El juez preguntó por Ghali al Polisario antes del archivo

El archivo del «caso Ghali» por parte de la Audiencia Provincial de Zaragoza se ha producido mientras el instructor de la causa, Rafael Lasala, aún está a la espera del resultado de algunas diligencias. Setenta y dos horas antes de que la instancia superior al magistrado diese carpetazo al asunto –librando del banquillo a la exministra de Exteriores Arancha González Laya– el juez daba un paso más para intentar esclarecer las circunstancias en que se produjo la entrada en nuestro país del líder del Frente Polisario.

Una entrada «sigilosa» (como la define la Audiencia Provincial en el auto de sobreseimiento) que provocó una grave crisis diplomática y migratoria con Marruecos (con avalancha de inmigrantes en la frontera de Ceuta ante la pasividad de los agentes marroquíes, lo que obligó a desplegar al Ejército en la ciudad autónoma).

En una providencia del pasado lunes, el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de la capital aragonesa requirió a la delegación del Frente Polisario en España que informe de «cómo se gestionó» la llegada a España de Ghali, indicando quién contactó con las autoridades españolas para pedir su traslado y «qué autoridades fueron las contactadas».

Y aunque el instructor ya descartó un posible delito de encubrimiento, Lasala también requiere a la delegación saharaui para que manifieste si quien solicitó la asistencia sanitaria para Ghali sabía que tenía «alguna causa penal abierta en España» y si, en su caso, pidió o se le ofreció por parte de las autoridades de nuestro país «alguna garantía» de que no sería detenido.

Tras el rastro del hijo del líder polisario

Además, insta a la delegación del Polisario a precisar si su responsable «tuvo conocimiento previo inmediato del traslado» a nuestro país de Brahim Ghali, aquejado de una grave neumonía causada por la Covid-19, para que fuera ingresado en un hospital de Logroño (donde se registró con pasaporte falso a nombre de Mohamed Benbatouche). De hecho, le pide que aporte el domicilio en España del hijo de Ghali, Luali Brahim Sid el Mustafa, a quien pretendía tomar declaración como testigo para saber si fue él quien registró a su padre en el hospital con una documentación falsa. Una posible falsedad documental que el instructor también orilló el pasado marzo para investigar únicamente si se cometió un delito de prevaricación.

En ese caso, el juez quiere saber (habrá que ver si tras la decisión de sobreseimiento de la Audiencia deja sin efecto estas pesquisas o incorpora su resultado a las diligencias antes de cerrar la instrucción) «si conocieron antes o después la razón por la que se eligió España para su asistencia sanitaria» y en particular el hospital San Pedro de la capital riojana.

En relación a este hecho, el instructor insta igualmente a la Delegación Saharaui en España a indicar qué personas pertenecientes a esa delegación estuvieron presentes cuando Ghali fue ingresado el 18 de abril en el centro hospitalario, donde permaneció hasta el 1 de junio, tras declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en relación a dos causas abiertas por torturas, detención ilegal y genocidio.

Las acusaciones: “Jamás han invocado el acto político”

Por otro lado, las acusaciones populares, que han mantenido viva la causa contra Laya, han reaccionado al archivo. El abogado Antonio Urdiales, que presentó la denuncia que dio origen a la investigación, asegura a LA RAZÓN que «considerar un acto político el hecho de preparar y ejecutar la entrada subrepticia de un presunto genocida y terrorista buscado por la Justicia española desde el año 2008, infringiendo la legislación comunitaria y las leyes de extranjería, rebasa mi concepción de la Justicia».

l letrado hace hincapié en que la Abogacía del Estado y la Fiscalía «jamás han invocado el acto político como fundamento de la entrada de Ghali. Hasta que sorpresivamente el 10 de marzo de 2022 el instructor hace referencia al acto político al archivar la causa con respecto a Villarino (exjefe de gabinete de la ministra». «A partir de ahí –subraya– Estado y Fiscalía invocan el acto político, que al final ha sido acogido por la Audiencia Provincial. Vivir para ver».

El letrado de la otra acusación popular, Juan Carlos Navarro –que actúa en representación del exdiputado del PP Juan Vicente Pérez Aras y del empresario marroquí Mohamed Rachad Andaloussi–, considera que «no han cambiado los hechos iniciales que, según el tribunal, eran constitutivos de delito, pero sí el devenir histórico-político que ha llevado al cambio de criterio del mismo tribunal» (en referencia al cambio de política española sobre el Sáhara).