El pulso por la renovación del CGPJ sigue en los «requisitos» que dejan fuera a Podemos y ERC

La negociación entre Moncloa y el principal partido de la oposición se sostiene en la propuesta de acuerdo que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, llevó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la primera reunión que mantuvieron en Moncloa a principios de julio. «El papel de julio se mantiene», y la clave está en si las dos partes son capaces ahora de llegar a un acuerdo sobre «cómo se escribe con detalle». En este marco sitúa el PP la negociación, y Moncloa no lo niega, a pesar de que en julio este «papel» fue ignorado y no sirvió ni siquiera para hacer un intento de aproximación.

Para que ahora haya un punto de encuentro Gobierno y PP tienen que pactar la manera de disimular la rectificación de las líneas rojas que ellos mismos se han impuesto durante estos años. Y la parte más difícil es la que afecta a la reforma de la ley del Poder Judicial para modificar el sistema de elección de los jueces. Ya en julio, el PP se mostró dispuesto a esquinar esta reforma legal, sin renunciar a ella, a cambio de que la elección se sometiese a unos criterios de idoneidad que trasladasen a la opinión pública el mensaje de que había una apuesta por avanzar en la independencia judicial.

Ahora, la única manera de trampear la reforma legal que plantea Bruselas es la misma, adecentar los nombramientos sometiéndolos a estos criterios de idoneidad, pero Moncloa y PP tienen que encontrar el punto intermedio que permita a Pedro Sánchez sortear la presión de sus socios y, a Feijóo, poder presentarse bajo el marchamo de que ha sido el garante de un primer avance hacia la despolitización de la Justicia española, «reforzando la independencia del Poder Judicial , y con el fin último de que los jueces participen en la elección de los jueces».

La presión de Podemos sobre el PSOE para boicotear el acuerdo ya ha empezado. Los «morados» y ERC exigen su parte en el reparto de «cromos», y nombres que visualicen que ellos también han recibido su cuota en lo que, de fondo, está realmente en juego: la mayoría que decide los principales nombramientos judiciales (CGPJ) y la mayoría que valida o no la constitucionalidad de la actividad legislativa del Gobierno y del Parlamento (Tribunal Constitucional).

La dirección de Pablo Casado ya utilizó a Podemos como argumento para justificar su negativa a cerrar un acuerdo que desbloquease la renovación del órgano de gobierno de los jueces.

Hoy, la Legislatura está en sus últimos estertores, ya que a partir de enero la campaña de las autonómicas y municipales enlazará con la de las generales. Pero por medio está la última prueba para la coalición, los Presupuestos del próximo ejercicio.

En Moncloa presumen de que los «morados» no tienen ya margen para «salirse del carril», ni siquiera por el pacto con Podemos «porque su debilidad política, y la sombra de Yolanda Díaz, les obliga a participar, quieran o no, de estos Presupuestos y a mantener la coalición».

La vicepresidenta y ministra de Trabajo es la primera avalista de la coalición, si bien la cuota ministerial de Podemos tampoco quiere abandonar el cargo antes de tiempo.

Moncloa lo sabe y esto les hace sentirse «más fuertes» a la hora de llegar a un pacto con el PP que no sea del agrado de sus socios. A Podemos lo tienen «atado» en la coalición, y a ERC, por otra parte, por las necesidades de Pere Aragonès en la Generalitat, tras la salida de Junts del Gobierno autonómico.

Ayer, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un coloquio organizado por «El Mundo», insistió en que esto no va de nombres, sino de requisitos, y también de que Gobierno y PP se pongan de acuerdo en comprometer una reforma legislativa en la que los jueces y magistrados tengan peso en la elección de los jueces en el futuro.

Esa reforma no tiene que aprobarse de manera inmediata, pero el PP sabe que se le medirá por el grado de compromiso que obtenga del presidente del Gobierno, de cuya palabra los populares siempre han sostenido, con Pablo Casado y ahora, que no se fían.

Y al Gobierno se le medirá por hasta dónde llega la rectificación que aplica a su «no» a cambiar el sistema de elección de los jueces.

La vía de presentar una iniciativa parlamentaria no tiene el grado de compromiso suficiente como para que el PP pueda convencer con el discurso de que ha llevado al Gobierno a su terreno y no ha renunciado, para vestirse de partido de Estado, a una demanda que es la que plantea Bruselas y que el PP ha convertido en bandera suya. Feijóo optó ayer por alentar las expectativas del pacto, insistiendo en que el lunes, en Moncloa, el presidente del Gobierno y él avanzaron hacia un nuevo marco para dotar de independencia este proceso. La prioridad es cuadrar los requisitos que deben cumplir los candidatos, y luego ya pasarán a poner nombres. En cuanto a su disposición a ceder, Feijóo ha señalado que los populares aceptan que la reforma legislativa se posponga para los próximos meses y que no se haga como requisito previo.