Crisis con Argel
Portazo del Frente Polisario al juez: no sabe nada de cómo se gestionó la llegada de Ghali
“Desconocemos totalmente ese hecho”, contesta la delegación saharaui al instructor, que preguntó por el paradero del hijo del líder polisario y sobre los contactos con el Gobierno
El Frente Polisario se desmarca del “caso Ghali”. La delegación saharaui en España ha contestado por escrito al juez Rafael Lasala que no sabe nada de cómo se gestionó la llegada a España del líder polisario, Brahim Ghali, en abril del pasado año. Así lo pone de manifiesto en un correo electrónico remitido el pasado 25 de mayo al titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza en el que afirma en relación a las “preguntas formuladas y dirigidas a esta delegación” que no saben nada al respecto: “Desconocemos totalmente ese hecho”.
Tras conocer la respuesta de la delegación saharaui, la acusación popular que ejerce el letrado Antonio Urdiales ha pedido a Lasala que reitere su petición de información pero de forma individualizada, al delegado saharaui en España, Abdulah Arabi, “para que en el plazo de dos días hábiles conteste a las preguntas”, advirtiéndole de que, de no hacerlo “de forma clara e inteligible” podrá incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad judicial.
“Es evidente”, asegura el letrado en su escrito, que con esa contestación los remitentes “se han puesto España por montera, y no están dispuestos a colaborar con la Justicia, ni con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ni con el resto de nuestras instituciones”. Para la acusación, el instructor no va a obtener ninguna información “si no individualiza nominativamente el mandamiento y apercibe al destinatario del requerimiento que de no contestar una a una las preguntas efectuadas podría incurrir en delito de desobediencia”.
Tras el rastro de una falsedad documental
Lasala pidió el pasado mayo a la delegación del Frente Polisario en España que le facilitase el domicilio en nuestro país del hijo de Ghali, Luali Brahim Sid el Mustafa, a quien pretende tomar declaración como testigo para saber si fue él quien registró a su padre en el hospital con documentación falsa.
Y es que tras apartar la Audiencia Provincial de Zaragoza de la causa a la ex ministra de Exteriores Arancha González Laya (al no ver indicios de prevaricación y encubrimiento), el instructor se centra ahora en esclarecer esa posible falsedad documental, para lo que no ha dudado en prorrogar seis meses más la investigación.
Pero no solo eso. El magistrado instó al Frente Polisario a informarle de «cómo se gestionó» la llegada a España de Ghali, de quién contactó con las autoridades españolas para pedir su traslado y «qué autoridades fueron las contactadas». Del mismo modo, requirió a la delegación saharaui para que manifestase si quien solicitó la asistencia sanitaria para Ghali sabía que tenía “alguna causa penal abierta en España” y si, en su caso, pidió o se le ofreció por parte de las autoridades de nuestro país “alguna garantía” de que no sería detenido.
El motivo por el que se eligió España
Además, instó a la delegación del Polisario a precisar si su responsable «tuvo conocimiento previo inmediato del traslado» a nuestro país de Brahim Ghali, aquejado de una grave neumonía causada por la Covid-19, para que fuera ingresado en un hospital de Logroño (donde se registró con pasaporte falso a nombre de Mohamed Benbatouche). El magistrado quería saber si “conocieron antes o después la razón por la que se eligió España para su asistencia sanitaria” y en particular el hospital San Pedro de la capital riojana.
Igualmente, pidió a la delegación saharaui en España que indicase qué personas pertenecientes a esa oficina estuvieron presentes cuando Ghali fue ingresado el 18 de abril en el centro hospitalario, donde permaneció hasta el 1 de junio, tras declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en relación a dos causas abiertas por torturas, detención ilegal y genocidio.
Ahora, tras la evasiva respuesta de la delegación saharaui, adelantada por Vozpópuli, el juez Lasala tendrá que decidir si vuelve a la carga con su requerimiento de información, tal y como le solicita la acusación popular.
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