Anticorrupción remite al juez la investigación en la que aparecía Monedero a la espera de la Sala

El lío entre fiscalías y jueces en torno a la investigación que afecta al fundador de Podemos Juan Carlos Monedero no es fácil de desenmarañar ni para los propios juristas. A los actores que ya formaban parte de la ecuación se suma ahora la Fiscalía Anticorrupción que, como avanzó LA RAZÓN, debía remitir a la Audiencia Nacional una investigación en la que llevaban trabajando cerca de dos años relacionada con venezolanos y empresas que presuntamente servían para blanquear dinero. Y debía hacerlo porque los hechos tenían relación con la causa abierta por el juez Manuel García Castellón que afecta a Monedero y a otra empresa que señalan como “tapadera” (VIU Europa). Los fiscales Anticorrupción ya se estaban haciendo cargo del tema, según confirman diferentes fuentes, pero la Fiscalía de la Audiencia Nacional se adhirió a un recurso del afectado para cerrar las pesquisas, así que lo que diga ahora la Sala de lo Penal es determinante para todo el camino anterior que llevaban los investigadores.

De “irracional e ilógica” tacha el Ministerio Público la nueva causa iniciada por el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Según el escrito de la Fiscalía del pasado 26 de septiembre -al que ha accedido este periódico- el hecho de que García Castellón desgaje el procedimiento en el que se indagaba la financiación de Podemos para quedarse con unas diligencias dirigidas a Monedero contradice totalmente lo que la Sala de lo Penal acordó cuando decretó el cierre. “Se acuerda de manera clara y taxativa no haber lugar a las abundantes diligencias de investigación acordadas por el juzgado, decretándose el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones por no resultar debidamente justificada la perpetración de los delitos investigados”, señala la fiscal Ángela Gómez-Rodulfo que firma el escrito.

De lo que señalaron los magistrados en junio, dice la Fiscalía, “la única derivada que puede extraerse es la inexistencia de material incriminatorio en los autos, pues así lo estima la sala después de un análisis exhaustivo de todo lo realizado. Y si no existe material que pueda ser usado para una investigación, tampoco puede usarse el mismo o su presunto contenido para efectuar una deducción de testimonio con carácter de imputación”. Con estos argumentos la fiscal de la Audiencia Nacional apoya el recurso de cierre que Juan Carlos Monedero presentó a principios de mes. “En definitiva, si de lo recopilado hasta el momento la Sala de lo Penal estimó que no existía nada contra el ahora recurrente [Monedero], ordenando el archivo, no puede admitirse, por irracional e ilógica, la deducción de testimonio decretada, pues ello va contra toda lógica jurídica, y en definitiva, contra lo decidido por la superioridad del juzgado”.

Una actuación que, según fuentes jurídicas, no estuvo coordinada con la Fiscalía Anticorrupción la cual antes de conocer este paso había remitido al Juzgado todo lo relativo al politólogo y a las empresas sospechosas de lavar dinero. Dos fiscales llevan meses trabajando con la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) analizando cuentas que afectan a personas físicas y jurídicas con arraigo en Venezuela y España. Según fuentes del propio Ministerio Público el material no era todavía suficiente para interponer una querella, pero al chocar con la causa que ya estaba judicializada debían poner todo el trabajo al servicio del juez. Así lo indica la Ley [artículo 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal].

Ahora el asunto está en un limbo que, según a quién se consulte, puede tener efectos distintos. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional debe pronunciarse sobre el recurso de Monedero con dos posibles consecuencias: si considera que el juez hizo bien es desligar el asunto para indagar solamente en el blanqueo de capitales, el tema seguirá su curso y lo llevará la Fiscalía Anticorrupción. Pero si decide que el origen envenenado por el que ya decretó el archivo afecta también a estas pesquisas y ordena el cierre el escenario sería otro. Algunas fuentes consultadas creen que están en peligro todos los trabajos que ya había hecho la Fiscalía contra la corrupción, si bien otras aseguran que el asunto puede volver a llevarse allí sin que sufra ningún perjuicio.

Mientras tanto, el caso se ha decretado secreto. Las diligencias de investigación las llevará el juez de refuerzo Joaquín Gadea que es quien ha recibido la deducción de testimonio que el titular García Castellón realizó. Allí se aloja el auto en el que se describe un sistema “triangular” por el que el Banco del Alba (fundado en Caracas) abonó 425.000 euros a la Caja de Resistencia propiedad del politólogo. Y de ahí el dinero pasó a VIU Europa, propiedad de Ernesto Heleodoro, que la UDEF califica de sociedad pantalla.