No es bloqueo: es defensa

Se cumplía ayer el plazo marcado por ley para renovar el Tribunal Constitucional sin que el Consejo General del Poder Judicial nombrase a los dos magistrados que le corresponde. La respuesta del Gobierno ante esta irregularidad ha sido la de «dar unos días» y confiar en que el nombramiento llegue. Insistía la ministra de Justicia, Pilar Llop, en «recordar» que la renovación del CGPJ sigue bloqueada «exclusivamente por culpa» del PP. A Llop, que a veces va en bus y a veces va en metro, no se sonrojen, y escucha a la gente preocupada hablando de este tema, se le olvida explicar dónde está realmente el desencuentro para que el CGPJ se encuentre en funciones desde hace exactamente 3 años, 9 meses y 10 días, en lo que supone una anomalía constitucional sin precedentes. No se trata, aunque quede muy bien decirlo como consigna, de un capricho del PP ni de un intento de mantener bajo su control al Poder Judicial. Es más bien todo lo contrario: la Comisión Europea lleva ya demasiado tiempo exigiendo a España que despolitice la Justicia, que se llegue a un acuerdo para reformar el CGPJ y que al menos la mitad de sus 20 vocales sean elegidos por los jueces. Es necesaria una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que se adapte a los estándares europeos de elección de los vocales y que se someta a las exigencias del Tratado de la Unión Europea en lo referente a la independencia judicial. Y lo que pide el PP es, precisamente, que esas reformas se acometan antes de la renovación del CGPJ y no después, para garantizar esa independencia judicial real. Desde el Gobierno de coalición saben bien que eso no les beneficia, más bien al contrario, pues la propia Comisión Europea se ha pronunciado de manera expresa contra la propuesta planteada por PSOE y Podemos para cambiar el sistema de mayorías para elegir vocales, exactamente igual que lo han hecho también el Consejo de Europa y la Comisión de Venecia, llegándose a plantear en el seno de la UE que el reparto de los fondos europeos se vea condicionado a una real y efectiva independencia de la Justicia y una despolitización de su órgano de gobierno. El TEDH, en sentencia de 20 de abril de 2021, especificaba que los Estados miembros de la UE no deben modificar, de ninguna de las maneras, la normativa que afecta a la administración de justicia para reducir la independencia judicial. Por eso desde el Gobierno lo que quieren es lo contrario, que primero se renueve el CGPJ con la actual Ley Orgánica del Poder Judicial y que las reformas exigidas por la Unión Europea (y que esta viene reclamando a nuestro país) sean acometidas después. Pero claro, explicar esto a la ministra se le hace bola, porque supone admitir que todo aquello de lo que acusan a la oposición es justo lo que persiguen ellos. ¿Pero qué se puede esperar de un Gobierno que ya ha dado muestras constantes de desprecio al Estado de Derecho? ¿Qué compromiso con la independencia judicial, con un mínimo de respeto por esta? Si estamos hablando de quienes cerraron el Parlamento durante el Estado de Alarma, de los que tomaron medidas de suspensión de derechos que han sido declaradas como inconstitucionales. Los que retiraron la acusación de la abogacía del Estado por rebelión y sedición a los golpistas, los que han regalado indultos en contra del criterio sostenido por el propio Tribunal Supremo. ¡Si nombraron fiscal general del Estado a su exministra de Justicia, pareja de un magistrado condenado por prevaricación, y fue sustituida más tarde por su número dos y hombre de confianza!

No, el PP no está bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial: está defendiendo la independencia judicial y, con ello, nuestra democracia.