Senado
El PP propone que los delitos de terrorismo no prescriban o modificar la ley del indulto
Registra en el Senado una batería de medidas jurídicas, cumpliendo con las exigencias de la UE, e instan al Gobierno a hacerlas suyas
El PP ha presentado hoy miércoles una batería de propuestas de “mejoras” en materia de Justicia acorde con todo lo que mandata la Unión Europea (UE).“Lo hacemos porque no tenemos la intención de dejar caer este país”, destacó el vicesecretario de coordinación autonómica y local, Pedro Rollán que, junto con el senador Fernando de Rosa comparecieron en rueda de prensa para dar a conocer las medidas. Rollán destacó que se trata de unas propuestas “meditadas y consensuadas”. Estas iniciativas serán presentadas en el Senado, donde los populares cuentan ahora mismo con el grueso de la dirección del partido pero,advierten de que eso no significa “quitarle relevancia” ni al Congreso, ni a cualquier otra plataforma.
Según destacó De Rosa -portavoz de justicia en la Cámara Alta- el PP ve la necesidad de que se lleve a cabo la puesta en marcha “planes de choque” en la administración de la Justicia. Tras mostrar el “orgullo” que siente el partido por los profesionales que trabajan salvaguardando el Estado de Derecho -en referencia a jueces, magistrados, fiscales y operadores jurídicos-, destacó que trabajan en propuestas que buscan “mejorar y garantizar” ese trabajo y que, además, cumplen con un mandato constitucional: “Que la Justicia y el Estado de Derecho impere en nuestro país”.
El PP ve necesario que se lleven a cabo reformas profundas en la administración de justicia, pero siempre, insisten, cumpliendo los estándares de la UE para garantizar la “independencia, agilidad y respeto al Poder Judicial”. Para ello, instan al Gobierno que las reformas que se lleven a cabo se realicen con forme lo establecido en la UE y el Parlamento Europeo para garantizar ese respeto al Poder Judicial. Además, denuncia que el Gobierno siempre “incumple” ese mandato de la Unión para así eludir, por ejemplo, los informes del Consejo de Estado o del Tribunal Constitucional abusando del Decreto Ley y cometiendo así un “fraude de ley”. Además, el PP ve con “preocupación” que la ministra de Justicia, Pilar Llop se esté convirtiendo una “negacionista” del principio de la legalidad y se pregunta qué está ocurriendo en Cataluña donde no se quiere cumplir una sentencia o una ley y preguntan a Llop si considera que el Gobierno debería recurrir ese decreto ante el TC.
Propuestas
Entre la batería de medidas jurídicas, los populares exigenla no prescripción de delitos de terrorismo considerándolos como crímenes de Lesa Humanidadademás, piden la modificación del delito de homenajes a grupos terroristas o a sus miembros agravando las penas principales o accesorias tanto a la autoría, cooperación necesaria o complicidad.
También solicitan que se adopten las medidas a las exigencias del Parlamento Europeo que insta al cumplimiento de Estado de Derecho en todo el territorio, incluida las comunidades y con ello se proteja a jueces y fiscales de los ataques que sufran como consecuencia de su ejercicio profesional por el dictado de sus sentencias.
Tras los indultos concedidos a los líderes del procés, y ante la posibilidad que se abre tras la ratificación de la condena del TS a Chaves y Griñán por los ERE, el PP ve la necesidad de modificar la ley del indulto para que se tenga en cuenta el informe del órgano sentenciador y así, garantizar que los argumentos esgrimidos por el Gobierno sean “razonadas y razonables” porque, recordó De Rosa, “es discrecional, pero es un acto jurídico”.
En cuanto al Ministerio Público, insisten con una medida que ya recogían en la propuesta que presentaron para desencallar la negociación del CGPJ. Los populares piden “modificar el estatuto orgánico del ministerio fiscal”, porque consideran que “no puede mantenerse ese vínculo” entre Fiscal General del Estado y el Gobierno y con ello se “empañe esa imparcialidad”. También exigen la comparecencia del nuevo Fiscal General, Álvaro García para que se pronuncie si está de acuerdo con la petición de la Comisión Europea de exigir esa “desvinculación del Gobierno” de la Fiscalía y, si entiende, desde el punto de vista jurídico qué se entiende por la “desjudicialización” de la que habla el Ejecutivo y cómo afectará en todo el territorio.
Asimismo, propone la creación de 350 órganos judiciales para hacer frente a la grave crisis derivada de la recesión a la que entraremos en estos meses que necesitará reforzar juzgados mercantiles y civiles.
También piden potenciar los juzgados de violencia sobre la mujer, incluyendo todos los ataques a la mujer, no solo por condición de género sino todo lo relativo a trata de mujeres y niñas, también los que se refieren a los delitos de mutilación femenina, o delitos que afectan a la mujer por el mero hecho de serlo. El senador del PP, Fernando de Rosa recordó que para eso se necesitan juzgados de violencia y recordó que la Ley Montero del “sí solo sí” no iba aparejado con la creación de juzgados de violencia sobre la mujer porque “si vamos a realizar una Ley será el juzgado de la mujer el que trate del mismo”. Por ello se preguntan los populares si, porque no haya suficientes juzgados de este tipo, “¿vamos provocar una doble victimización de las mujeres y se retrasen los casos?. Exigiremos la creación de juzgados especializados en todo el territorio nacional”.
En materia de ocupación, Fernando de Rosa apuntó que el partido apuesta porjuicios rápidos que puede realizarse en 48 horas”.
Por último, recuerdan a los operadores jurídicos, los que trabajan todos los días de manera que la enfermedad o accidente profesional sea causa de suspensión de juicio, unas medidas con las que evitar el “señalamiento tardío de juicio” y considerar como “autoridad pública” a los del turno de oficio para que sea delito cualquier ataque contra ellos.
En vez de trabajar en la “desjudicialización”, el PP propone al Gobierno que “la administración de justicia tenga la calidad que todos deseamos”. Fernando de Rosa mostró su “preocupación” por si el Ejecutivo va a hacer efectivo el abandono de la vía judicial al que se comprometió con la Generalitat de Cataluña.
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