El Gobierno agita la reforma fiscal en su guerra contra el PP

El Gobierno ha pasado en menos de un año de rehuir totalmente el debate sobre la subida impositiva ante el temor a las encuestas a adoptar medidas fiscales sonoras, aunque transitorias, como los impuestos a la banca, energética y a los ricos. Ahora ya incluso tantea una reforma fiscal en profundidad. “Este país merece un debate profundo en fiscalidad”, ha afirmado este miércoles la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante su intervención para presentar los Presupuestos Generales del Estado de 2023 en el debate de las enmiendas a la totalidad. El mensaje ha tenido claramente dos destinatarios: uno, el PP, en el marco de la batalla que están librando; y, el otro, los dos socios imprescindibles para sacar adelante las cuentas, que son Esquerra y Bildu y reclaman que se materialice una reforma fiscal.

Lo cierto es que las palabras de Montero contrastan con las de hace pocos meses, antes del verano, cuando siempre enfriaba toda posibilidad de afrontar la reforma fiscal después de que en marzo se publicara el libro blanco sobre la reforma tributaria. El Gobierno parecía dejar ese tema en el cajón, pero ahora lo ha resucitado para plantar cara a las medidas fiscales del PP, que ha llevado la delantera en los últimos meses, algo que ha quedado claramente reflejado en cómo algunos «barones» del PSOE han asumido medidas abanderadas por los populares, como las rebajas del IRPF. Sin embargo, el Gobierno ha encontrado ahora una oportunidad en el fracaso fiscal del Reino Unido para dar la batalla frente a los populares y sacudirse los temores a la impopularidad de una posible subida impositiva.

Montero, que ha defendido que la previsión de ingresos públicos prevista en los presupuestos es “muy prudente” porque así lo han “constatado” distintos organismos (como la AIREF o el Banco de España), ha reivindicado que su proyección es que tanto la liquidación de los ingresos de 2022 como el crecimiento estimado para 2023 permitirán “margen de actuación en caso de que la situación internacional lo aconseje”. En este punto, ha recordado que en noviembre se decidirá si se prolongan las medidas puntuales tomadas hasta ahora para combatir la crisis inflacionista: Montero ha dicho que solo continuarán las más eficaces y que ayuden a los colectivos más vulnerables, por lo que todo apunta a que a partir del 31 de diciembre podría decaer la bonificación a la gasolina.

No obstante, esas previsiones de ingresos basadas en las modificaciones tributarias activadas en las últimas semanas, tampoco son suficientes y por ello ha reclamado abordar una reforma fiscal “sin demagogia” y sin una visión “cortoplacista”. Montero ya ha dado evidentes pistas de por dónde puede ir la posición del Gobierno: a gravar todavía más a los que más tienen. “Este Gobierno cree y defiende que la riqueza la crea el conjunto de los ciudadanos, no una élite económica como piensan algunos”, ha resumido, antes de hablar de un informe de la OCDE que dice que “bajar impuestos al 1% más rico no impulsar el PIB”.

De esta manera, ha lanzado un mensaje claro al PP en el marco de la pugna fiscal que mantienen, a pesar de que también ha tratado de tender la mano a todos los grupos parlamentarios para mejorar las cuentas. No obstante, esa mano tendida ha ido más dirigida a sus socios habituales que a los populares, a los que también ha recriminado que pongan en duda la “legitimidad” de los acuerdos del Gobierno con los independentistas.

Cuca Gamarra, en su turno de réplica, ha desmentido que la reforma “fiscal” exprés acometida por el Gobierno con los PGE beneficie a la mitad de los trabajadores porque a los que tienen ingresos inferiores a 14.000 euros “no les afecta en nada” (ya que no pagaban IRPF y ahora ese límite se ha subido solo a los 15.000 euros) y el ajuste de las retenciones a los que ingresan entre 21.000 y 35.000 euros es un “aplazamiento porque lo tendrán que pagar en la declaración de 2024″. En este sentido, ha pedido deflactar el IRPF a las clases medias, situadas entre los 21.000 y los 60.000 euros, que representan al 35% de los declarantes y aportan el 59% de la recaudación. En este punto, ha atribuido el 50% del aumento de la recaudación a la inflación y, por ello, ha pedido devolver al bolsillo de los ciudadanos el extra porque, ha advertido, a “corto plazo” se llenan las arcas públicas, pero a “largo plazo” puede ser contraproducente.

Montero también ha querido exhibir optimismo al reivindicar que España va a ser el único país de nuestro entorno que va a crecer el próximo año a pesar de reconocer que vienen “meses difíciles”. También ha estimado que 2023 concluirá con más de 21 millones de afiliados a la Seguridad Social y el paro bajará del 12%.