La renovación del TC aboca al Gobierno a una encrucijada

La necesidad de renovar a un tercio de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) desde hoy mismo en funciones conduce al Gobierno de Pedro Sánchez a una encrucijada. La reforma avalada por PSOE y Podemos que desde marzo del pasado año impide al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hacer nombramientos cuando está en funciones se ha acabado volviendo en contra del Ejecutivo.

Los socialistas y sus socios de gobierno impulsaron esa modificación legislativa para presionar al PP a cerrar la negociación para renovar al órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato expiró en diciembre de 2018. Incluso intentaron redoblar ese órdago amagando con rebajar la mayoría parlamentaria necesaria para designar a los vocales del CGPJ, una maniobra que el malestar de la Comisión Europea frenó en seco.

Ahora, al Gobierno y al CGPJ les toca renovar (a razón de dos cada uno) a los cuatro magistrados cuyo mandato ha llegado a su fin: el presidente, Pedro González-Trevijano, los también conservadores Antonio Narváez y Santiago Martínez Vares y el progresista Juan Antonio Xiol. La renovación tiene especial trascendencia (como todas en las que el Ejecutivo está involucrado), pues volteará las tornas en el TC, que recuperará una mayoría progresista (con trascendentales decisiones por delante respecto a la constitucionalidad de la ley del aborto, de la ley de eutanasia o de la «Ley Celaá»).

Pero la incapacidad del CGPJ de hacer nombramientos sitúa al Gobierno de Pedro Sánchez en una situación incómoda. Pasadas las elecciones andaluzas, se abrirá otra ventana de negociación con el PP para la renovación del Consejo del Poder Judicial, que de culminar con éxito desatascaría automáticamente el relevo en el Tribunal Constitucional, pues al dejar de estar en funciones el CGPJ ya podría hacer nombramientos.

El Consejo, tres años y medio en funciones

Pero después de tres años y medio sin acuerdo, resulta muy aventurado esperar una solución por esa vía. De ahí que si el Ejecutivo y el PP siguen sin ponerse de acuerdo, el Gobierno se verá obligado a dar un paso al frente que ya anticipó el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, al asegurar que una renovación en solitario (eligiendo a los dos magistrados que le corresponden, aunque el CGPJ no pueda designar a los suyos) es posible.

La decisión entraña riesgos, pues como informó este periódico la mayoría del Pleno del TC no parece dispuesta a avalar ese nombramiento parcial, pues la propia Constitución estipula que la renovación del tribunal de garantías se debe efectuar por tercios.

El Gobierno puede optar también por asumir el coste político de enmendar su propia reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para apostillar que la imposibilidad de hacer nombramientos a un CGPJ en funciones no incluye el de los magistrados del TC. Y asunto resuelto. Pero incluso en ese supuesto no está claro que el Consejo del Poder Judicial vaya a aceptar el trágala, pues algunos vocales estarían sopesando incluso ausentarse de la votación de elección de los dos jueces del TC (que usualmente se reparten PSOE y PP) para que no exista el quórum suficiente.

La vía del TC, en otoño

La renovación del TC también podría llegar por una tercera vía: el tribunal de garantías debe pronunciarse sobre la constitucionalidad de la reforma que impide al CGPJ hacer nombramientos con el mandato caducado (PP y Vox la recurrieron).

Pero fuentes del TC apuntan que el Pleno no estudiará la cuestión antes de las vacaciones, por lo que previsiblemente no será hasta el próximo otoño cuando se pronuncie al respecto (una declaración de inconstitucionalidad dejaría sin efecto la medida y el CGPJ tendría de nuevo las manos libres para realizar nombramientos).

De esta forma, el Gobierno deberá echar el resto en cerrar cuanto antes un acuerdo con el PP para renovar el órgano de gobierno de los jueces o dar el paso de una renovación en solitario que parece anticipar un enfrentamiento institucional con el Constitucional. Porque en 2023, con las elecciones generales ya a la vuelta de la esquina, parece difícil que PSOE y PP se pongan de acuerdo para renovar el Consejo del Poder Judicial.