El Gobierno no obligará a Cataluña a cumplir la sentencia del castellano

Ochenta familias han denunciado el incumplimiento del uso del castellano como lengua vehicular en la educación en Cataluña y que el Tribunal Supremo avale que el 25% de la enseñanza en esta comunidad tenga que ser en la lengua de Cervantes es la primera resolución definitiva sobre este asunto que sale de los tribunales. Pero el Ministerio de Educación y Formación Profesional aclara que no puede obligar a la Generalitat a cumplir la sentencia. «No tiene nada que hacer, corresponde a los juzgados y tribunales de Justicia ordenar su ejecución», explica un portavoz del departamento de Pilar Alegría a este diario.

Si se cumple o no la sentencia, se verá poco antes del verano, ya que antes deben cumplimentase algunos trámites. Primero, el Tribunal Supremo tendrá que comunicar al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el auto de inadmisión del recurso y le devolverá el expediente judicial completo. Es entonces cuando el Alto Tribunal catalán tendrá que redactar una «providencia de devenir firme de la sentencia». Una vez cumplimentado este trámite, tendrá diez días para ordenar a la Generalitat su ejecución.

La Administración catalana podría entrar en un período de consultas con el TSJC para interpelarle, llegado el caso, sobre cómo aplicar la sentencia, por ejemplo, lo que podría ampliar los plazos para hacer efectivo el cumplimiento del auto, pero desde el Ministerio recuerdan que el artículo 118 de la Constitución recoge que son de obligado cumplimiento las sentencias y demás resoluciones firmes de los jueces y tribunales. «No hacerlo supondría incurrir en un delito de desobediencia».

¿Qué podría hacer el Ministerio entonces? «La ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa expone en su artículo 104.2 que transcurridos dos meses, si no fuera efectivo el cumplimiento de la sentencia, cualquiera de las partes pueden solicitar la ejecución forzosa, es decir, la Abogacía del Estado, en nombre del Ministerio y los padres que han presentado denuncia». ¿Estaría dispuesto a hacerlo el Ministerio llegado el caso? «No entramos en futuribles, pero no tenemos la menor duda de que las administraciones del Estado siempre cumplen las sentencias», aseguran las mismas fuentes.

Desde el Departamento de Pilar Alegría han descartado que la Alta Inspección del Estado tenga algún papel en este asunto, aunque sí podría intervenir la Inspección educativa, algo poco probable ya que depende de la Generalitat. Cumplir la sentencia implicaría solamente que además de que se impartiera la asignatura de Lengua Española en castellano se impartiera otra asignatura más. Al mismo tiempo, el consejero de Educación de la Generalitat, , Josep Gonzàlez-Cambray (Esquerra) presionó públicamente, señaló la estrategia y aseguró que la ministra de Educación, Pilar Alegría, le ha dado «garantías» de que no ejecutará la decisión del Supremo. «La ministra instará a cumplir la LOMLOE –la nueva ley de educación–, que no habla de porcentajes», añadió el republicano en una entrevista a Rac 1 a primera hora de la mañana.

En Moncloa intentaron ayer pasar de puntillas sobre este asunto, limitándose a señalar que «el Gobierno no tiene las competencias para ejecutar la sentencia», una ejecución que sí señaló la ministra de Justicia, Pilar Llop, en una entrevista en «Espejo Público», porque el «fallo es firme». En el Ejecutivo central no quieren agitar el avispero catalán en un momento especialmente delicado y beneficioso para sus intereses. En el Gobierno vieron con satisfacción como esta semana se fracturaba un poco más el frente independentista, en la negociación de los Presupuestos, después de que Aragonés optara por los Comuns y relegara a la CUP como socio prioritario. Por nada del mundo quieren ofrecer un contexto que compacte de nuevo la alianza soberanista y son conscientes de que las cuestiones identitarias, como el caso de la lengua, son «pegamento» para el independentismo. El objetivo de Moncloa es seguir tejiendo y fortaleciendo la entente con ERC para explorar un futuro de alianzas en Madrid y Cataluña.

Casado se ofrece para aplicar un 155 educativo

El líder del PP, Pablo Casado tendió la mano al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y le ofreció los votos del grupo popular en el Senado para poder aprobar el artículo 155 de la Constitución en el ámbito educativo con el objetivo de hacer cumplir la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 25% de clases en español en Cataluña.

Antes de asistir a la concentración en Madrid de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado contra la reforma de Ley de Seguridad Ciudadana , conocida como «Ley Mordaza», Casado avisó al jefe del Ejecutivo de que está «obligado» a hacer cumplir ese fallo del Supremo y le advirtió de que si no lo hace «podría estar prevaricando». «Le ofrezco nuestros senadores para que si tiene que aplicar el artículo 155 solo en éste ámbito educativo, lo haga», afirmó el líder del PP. Apuntó que si la Generalitat se declara «en flagrante rebeldía», Pedro Sánchez tiene que hacer «todo lo que está a su alcance para que se cumpla la resolución, incluido aplicar en el Senado» el artículo 155 de la Carta Magna, que hace que esa Cámara pueda «aplicar las competencias que, según el título VIII le son propias».

Sin embargo, Casado se mostró convencido de que el presidente del Gobierno «preferirá gobernar con ERC y con la CUP», como ha ocurrido con el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022.

Al ser preguntado por las declaraciones de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a favor de que las familias que quieran escolarizar a sus hijos en castellano puedan ir a centros privados, Casado lo tildó de absolutamente inconstitucional».