Aviso a los inversores: «Sánchez usa la agenda social de Podemos»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha conseguido que la perplejidad se instale en las oficinas de los analistas y bancos de inversión después de que este martes anunciara un nuevo impuesto, por definir, para las energéticas y también para el sector bancario. De inmediato han empezado a elaborar los primeros informes, que ya han remitido a algunos de sus clientes, fondos de inversión y otros posibles interesados en colocar dinero en España. Ante la inmediata reacción de las bolsas, dejando pérdidas mil millonarias para los accionistas, las casas de análisis e inversores remitieron las primeras valoraciones, si bien los estudios más elaborados tardarán aún unos días en llegar.

Este periódico ha tenido acceso a algunos de los mails que están circulando ya entre los inversores. Royal Bank of Canada, por ejemplo, ha trasladado que «observa directrices electorales» en el anuncio de los nuevos impuestos. Dice también que, de acuerdo con su previsión, la intención del Ejecutivo no es implementarlos, si no dejar claro , por parte del presidente del Gobierno, que «usa la agenda social de Podemos».

Según sus cálculos, «el impuesto generaría menos de los 7.000 millones anunciados por el Gobierno» e incluso aventura que puede ser declarado ilegal dentro de unos años.

JPCapital valora que el impacto anunciado es mayor de lo que estaba esperando el mercado, lo que hace que «sea negativo para el sector». Bestinver alerta en sus comentarios que esta «agenda», anunciada por el Gobierno de Sánchez, provoca «un incremento del riesgo país, un incremento de las demandas y recursos, una huida de los inversores debido a la incertidumbre en los modelos de inversión, y gasto público encubierto a futuro». «Si hay algo más peligroso que el riesgo es la incertidumbre, y más que la incertidumbre, la ambigüedad»: una prestigiosa firma de análisis financiero encabeza así el comentario que envió a sus clientes tras la primera jornada del debate del estado de la nación. En el texto también recogía las dudas sobre el impuesto, su radio de aplicación, a qué empresas..., e incluso cuestionaba qué significa «beneficio extraordinario» para el sector privado.

Alantra apuesta porque el impuesto no se aplicará a las ganancias generadas fuera de España y sería lógico que no afectara tampoco a los negocios regulados porque no están expuestos a la evolución de los precios de la electricidad. De acuerdo con esto, «parece que los 2.000 millones de recaudación anunciados son poco probables de obtener ya que exigiría gravar todos los ingresos de todas las actividades».

Por su parte, Caixabank advertía de que el incremento de impuestos no tiene por qué ser la manera más efectiva de mitigar los altos precios de la luz y el gas, considerando que estas subidas pueden ser trasladadas a los precios finales.

El anuncio del presidente Sánchez en el debate del estado de la nación le ha permitido poner sordina a las dos principales debilidades con las que llegaba al Congreso en clave política: el desgaste de su liderazgo y la ruptura de la coalición, pero desde el punto de vista económico los problemas seguirán siendo en septiembre los mismos –sueldos, inflación, cambio en la política monetaria, malestar social–. El principal partido de la oposición se escuda en el hecho de que se desconoce el sentido de estos dos nuevos impuestos para justificar que no fije posición. Los populares también desconfían de que incluso lleguen a implementarse. Si bien fuentes socialistas subrayan que incumplir estos compromisos en fecha ya electoral tendría un coste más alto para Sánchez que no haberlos anunciado. El presidente ha dicho que entrarán en vigor a principios del próximo ejercicio, y en mayo están previstas las elecciones autonómicas y municipales.