Las peores compañías

Puede que no lo dijese en ese sentido, pero todos entendimos perfectamente la pregunta retórica de la ministra Margarita Robles sobre lo que un Estado tenía que hacer para defenderse de los que lo atacan. Hipocresía es una palabra suave para definir a los que conculcan las leyes y se saltan la Constitución y ahora gritan que el sistema ha apisonado sus derechos.

Los independentistas no han vacilado en pulsar todas y cada una de las teclas del piano de la traición. Intentaron tejemanejes con Rusia, China e Israel. Vendieron la idea de España rota en embajadas por todo el mundo sufragadas a lo grande con dinero público. Compraron urnas falsas y amenazaron a funcionarios leales para usar a su antojo los bienes del Estado, colegios, medios de comunicación, servicios. Espiarles era el deber de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y, por supuesto, del CNI. De esa información dependía la integridad física de los ciudadanos y la vigencia del Estado de derecho. Cabe esperar que las cosas se hiciesen bien, es decir, con las preceptivas autorizaciones judiciales. Si no, habrá que dirimir responsabilidades, en todo caso muy menores respecto a las de quienes pasaron meses y años pergeñando una ruptura nacional que nos podía haber costado un baño de sangre.

Uno de los más feos aspectos de esa siniestra historia fueron las cucamonas hechas a Putin, a expensas de la unidad europea. Ahora que la guerra solivianta a la opinión y demuestra la crueldad del ruso, los independentistas andan locos por centrar los focos en otro lugar y disimular sus feas andanzas. Y les viene de perlas el rollito de «Madrid nos espía». Llevan semanas gritando y montando alharaca, con todos sus muy subvencionados medios repitiendo el leitmotiv.

Por eso a ERC no le quedaba más remedio que decir «no» en la votación parlamentaria del decreto anticrisis. Que nadie piense que esto significa una ruptura entre el PSOE y Esquerra. El acuerdo marcha a las mil maravillas para ambos, enterrada ya la memoria de un denostado Rajoy que impuso con el 155 la Constitución. Esto es solo flor de un día.

Por otro lado, las cuentas le salían al Gobierno gracias a Bildu, que ha logrado un sobrado protagonismo y alcanza su propósito de convertirse no solo en pieza indispensable del poder, sino en partido «normalizado» y responsable de la acción de gobierno. Con el apoyo de sus cinco diputados proetarras, el Ejecutivo ha sumado 176 síes, uno más que la mayoría absoluta. Resulta paradójica y casi monstruosa la declaración de Pedro Sánchez de que «ha prevalecido el interés general y la política sana, que piensa en los ciudadanos, frente a los que apuestan por la malsana». No se me ocurre política peor ni más malsana que la de Bildu. El favor de los de Otegi le costará al Gobierno asquerosos peajes, del tenor de la recién anunciada incorporación del partido abertzale a la Comisión de Secretos Oficiales.

Se ha aprobado un decreto crucial para Sánchez, en el que se ratifican la rebaja de 20 céntimos por litro de gasolina, se limita al 2% la subida de los precios del alquiler, se aprueba la bajada de los peajes a la industria electrointensiva y el llamado bono eléctrico para los más desfavorecidos, y se anuncian ayudas a la agricultura y pesca. De no haber salido adelante el paquete, los problemas del presidente en las calles se hubiesen incrementado gravemente.

Hasta el último momento se mantuvo la duda sobre la posición del PP, que al cabo votó también en contra. La razón fue la negativa a aceptar la incorporación de medidas que Feijóo considera cruciales para mejorar la economía, a saber, bajadas del IRPF para las clases medias y bajas o reducciones de impuestos. Lo que nos queda claro es el tipo de compañías que ha elegido el Gobierno.