Sin consenso para la Ley de Memoria Democrática: «Es enterrar el espíritu de la Transición»

Con la división de los grupos parlamentarios y sin aceptar los cambios introducidos vía enmiendas por parte de los partidos. La nueva Ley de Memoria Democrática salió delante la pasada semana en el Senado. Los motivos que más han dividido no solo a los grupos sino también a buena parte de históricos políticos de todo signo es el hecho de que la nueva ley creará una comisión que estudie vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983, gracias a una enmienda de Bildu que el PSOE aceptó, que abarca desde la aprobación de la Constitución hasta los inicios del gobierno de Felipe González.

La norma, que entrará en vigor en los próximos días con su publicación en el Boletín Oficial del Estado, ha obligado a exministros y parlamentarios históricos de todo signo a movilizarse en varias ocasiones, a través de manifiestos y declaraciones a la prensa, para denunciar que supone «un paso atrás en la convivencia entre los españoles». En conversación con LA RAZÓN, algunos de estos políticos expresan su malestar con el Gobierno. Y recurriendo a la mirada experta jurídica nos encontramos con dudas jurídicas. La catedrática Teresa Freixes pide la retirada de la ley por «inconsistencias jurídicas importantes» como declarar ilegal el franquismo porque no se puede «jurídicamente declarar ilegal un periodo histórico». «Las normas pueden derogar normas, pero no declarar ilegales períodos históricos, cuyo contenido jurídico ya ha sido derogado en todo aquello que se opone a la Constitución», incide. Rechaza que se revisen juicios a través de una comisión política. «En un sistema democrático, las sentencias se revisan mediante el sistema de recursos, acudiendo a los órganos judiciales superiores, no mediante comisiones», censura.

Desde la plataforma, La España que Reúne, el exdirigente del PSE-EE José María Múgica lamenta que esta norma pretenda «revisar la Transición». Critica, además, que en toda la norma no se mencione «ni una vez» el terrorismo, lo cual le lleva a pensar a «no saber de qué memoria estamos hablando». En su opinión, es una ley «enloquecida hecha con los relatarios del terrorismo, que es Bildu» y que «no contribuye a la convivencia que apela el PSOE». Espera que ésta sea retirada, una vez se forme un nuevo gobierno. El presidente del PP, Alberto Nuñez Feijóo, ya ha prometido, de hecho, derogarla si llega a Moncloa. «Espero que se pueda hacer una ley de memoria, pero con el consentimiento de las fuerzas centrales del país», agrega.

Es una reflexión que se comparte de manera amplia entre otros sectores y asociaciones, como desde la fundación Transición Española, donde hasta 24 exministros, académicos y diplomáticos suscribieron la carta enviada por el ex ministro Rafael Arias Salgado al presidente Pedro Sánchez para retirar la ley. Así, el ex ministro del Interior Jaime Mayor Oreja advierte de que la «Transición democrática se fractura con esta ley». Recuerda que la Transición fue «una cultura de reconciliación» y una «voluntad de mirada hacia el frente y no hacia atrás». A su juicio, es un intento de «enterrar el espíritu de la Transición».

Recuerda que en este periodo participaron personas de uno u otro signo político porque «creíamos que era una tarea en la buena dirección. Que no nos separase las guerras y fundamentalmente apostamos por un esfuerzo de conciliación y fruto de ella nació la Constitución, democrática, la primera, la Constitución de todos». Es por eso que no entiende ahora que haya que «revolver el pasado». Critica, además, que la ley se pactará con Bildu. «Lo dice todo. Ellos no aceptaron la Transición».

Más voces críticas advierten del fin «ideológico» de la Ley, como la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica. Su portavoz Guillermo Rocafort explica que el objetivo de esta plataforma de nueva creación es el de «poner fin a la bandera del odio y revanchismo que tiene un fin ideológico, político y electoralista». Durante la fase de consulta del anteproyecto presentaron alegaciones que, dice, no fueron escuchadas ni contestadas. Recalca que la norma cuenta con informes negativos, procedentes del Consejo Fiscal, Consejo General del Poder Judicial, del Ministerio del Interior, otro de Presidencia, de Hacienda, de Justicia y de Universidades, tal y como publicó este diario. Cree que el Gobierno hace una «bandera de la historia ante el fracaso de otras políticas sociales» y que con la ley se reabre «heridas que ya estaban cerradas». A su juicio la ley es un «intento de hacer un ajuste de cuentas con el pasado», dice. Si bien cree que la izquierda busca «bloquear la historia con un relato absolutamente falso», tampoco confía en el bloque de la derecha porque «no sabe dar la batalla cultural».

En cuanto a la división sobre la norma, a la jurista Teresa Freixes le llama la atención el nombre de la ley, porque implica que «sus autores pretenden ser los únicos que interpreten la historia democráticamente. ¿Existe una memoria democrática? Si decimos que sí estamos afirmando al mismo tiempo que otras interpretaciones de la memoria no son democráticas», se pregunta.