Memoria Histórica

El Senado aprueba de forma definitiva la nueva Ley de Memoria Democrática

La Cámara rechaza los vetos de PP, Vox, Cs y UPN y no introduce ningún cambio al texto pactado con Bildu, Más País, PDeCAT y PNV

El Senado aprobó esta tarde la Ley de Memoria Democráticasin incorporar cambios al texto validado este verano en el Congreso de los Diputados. La norma entrará en vigor con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El proyecto de ley, que nace sin un consenso social ni político amplio, fue aprobado el pasado 14 de julio en el pleno del Congreso, después de que el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos lograra reunir los apoyos suficientes tras llegar a acuerdos con grupos como EH Bildu, el rechazo de los partidos de derecha y la abstención de ERC.

La norma fue aprobada en Consejo de Ministros hace casi un año y tomada en consideración por el Congreso en octubre de 2021, pero dos meses después se metió en ‘la nevera’ al no ver el Gobierno suficientes apoyos para sacarla adelante, ya que a la oposición del PP, Vox y Ciudadanos se sumó el rechazo inicial de Esquerra.

Fue el pasado mes de junio cuando el proyecto se sacó del cajón para reactivar la tramitación, una vez que PSOE y Unidas Podemos habían acercado posturas con otras formaciones minoritarias. Así, la Ley de Memoria Democrática superó la fase de ponencia tras introducirse varias enmiendas pactadas con Bildu, PNV, el PDeCAT, Más País y Coalición Canaria.

Ya en el Senado, los grupos parlamentarios presentaron hoy 521 enmiendas parciales, aunque el PNV retiró su única enmienda, y otras dos de distintos grupos que coincidían en pedir la supresión del título de Rey de España fueron inadmitidas a trámite.

El debate, que comenzó a las 9:00 de la mañana, se prolongó durante más de ocho horas, ya que al proyecto se presentaron además cuatro vetos y once votos particulares para defender centenares de enmiendas parciales.

Los cuatro vetos o enmiendas a la totalidad correspondían al PP, Vox, Ciudadanos y UPN, aunque no salieron adelante al no reunir los apoyos suficientes.

Es una ley que se queda corta en el justo necesario e indispensable proceso de garantizar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas de la dictadura franquista”, ha dicho en el debate en el pleno el senador de ERC Josep Maria Reniu, cuyo partido se ha abstenido.

EH Bildu ha votado a favor, ya que considera que la ley es “un paso en la dirección correcta”, según ha explicado su senador Gorka Elejabarrieta, aunque no está de acuerdo con “algunos de sus contenidos”.

“Aquella mal llamada Transición ni fue modélica, ni acabó con la herencia franquista, ni terminó con la vulneración de derechos humanos y políticos, de aquellos barros estos lodos”, ha declarado.

Por su parte, Unidas Podemos, que integra junto al PSOE el Gobierno de coalición que ha impulsado esta ley, no cuenta con representación propia en el Senado, por lo que no ha podido participar en el debate del pleno, que han seguido desde la tribuna de invitados representantes de asociaciones memorialistas.

También han acudido al Senado en representación del Gobierno el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, mientras que a las puertas de la Cámara Alta una decena de activistas memorialistas han denunciado que la ley no pone fin a la “impunidad del franquismo”.

Uno de los asuntos más polémicos de la nueva ley es la posibilidad de crear una comisión que estudie vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983, un margen temporal que el Gobierno extendió un año tras pactar una enmienda con EH Bildu y que abarca desde la aprobación de la Constitución hasta los inicios del Gobierno de Felipe González.

Históricos del PSOE como el expresidente del Senado Juan José Laborda firmaron un manifiesto contra esta ley al considerar que “tergiversa” el “gran pacto constitucional” de 1978, y el propio expresidente socialista Felipe González dijo que no le sonaba bien el texto.

Los grupos de derechas han coincidido nuevamente en sus críticas, al denunciar en el pleno del Senado que la Ley de Memoria Democrática “rompe el consenso de la Transición” e impone una visión “sectaria” de la historia.

“¿No les avergüenza, señores socialistas, poner en duda al expresidente socialista Felipe González por expresa petición de Bildu?”, ha preguntado en el debate la senadora del PP Salomé Pradas.

Los senadores de PP, Vox, Ciudadanos y UPN también han afeado el pacto del Gobierno con EH Bildu para sacar adelante la ley, así como la “desigualdad” que aseguran que esta nueva norma fomenta entre las víctimas del franquismo y las víctimas de ETA.

El PSOE ha negado todas estas acusaciones y ha asegurado que no ha hecho “ninguna concesión” a Bildu.

“Dejen de revolcarse en la mentira, lean la ley”, ha llegado a decir la portavoz socialista en el Senado, Eva Granados, que lamenta que el PP haya dejado pasar una “oportunidad para superar su complejo” con los temas relacionados con la memoria y el franquismo.

Petición de BIC para el Valle de los Caídos

Alrededor de un centenar de manifestantes caminaron la mañana de este miércoles, cargando cruces blancas, desde la sede de Partido Popular hasta la Puerta del Sol, para exigir que el conjunto monumental del Valle de los Caídos, formado por la basílica, una abadía y la cruz de 150 metros de altura, situado en de San Lorenzo de El Escorial, sea declarado Bien de Interés Cultural (BIC).
Los manifestantes terminaron su marcha ante la Real Casa de Correos para hacer la entrega a la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, de casi 100.000 firmas que piden su apoyo una vez que este 5 de octubre es el último día hábil para responder a la solicitud de declaración de BIC al conjunto del Valle de los Caídos.
Con esta iniciativa, los manifestantes aseguran que quieren impedir que la cruz sea demolida y que los monjes benedictinos de la abadía sean expulsados, propuesta que, según ellos, el PSOE quiere llevar a cabo en un lugar donde están enterrados 33. 833 combatientes de la Guerra Civil.
En julio pasado, el Ministerio de Cultura consideró no declarar bien de interés cultural al Valle de los Caídos debido a que, “más allá de su carácter simbólico y político”, sus aportaciones arquitectónicas exteriores “no poseen suficiente relevancia en el contexto de la producción de la época”.