El Gobierno teme que las andaluzas bloqueen la renovación del CGPJ

El nuevo liderazgo en el PP se percibe en el Gobierno como una oportunidad para «recuperar los consensos básicos y avanzar en el cumplimiento de la Constitución». En este sentido, Pedro Sánchez exploró en su reunión del pasado jueves con Alberto Núñez Feijóo la posibilidad de establecer un calendario para el desbloqueo, poniendo fecha a algunas de las cuestiones pendientes que urge al Ejecutivo desencallar. De manera inmediata, la reforma del voto rogado –en los próximos diez días– y en un horizonte de dos meses la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Constitucional (TC).

«El CGPJ tiene que estar antes de junio», señalan fuentes gubernamentales. El timing no es casual. El Ejecutivo necesita desbloquear el órgano de gobierno de los jueces si quiere un Constitucional de mayoría «progresista» a partir de ese mismo mes de junio. En esas fechas, el mandato de otros cuatro magistrados, tres de ellos adscritos al bloque conservador, llega a su fin y la designación de los nuevos magistrados del Alto Tribunal está condicionada por la imposibilidad del CGPJ de hacer nombramientos si, para entonces, sigue en funciones. El veto lo fijó el propio Sánchez, vía reforma legal, hace un año para intentar incentivar la renovación del Consejo.

Esos relevos voltearán la mayoría conservadora en el TC, pues la renovación de ese tercio de magistrados corresponde a partes iguales al Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial –a razón de dos cada uno–. La entrada de tres progresistas –los dos a propuesta del Ejecutivo y otro más a través de la cuota socialista en el CGPJ– cambiará el equilibrio de fuerzas y dejará al sector conservador en minoría, al sumar el bloque progresista siete magistrados.

Las sensaciones de Sánchez en su reunión con Feijóo fueron positivas y el presidente percibió cierta disposición en el líder de la oposición a desencallar esta cuestión. Ambos pactaron seguir en contacto y comunicar que restablecían las conversaciones, reorganizando las delegaciones negociadoras, aunque no llegaron a hablar de nombres. En Moncloa valoran que el nuevo líder del PP no estableciera como condición para alcanzar un acuerdo que se modificara el sistema de elección de los vocales del CGPJ, como sí exigía Casado. Un posicionamiento, el de impulsar de manera inminente y en paralelo a la renovación del actual Consejo una reforma legal para que los jueces eligieran a sus pares, que ha enquistado la consecución del pacto hasta hoy.

Sin embargo, este horizonte de desbloqueo choca con el electoral que ya se dibuja en el sur. En el Gobierno comienza a cundir cierta preocupación por que se materialice el adelanto técnico en Andalucía, que se podría concretar en comicios el día 12 o 19 de junio, y que esta circunstancia dé al traste con la buena disposición que aprecian en el nuevo PP. «Siempre va a haber elecciones», responden lacónicos al más alto nivel del Gobierno, ante un carrusel de comicios que ya se ha iniciado y se extenderá durante todo el 2023, hasta culminar con las generales a principios de 2024.

El temor no es infundado. Hasta ahora, la renovación del CGPJ, cuya negociación está «muy madura», según afirman en Moncloa, se ha ido posponiendo por motivos de oportunidad política, ante la inconveniencia para el PP de rubricar un pacto con el Gobierno en vísperas de unas elecciones. Un hecho que, consideraban en Génova, sería terreno abonado para que Vox les pudiera «morder» políticamente en las urnas por su acercamiento a Sánchez. Así, el pacto, que para la Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE) se desbloqueó apenas doce días después de las catalanas del 14-F, pero quedó descolgado del resto de órganos constitucionales, que quedaron pendientes. El Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos se alumbraron el pasado mes de noviembre, pero cuando Alfonso Fernández Mañueco anticipó elecciones en Castilla y León un mes después los contactos se volvieron a paralizar para el último fleco: el CGPJ.

Ahora, Moncloa espera que la coincidencia en junio de unas eventuales elecciones andaluzas con renovación del CGPJ no vuelva a complicar el desbloqueo del órgano de gobierno de los jueces, que lleva más de tres años con el mandato caducado. «Cumplir la Constitución no es una elección», señalan en el Gobierno cuando se les plantea lo endiablado del calendario. En el Ejecutivo criticaron a la anterior dirección popular por lo que consideraban una «insumisión constitucional» y veían factible desencallar ahora con Feijóo la negociación, porque sería un gesto «fácil» para él para demostrar su «sentido de Estado» y su perfil «moderado».