El CGPJ se pronunciará sobre el nuevo fiscal general que propone el Gobierno

En plena reforma legal para conseguir la renovación exprés del Tribunal Constitucional (TC), el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) vuelve a cruzarse en el camino del Gobierno. La institución que preside Carlos Lesmes debe pronunciarse el próximo jueves sobre la propuesta del Ejecutivo de designar como sustituto de Dolores Delgado al que hasta ahora ha sido su «mano derecha», Álvaro García Ortiz, fiscal de Sala jefe de la Secretaría Técnica.

El tramite es preceptivo (la Ley Orgánica del Poder Judicial determina que el Consejo debe ser «oído por el Gobierno antes del nombramiento del fiscal general del Estado»), pero ese informe no es vinculante para el Ejecutivo. Eso no evitó, por ejemplo, que en enero de 2020 siete vocales votaran en contra del nombramiento de Dolores Delgado y dos más se sumaran al criterio de su falta de idoneidad para el cargo.

Sobre el papel, los vocales del Consejo del Poder Judicial deben evaluar únicamente si reúne las condiciones para ejercer el cargo: ser un jurista de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión. Pero tradicionalmente, el CGPJ sí se ha pronunciado sobre la idoneidad para el puesto, algo que sin embargo no sucedió cuando tuvo que pronunciarse sobre la designación de Dolores Delgado, pues entonces solo se debatió el informe de Lesmes que concluía que cumplía con los requisitos legales. Pasando por alto, por tanto, su paso por el Gobierno y su reciente condición de diputada del PSOE en el Congreso.

Siete vocales votaron en contra de Delgado

Los vocales discrepantes aseguraron entonces en su voto particular que Delgado no cumplía «con el requisito de la imparcialidad que la asunción de tan alta responsabilidad implica». Los vocales conservadores censuraron que la fiscal general propuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez fuese a asumir el cargo procedente «sin solución de continuidad» del Ministerio de Justicia y cuando todavía era diputada socialista –acta a la que renunció tras ser propuesta para el puesto–.

Para estos vocales ese hecho acarreaba «un serio impedimento para garantizar ante la ciudadanía la imagen de imparcialidad e independencia» que debe exigirse a un fiscal general.

A diferencia de lo que sucedió con Delgado, otros fiscales generales in pectore como Eduardo Torres-Dulce, Consuelo Madrigal y María José Segarra lograron el aval de todos los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que certificaron que cumplían los requisitos legales y, además, resultaban idóneos para ocupar el cargo. En el caso del ya fallecido José Manuel Maza y de Julián Sánchez Melgar, éstos solo obtuvieron un voto en contra, el de la vocal Concepción Sáez, elegida a propuesta de Izquierda Unida (IU).

El segundo trámite, ante el Congreso

Tras el informe del CGPJ, Álvaro García Ortiz deberá pasar aún un segundo filtro –éste tampoco vinculante para el Gobierno–, su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso, donde debe exponer su programa de gestión.

El Pleno del CGPJ también deberá elegir antes del 13 de septiembre a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que permitirán renovar la institución con la designación de otros dos por parte del Gobierno (el TC se renueva por tercios). Pero dado que la reforma no ha entrado en vigor aún (se vota mañana en el Senado), el asunto ni siquiera figura en el orden del día.

El Gobierno reformó la ley para forzar al PP a negociar la renovación del CGPJ (en funciones desde diciembre de 2018), impidiendo desde marzo del pasado año que efectúe nombramientos con el mandato caducado. Pero para desbloquear la renovación del TC (y recuperar así la mayoría progresista), modificó esa reforma permitiendo al Consejo únicamente designar a los dos magistrados del Constitucional.