior”. En el registro practicado en su finca se hallaron 22 perros “en estado lamentable de salud e higiene”, a consecuencia del cual la mitad fallecieron, “siendo necesario practicar además a varios de ellos eutanasias humanitarias”.

En otra finca situada en el término municipal de Fuente El Saz de Jarama, propiedad del acusado Á. O. R., había un criadero de perros donde se les adiestraba en un ring para la celebración de las peleas. Á. O. R., además, realizaba funciones de asesoramiento a otros miembros del grupo en materia de cría, cuidado y adiestramiento, de los animales. En su finca se encontraron 17 perros, la mayoría hembras para crianza, algunos de ellos con cicatrices y heridas abiertas, atados a cortas cadenas y rodeados de suciedad y excrementos”. En esa misma finca L. M. M. supervisaba las funciones de adiestramiento y suministraba a los perros “medicación específica para potenciar su agresividad de cara a la celebración de las peleas, tratándose de fármacos y sustancias dopantes muy fuertes y perjudiciales para la salud de los canes”.

Entre los seis acusados que operaban en la Comunidad de Madrid se encuentra un veterinario, cuya tarea era la de facilitar el soporte documental administrativo necesario para la identificación, transporte y tenencia de los perros, “medicación que es de exclusivo suministro veterinario”. Al mismo tiempo aportaba sus conocimientos sobre el tratamiento médico a los canes “a sabiendas de la ilícita actividad que los demás acusados estaban practicando” con ellos. Con sus consejos al resto de integrantes de la red, subraya la Fiscalía, evitaba que los perros “tuvieran que ser trasladados a una clínica veterinaria donde se sospecharía de las heridas presentadas y del estado de los animales”.