El juez prorroga seis meses la investigación a la excúpula de ETA por el asesinato de Gregorio Ordóñez

El juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal ha prorrogado seis meses más la investigación a cinco exjefes de ETA por el asesinato de Gregorio Ordóñez en 1995. En la resolución en la que acuerda la medida, el magistrado acuerda que se recabe de las autoridades francesas “el estado de tramitación” de las tres OEDE cursadas en 2015 respecto a tres de los investigados: José Javier Arizcuren Ruiz, “Kantauri”, Julián Achurra, “Pototo”, y Juan Luis Aguirre Lete, “Isuntza”. Y es que Francia debe dar su visto bueno para que se les interrogue en relación con este atentado, por el que no fueron entregados.

El juez sostiene que “para el buen fin de la instrucción” resulta “necesaria y útil para la investigación” obtener la autorización francesa “para oír en declaración” a los estos tres exdirigentes de la banda terrorista. Tanto la Fiscalía como el resto de acusaciones -entre ellas la familia de Ordóñez, la AVT, Dignidad y Justicia y el PP- habían instado al juez a prorrogar la investigación.

Los otros dos exjefes etarras investigados -Ignacio Gracia Arregui, “Iñaki de Rentería” y Mikel Albisu, “Mikel Antza”, ya declararon por videoconferencia en relación a estos hechos desde los juzgados de San Sebastián, negando cualquier responsabilidad en el atentado que costó la vida al portavoz del PP en el Ayuntamiento de San Sebastián.

Abascal también justifica su decisión en que está pendiente de recibir el informe que solicitó a la Guardia Civil sobre la supuesta responsabilidad de la Zuba o comité directivo de ETA en el asesinato.

Pendiente un informe clave de la Guardia Civil

Hace solo unos días, el instructor instó al Instituto Armado al “urgente cumplimiento” de su solicitud del pasado 28 de febrero, recabando de la Guardia Civil la “localización y análisis” de documentación en poder de miembros de ETA relacionadas con las actas de reunión de la Zuba o Comité Ejecutivo en las fechas inmediatamente anteriores, simultaneas y posteriores al asesinato de Ordóñez.

En la resolución en la que pidió esa información a la Guardia Civil, el instructor señalaba que en la resolución de 2015 en la que se admitió la denuncia de Consuelo Ordoñez, hermana del concejal asesinado, contra los cinco exjefes de ETA, ya se establecía que ETA se asienta sobre la base de “una jerarquía basada en una rígida disciplina, que, al amparo de la cúpula o comité ejecutivo, asume todas las funciones directivas, de forma que no hay nada que esa cúpula no controle, impulse o dirija, como órgano encargado de que se cumplan las líneas estratégicas de la banda criminal”. Sus miembros eran por tanto, subrayaba Abascal, dirigentes y responsables de los principales aparatos del grupo, incluido el militar.

En su informe de 2016, la Guardia Civil incluye dos cartas manuscritas intervenidas al «comando Vizcaya» en 1997 y atribuidas a “Kantauri” en un informe pericial, en las que insistía a los pistoleros que era “muy importante darles a los políticos del PP” y que “cualquier político del PP” era un “objetivo”, aunque decantándose por el secuestro. Aunque ambas misivas son posteriores al asesinato de Ordóñez, para el instructor evidencian el papel jugado por el terrorista “en su función de principal responsable de la actividad de los comandos ilegales”.