Ghali seguirá en libertad sin medidas cautelares: el juez no ve riesgo de fuga

Brahim Ghalitendrá absoluta libertad de movimientos cuando reciba el alta hospitalaria en el hospital de Logroño donde se encuentra ingresado convaleciente del Covid desde el pasado 18 de abril. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decidido no acordar ninguna medida cautelar contra el líder del Frente Polisario -cuya llegada a España con documentación falsa provocó una grave crisis migratoria en Ceuta por el malestar marroquí- tras su comparecencia judicial por videoconferencia.

En sendas resoluciones, tantas como querellas presentadas contra el dirigente polisario, el magistrado sí ha acordado que Ghali facilite -tal y como había pedido la Fiscalía- un domicilio y un teléfono en España para estar localizado, que presumiblemente será el de su abogado, que al igual que el Ministerio Público se ha opuesto a la adopción de cualquier medida cautelar.

Según Pedraz, “no puede apreciarse riesgo de fuga alguno” y, además, “no consta dato alguno para apreciar que el investigado pueda o quiera sustraerse a la acción de la justicia, máxime a la vista de que en cuanto ha tenido conocimiento de los hechos investigados se ha personado en la causa y ha accedido a la práctica de su declaración, incluso a la vista del estado de salud en el que se encuentra que bien le hubiera permitido a su defensa solicitar posponer la declaración”.

No ve indicios contra el líder del Polisario

Asimismo, el instructor considera que Ghali no puede ocultar, alterar o destruir pruebas relevantes para la investigación, sobre todo teniendo en cuenta las fechas de los hechos denunciados y que no se han solicitado diligencias por parte de las acusaciones. Del mismo modo, concluye que el líder del Frente Polisario no puede actuar contra bienes jurídicos de víctima alguna.

Pero el juez va más allá y -desoyendo los argumentos de varias acusaciones particulares y los testimonios de los querellantes- reitera la falta de indicios contra Ghali dado que las acusaciones, recalca, no han “suministrado elementos siquiera indiciarios que avalen la existencia de motivos bastantes para creerle responsable de delito alguno”. Y es que hace hincapié en que las declaraciones de los testigos no han sido corroboradas por otros medios de prueba y, en todo caso, de las mismas “no se sigue una participación en los hechos del investigado”.

Y en cualquier caso, subraya, no es suficiente para acordar medidas cautelares personales esgrimir que Ghali “entró en España ilícitamente”.

Ghali niega las torturas

Según ha explicado su abogado a las puertas de la Audiencia Nacional, Ghali ha negado “absoluta y rotundamente” los hechos que se le imputan, que ha calificado de “inciertos”. El letrado le ha desvinculado de las supuestas torturas en las fechas en las que era ministro de Defensa del Polisario. “No tenia ninguna responsabilidad”, ha recalcado el letrado Manuel Ollé. Asimismo, ha señalado que Ghali ha negado “que cometiera torturas o cualquier tipo de ilegalidad”.

El abogado ha denunciado que el objetivo de las querellas es “político” y ha anunciado que pedirá al juez su archivo.

La defensa de Fadel Breica ha insistido, sin embargo, tras la comparecencia de Ghali, en que existen “indicios muy serios” de que “las órdenes partían de Ghali”, tal y como demostraría el testimonio de varios testigos.

La Fiscalía, según fuentes jurídicas, no ha solicitado ninguna medida cautelar contra el líder del Frente Polisario, limitándose a pedir que facilite un domicilio y un teléfono para estar localizable.

Dos acusaciones piden prisión

Sin embargo, dos de las acusaciones sí han instado al juez Pedraz a acordar la prisión provisional de Ghali. Así lo han hecho tanto la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (Asadedh) como la defensa del activista saharaui Fadel Breica. Por su parte, el letrado que representa a varias víctimas de las supuestas torturas ha instado al instructor a retirar el pasaporte al líder del Frente Polisario y a colocarle una pulsera telemática para su localización.

Hay que recordar que Pedraz, ya se negó a acordar la prisión de Ghali y la retirada de su pasaporte antes de esta comparecencia, y sigue pensando que no existen indicios sólidos contra Ghali que le relacionen con las presuntas torturas denunciadas.

Tanto la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (Asadedh) como otros tres querellantes -Saadani Maoulainine, Hosein Baida y Dahi Aguai (a los que se han sumado posteriormente tres más)- denunciaron en 2007 a Ghali y a otros 27 dirigentes polisarios por el “trato sufrido por los prisioneros de guerra así como por los propios ciudadanos saharauis, especialmente por los de origen español, en manos del Frente Polisario” en los campamentos de Tinduf (Argelia), lo que consideran “uno de los casos más escandalosos de los últimos 30 años de violación de derechos humanos en el Magreb”. La querella fue archivada en su día y ha sido reabierta por Pedraz hace unos días.

La denuncia de un activista saharaui

Más reciente es la denuncia impulsada por el activista saharaui Fadel Breica, que considera a Ghali responsable de las supuestas torturas que le infligieron en Tinduf en 2019 por abanderar protestas contra los dirigentes saharauis en los campamentos.

Breica afirma que el 20 de abril de 2019 llegó a los campamentos polisarios de Tinduf (Argelia), donde habría sido amenazado por parte de agentes del Frente Polisario que le acusaban de traidor.

Tras organizar varios actos de protesta contra los dirigentes del Frente Polisario, fue detenido por efectivos militares del Frente Polisario y trasladado “a varios lugares de detención indeterminados” donde, según dice, fue sometido “a golpes y descargas eléctricas”, manteniéndole “con los ojos vendados y manos y pies atados”. Una situación que le llegó a emprender incluso una huelga de hambre. Tras cinco meses de detención, fue liberado el 10 de noviembre de 2019.

Esta querella también fue archivada por el juez José de la Mata -antecesor de Pedraz- al no haber podido constatar la Policía que alguno de los querellados tuviese nacionalidad española o residiese en nuestro país. Pero el pasado enero el actual titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional reabrió la causa a instancia de Breica para intentar esclarecer si efectivamente alguno de ellos vive en España.