«Sánchez dejará en herencia un agujero de deuda con los bancos»

El Congreso iniciará esta semana la tramitación del nuevo impuesto que gravará los beneficios extraordinarios de energéticas y bancos. A toda prisa, porque para la coalición es clave en este otoño preelectoral cumplir un compromiso que saben que tiene asegurado el apoyo mayoritario de la opinión pública. Pero esta urgencia, de tanto o más interés político como recaudatorio, asienta la incertidumbre sobre la seguridad jurídica de esta reforma, sobre todo en lo que tiene que ver con los bancos. La Comisión Europea presentará esta semana su propuesta para gravar los beneficios de las empresas energéticas, pero no tiene previsto ninguna actuación legislativa para las entidades financieras.

Los expertos y los servicios jurídicos de la banca coinciden en sus informes en que esta reforma terminará convirtiéndose en una deuda para el próximo Gobierno. Los bancos no pueden recurrir al Tribunal Constitucional directamente, la legitimación la tienen los partidos, y ninguno de ellos se moverá en esa dirección aunque recelen de la oportunidad y la seguridad jurídica de esta iniciativa legislativa. Pesa más la impopularidad de oponerse a la medida que el análisis técnico que se hace del impuesto.

Sin embargo, en la hoja de ruta de los bancos está ya anotada la idea de recurrir ante la Agencia Tributaria nada más formalizar el primer pago que les corresponda. Primero pagarán, y después recurrirán. Una decisión que abre la puerta a que el impuesto sí termine en el Constitucional. «El dinero que se abone es muy posible que tenga que ser devuelto. Pero estamos hablando ya de otra legislatura. Sánchez dejará en herencia al Gobierno que salga de las urnas un agujero de deuda con los bancos», aseguran desde el sector.

Desde la Dirección General de Tributos, donde están trabajando a marchas forzadas, aunque el Gobierno haya optado por la triquiñuela de presentarlo como un proposición de ley de los grupos en lugar de como un proyecto de ley propio, reconocen la dificultad de definir el hecho imponible para hacer frente a la litigiosidad de las empresas afectadas. Éstas argumentan que se trata de una doble imposición a los beneficios, vía impuesto de sociedades o vía nuevo impuesto o recargo.

Dentro de los problemas a los que se enfrenta el Gobierno en su urgencia por abanderar este golpe a bancos y energéticas está también la definición de qué beneficios se van a gravar y cuáles no, porque no se ajusta a derecho que una empresa multinacional, con una parte importante de sus beneficios logrados en el exterior, tribute por el conjunto y no únicamente por los obtenidos a nivel interno. Y esto puede afectar a las decisiones estratégicas de estas compañías.

Otro de los aspectos más polémicos es el de la retroactividad, ya que el objetivo del Gobierno es gravar los beneficios extraordinarios del 22 y el 23. El TC ya se pronunció contra la retroactividad impropia de los tributos. Las razones por las que este nuevo impuesto podría vulnerar la Carta Magna se recogen en uno de los últimos informes jurídicos que el sector ha preparado para la dura negociación con el Gobierno. Argumentan que lo que el Gobierno presenta como una prestación patrimonial de carácter público no tributario es un auténtico impuesto, que quiebra la seguridad jurídica, que el sujeto pasivo del gravamen es confuso e introduce desigualdades, que generará inevitablemente una doble imposición y que la prohibición de repercutir el impuesto es incompatible con las directrices de la Autoridad Bancaria Europea.

En cualquier caso, en clave política el Gobierno tiene garantizados sus objetivos porque los previsibles recursos no se resolverán antes de las próximas elecciones generales. El Pleno del Congreso examinará este martes la proposición de ley sobre los nuevos impuestos que fueron anunciados por el presidente del Gobierno durante su intervención en el debate del Estado de la Nación, después de que su partido cosechara otro batacazo electoral en las autonómicas andaluzas. El primer examen en el Congreso será superado sin problema porque la iniciativa cuenta con los votos a favor de la mayoría de investidura. El PP mantiene la incógnita sobre el sentido de su voto con la excusa de que esta decisión la adoptará hoy en el Comité de Dirección. En una entrevista con este periódico, el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, ya adelantó sus recelos respecto a esta estrategia impositiva porque en su partido estiman que perjudica la seguridad jurídica y la competitividad de las empresas.

El objetivo es que ambas figuras, que en principio se espera que estén en vigor en 2023 y 2024, queden aprobadas para comenzar a ser efectivas el 1 de enero de 2023, y están abiertas a las enmiendas que durante su tramitación presenten los grupos parlamentarios. En mayo se celebrarán las elecciones autonómicas y municipales, a las que PSOE y Podemos concurren bajo la presión de la crisis económica y del desgaste que coinciden en avalar todos los sondeos publicados.