Ribera, primera víctima de Pedro Sánchez tras el 19-J

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, es la primera víctima del presidente Pedro Sánchez tras el desastre electoral del PSOE en Andalucía. El Gobierno se descuelga con una nueva rectificación en materia energética, en un tira y afloja interno del Gobierno que aumenta la sensación de improvisación.

Esta semana estaba previsto que el Gobierno retomara la tramitación en el Congreso del Fondo de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSS), después de mantenerlo dormido durante más de un año. Después de que el tope al gas no alcanzara las expectativas, el Ejecutivo anunció la decisión de tramitar «in extremis» esta reforma que podría bajar la luz, pero a costa de subir los carburantes entre 7 y 8 céntimos el litro y subir también la factura del gas a ciudadanos y empresas.

La medida, de la ministra Ribera, y a quien desde el sector energético reprochan falta de diálogo y «sectarismo» ecológico, ha vuelto a quedar en suspenso. La Comisión de Transición Ecológica ha trasladado a los diputados que en medio de este ir y venir de reformas –hoy se aprobará el nuevo decreto con iniciativas para paliar los efectos de la inflación– se aplaza a septiembre la creación de la sostenibilidad del sistema energético. De esta forma el Gobierno frena el recorte de ingresos a las eléctricas, que iba a subir el gas y los carburantes. Además de las energéticas, gran parte de la industria se había mostrado contraria a esta medida que provocaría una transferencia de rentas de los consumidores eléctricos a los ciudadanos, agricultores, taxistas y empresarios que llenan los depósitos de sus coches o de sus tractores o usan el gas en sus procesos productivos.

Esta «carta», que Moncloa vuelve a guardarse, era un juego de suma cero porque consistía en que unos clientes pagaran menos a costa de que otros pagara más. El FNSSE consiste en financiar el coste de las energías renovables, que hoy lo pagan los consumidores eléctricos como parte de los peajes. Ese coste pasa a ser asumido por los ciudadanos cuando reposten gasolina o gasoil para sus vehículos o por las empresas, como los ceramistas o las siderúrgicas, que usan gas natural en su negocio. La intención del PSOE y Unidas Podemos era aprobar en comisión, el próximo martes 28, después de una sola semana en ponencia, el fondo y la minoración a las eléctricas por CO2, que trataba de reducir los ingresos de Iberdrola y Endesa. Pero Moncloa ha optado por frenar esta tramitación porque dentro del puzzle de medidas para frenar la inflación y el precio de la luz, que no acaban de dar el resultado esperado, implicaba una actuación contradictoria con el plan anticrisis que hoy estudia el Consejo de Ministros.

Los malos resultados electorales del PSOE en Andalucía ha encendido las alarmas del Gobierno y de los barones. Les urge encontrar un cortafuegos para que el desgaste no se extienda a los demás procesos electorales y dar un golpe de efecto que permita a Sánchez retomar la iniciativa. Éste es el objetivo del decreto que hoy aprueba el Consejo de Ministros. Pero en esta reacción el Gobierno está explicitando sus contradicciones internas, los pulsos entre ministros y el desorden de un plan en el que las medidas chocan o se solapan.